La Suprema Corte y el plagio

El libro tenía un pequeño inconveniente: reprodujo, verbatim, dos capítulos de mi libro El manto liberal (UNAM, 2001). En apariencia el plagio, una vez descubierto en 2017 y denunciado ante la universidad y la SCJN, tendría serias consecuencias. No fue así. 

No es la primera vez que la suprema Corte de Justicia se ve envuelta en un escándalo de plagio. En el 2013 la SCJN publicó, en una lujosa edición, el libro Cortes de Cádiz: ¿génesis y topos del liberalismo mexicano?: un abordaje analítico del discurso político a partir de dos actores fundamentales: José Miguel Guridi y Alcocer y Miguel Ramos Arizpe de Juan Ignacio Hernández Mora. Esa había sido la tesis doctoral del autor, (quien fuera el desafortunado director de los penales federales cuando se escapó el Chapo por segunda ocasión)  en la Universidad Autónoma de Madrid. La presentación del volumen estuvo a cargo del ministro en retiro Mariano Azuela. El libro tenía un pequeño inconveniente: reprodujo, verbatim, dos capítulo de mi libro El manto liberal (UNAM, 2001). En apariencia el plagio, una vez descubierto en 2017 y denunciado ante la universidad y la SCJN, tendría serias consecuencias. No fue así.  Al día de hoy la UAM no le ha retirado el grado al plagiario, enredado el procedimiento en una maraña de burocracia y posible corrupción. En España también se cuecen habas.

Si bien la SCJN denunció a su autor ante el ministerio público y ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) se le ocurrió –por aquello de que quién sabe dónde quedó la bolita– también denunciarme. Ello me obligó a defenderme  por años ante del IMPI. Mi libro fue publicado doce años antes que el del plagiario, pero aún así  existió la posibilidad de que, en algún multiverso, viajara al futuro para robarle su trabajo al autor de Cortes de Cádiz. No se ha acabado la historia. Hasta hace unos meses la SCJN solo había cosechado descalabros legales, lo que habla muy mal de ese alto y supremo tribunal. Después de más de cinco años el IMPI falló que nadie había plagiado a nadie y que todos éramos inocentes, incluido el plagiario. Entiendo que desde marzo la SCJN apela ese fallo que, a decir verdad, la deja muy mal parada. Mientras tanto, el plagiario ha quedado, para fines prácticos, impune. Pronto, a la luz de la brutal normalización del plagio que ha supuesto el actual gobierno, ya ni siquiera conllevará un estigma de oprobio.

Si bien la SCJN denunció a su autor ante el ministerio público y ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) se le ocurrió –por aquello de que quién sabe dónde quedó la bolita– también denunciarme. Ello me obligó a defenderme  por años ante del IMPI. Mi libro fue publicado doce años antes que el del plagiario […] Después de más de cinco años el IMPI falló que nadie había plagiado a nadie y que todos éramos inocentes, incluido el plagiario.

Hay más de un paralelismo entre esta historia y la de la ministra Yasmin Esquivel. La evidencia a la vista de todos permite afirmar que la ministra de la SCJN no es la autora de su tesis de licenciatura que es idéntica, con diferencias menores, a la de Edgar Ulises Báez, titulado un año antes En ambos casos parecería que no se trata de casos aislados de deshonestidad intelectual sino de un ecosistema en el cual diversas personas cooperan —se coluden— para defraudar. Hay cuatro tesis  idénticas (y parece haber muchas más) dirigidas por la misma asesora/empresaria Martha Rodríguez de la FES Aragón de la UNAM. El fenómeno de compra-venta de tesis ya había sido denunciado en 2016 a raíz del plagio del presidente Peña Nieto por Guillermo Sheridan. En un artículo lamentaba una triste paradoja: “el tramposo a quien el pueblo sudoroso le paga, por medio del erario, los 200 mil pesos que cuesta su carrera profesional en una universidad pública, recurre a la iniciativa privada para comprarle una tesis profesional hechiza. ¿Llegaría el momento en que la educación libre, científica, humanista y popular exija que contratar tesis con fantasmas también sea gratuito?” Se trata de una lucrativa industria del engaño y el fraude. Empresas –o académicos-empresarios, se dedican a manufacturar tesis, trabajos etc. Ahora el fraude ha explotado en el seno del tribunal más alto del país. El problema no es de la ministra: es del país.

La evidencia a la vista de todos permite afirmar que la ministra de la SCJN no es la autora de su tesis de licenciatura que es idéntica, con diferencias menores, a la de Edgar Ulises Báez, titulado un año antes En ambos casos parecería que no se trata de casos aislados de deshonestidad intelectual sino de un ecosistema en el cual diversas personas cooperan –se coluden— para defraudar.

Lo que no habíamos visto es que el plagio se constituyera en la seña de identidad de todo un gobierno. Impenitentes plagiarios han sido designados  —y permanecen a pesar de los escándalos— en la fiscalía general de la república, en las direcciones de al menos dos centros públicos de investigación y como ministros de la Suprema Corte. Eso sin contar a sus propagandistas, como Fabrizio Mejía, que siguen tan orondos como si nada. Lo notable no son las faltas mismas, ni siquiera el cinismo de los plagiarios, sino la respuesta social a sus descaradas acciones. En países cuya moral pública no se encuentra quebrada esos escándalos habrían bastado para que los responsables perdieran sus puestos ipso facto. No aquí. Y ese es el reto enorme que enfrenta la sociedad mexicana: la normalización del fraude y la deshonestidad. Jamás habíamos observado un esfuerzo coordinado tan vigoroso por normalizar el fraude. Ya no es necesario disfrazar los actos de deshonestidad ni cuidar las formas elementales. Ni siquiera tienen que hacerse cargo de ellos. El desacato a las normas prevalecientes es un reto abierto a la idea de que existen parámetros morales que deben respetarse o sufrir sanción social: penal, moral, etc. Me refiero al mundo normativo. No hay nada más afrentoso que la impunidad descarada. A pesar de documentar el fraude no ocurre absolutamente nada. Evitar la desmoralización es el enorme reto. Preservar el estándar. La propia sociedad debe preservar esos parámetros: la idea de su validez intrínseca a pesar del cinismo y la impunidad reinantes. No ceder a la normalización. El poder puede extender cartas temporales de inmunidad: lo que no debemos permitir es que se normalice la idea de que el plagio es permisible e inocuo. Mantener la idea de honestidad intelectual a contracorriente del poder político es la tarea en todos los órdenes de la sociedad mexicana: la judicatura, la academia, el periodismo y la política. Y de todos los días.

Lo que no habíamos visto es que el plagio se constituyera en la seña de identidad de todo un gobierno. Impenitentes plagiarios han sido designados  —y permanecen a pesar de los escándalos— en la fiscalía general de la república, en las direcciones de al menos dos centros públicos de investigación y como ministros de la Suprema Corte.

Foto: los ministros José Fernando Castro y Yasmín Esquivel Mossa (© Infobae)

José Antonio Aguilar Rivera (Ph.D. Ciencia Política, Universidad de Chicago) es profesor de Ciencia Política en la División de Estudios Políticos del CIDE. Es autor, entre otros libros, de El sonido y la furia. La persuasión multicultural en México y Estados Unidos (Taurus, 2004) y La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970 (FCE, 2010). Publica regularmente sus columnas Panóptico, en Nexos, y Amicus Curiae en Literal Magazine. Twitter: @jaaguila1

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Posted: December 22, 2022 at 8:10 pm