¿ Del autoritarismo competitivo a la dictadura?

El autoritarismo ya no compite

Según Steven Levitsky un autoritarismo competitivo puede cumplir con algunas de las características de las dictaduras pero cuenta con  el suficiente apoyo popular para que se le respalde en elecciones periódicas. El arrasador éxito de Vladimir Putin en Rusia o el de Hugo Chávez en Venezuela hasta su muerte ofrecen una amarga lección que no por conocida es menos dolorosa:hay gente que respalda con su voto gobiernos no democráticos. Los agresivos populismos nacionalistas de diverso signo ideológico han estado en alza. Pero como la revolución bolivariana  arruinó Venezuela,   no dispone de nada que ofrecer; por lo tanto, el autoritarismo bolivariano no compite porque pierde las elecciones como se demostró con la victoria de la oposición en los comicios parlamentarios de diciembre de 2015.  Mientras ganan en las urnas electorales los autoritarismos competitivos apelan a ellas; una vez que las pierden, las niegan.  Como dice el presidente Nicolás Maduro, Venezuela no puede permitirse que “la derecha” gane otras elecciones, por lo cual es necesario impedir su celebración. A partir de este hecho, la coalición de partidos opositores conocida como la Mesa de la Unidad Democrática, academias nacionales, sindicatos, universidades, el gremio de los abogados entre otros,  han anunciado la muerte de la democracia.

La salida electoral

Durante el año en curso la meta de la oposición venezolana ha sido la celebración del referéndum revocatorio, figura existente en la constitución que permite poner fin al período de cualquier funcionario electo por el voto popular a la mitad de su mandato. En este caso se trataría de revocar el gobierno de Nicolás Maduro, bajo cuya conducción Venezuela ha alcanzado la  mayor inflación del mundo,  un índice de criminalidad elevadísimo,  el desabastecimiento generalizado de alimentos y medicinas y el deterioro absoluto de los servicios públicos.  Luego de superar innumerables obstáculos, la Mesa de la Unidad Democrática  consiguió que el Consejo Nacional Electoral pautara la recolección de al menos el 20% de las firmas de los electores inscritos en el padrón electoral para los días 26, 27 y 28 de octubre del presente año, requisito indispensable para la celebración del referéndum revocatorio. Por vía judicial, el gobierno venezolano logró la suspensión de esta evento  y puso fin a la esperanza de una salida electoral  en el 2016.

Guerra entre poderes públicos

El domingo 25 de octubre, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora y cuyas atribuciones han sido desconocidas por los otros poderes públicos,  declaró la ruptura del hilo constitucional, en otras palabras el fin del sistema democrático.  El parlamento venezolano no tiene ningún peso en el destino de la nación en este momento, hasta el punto de que el gobierno de Nicolás Maduro se da el lujo de invalidar las leyes que ha propuesto, usando para tal fin el  Tribunal Supremo de Justicia,  y de desconocer sus competencias en materia de contraloría. Por ejemplo,  la ley de presupuesto nacional del año 2017 fue aprobada por decreto presidencial. Por otra parte, el asedio de grupos afines al gobierno al palacio legislativo se ha traducido en lesiones, robos e insultos a diputados apenas contenidos por la Guardia Nacional, muy dispuesta a reprimir a la oposición pero muy complaciente con los agresores afines a la revolución. No se les pagan los sueldos a los parlamentarios e incluso se les corta el servicio de electricidad en sesiones importantes. La Asamblea Nacional ha decidido responder a los permanentes ataques de los que es objeto ejerciendo,  así sea simbólicamente, las atribuciones que le concede la constitución. Se  decidió entonces abrir un juicio político al presidente de la república; también se le dio luz verde al proceso de postulaciones para varios  cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados prácticamente a dedo en diciembre pasado por el gobierno sin cumplir los requisitos constitucionales. Se propuso lo mismo para los cargos  de rectores del CNE a los cuales se les vence el período. Por estas razones, el gobierno ha amenazado con desconocer la inmunidad parlamentaria de los diputados y encarcelarlos.

La acción internacional

Organismos internacionales como la ONU, la OEA, la UNASUR y la Unión Europea, países de la región y  el Vaticano han manifestado su preocupación por Venezuela. Desde luego, la postura del secretario general de la OEA Luis Almagro, quien logró la activación de la Carta Democrática aunque no se ha aplicado ésta en profundidad, difiere de la de UNASUR, por no hablar del Movimiento de los no Alineados donde sobran  dictaduras y autoritarismos competitivos que aplauden  la revolución bolivariana.Por su parte, la ONU rebajó la calificación de Venezuela en su examen universal de derechos humanos al considerar a Tarek William Saab como un defensor del pueblo no independiente.  Así mismo, MERCOSUR impidió que Venezuela asumiera la presidencia pro tempore.  Aunque  se comparte la preocupación por el destino de mi polarizado y arruinado país,  a todas luces sometido a una dinámica destructora, la intervención de estos organismos no puede sustituir a los actores venezolanos. Ha habido intentos de plantear una agenda de debate y negociación a instancias de UNASUR y el propio gobierno con los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana). Todos los sectores aceptan la necesidad del diálogo; de hecho, el oficialismo hace propaganda entre sus adeptos (menos del 20% del padrón electoral según absolutamente todas las encuestas) y ha logrado colocarlo entre ellos como tema primordial. No obstante, el diálogo no incluiría el tema electoral sino exclusivamente la crisis económica, lo cual es inaceptable para la oposición. El nuncio apostólico de Argentina, monseñor Paul Emil Tscherrig, fue enviado por el Papa a Venezuela como mediador (tal como por cierto lo exigió la oposición) pero el diálogo en realidad no se ha iniciado porque el gobierno simplemente quiere ganar tiempo. Solo un proceso de negociación y un  acuerdo nacional, junto con unas elecciones nacionales,  puede sacar a mi país de su grave situación; lamentablemente  el panorama al respecto no es halagüeño.

Acciones de los partidos políticos opositores

La agenda de la oposición luego de cerrado el camino electoral ha combinado la movilización popular con las decisiones  de la Asamblea Nacional antes mencionadas.  Se convocó una marcha en todos los estados del país, una huelga general de un día, se va a asistir a una reunión con el enviado del Vaticano para plantear la necesidad de una solución electoral y existe la intención de llevar a cabo  una manifestación que llegue al Palacio de MIraflores, sede del ejecutivo, lo cual le ha estado prohibido a la oposición desde el año 2002. La respuesta del gobierno han sido muy clara: el alto mando militar en pleno, con uniforme de campaña y armado,  advirtió por boca del Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López  que no permitiría alteraciones de ningún tipo. El éxito de la agenda de movilización opositora  dependerá no solo del apoyo popular sino de las percepciones que el propio chavismo tenga de las acciones represoras de la cúpula gobernante. Existen divisiones dentro del oficialismo al igual que en el seno de la oposición pero ésta ha escarmentado por el alto precio de sus errores del pasado mientras que el oficialismo cuenta con laureles de otros años,  la ruina como escenario y las fuerzas armadas. Precisamente por estar en posesión de las armas se da el lujo de amenazar a la oposición con la posible ilegalización de los partidos que componen la Mesa de la Unidad Democrática vía una de las tantas triquiñuelas del Consejo Nacional Electoral; así podría ganar eventuales elecciones con el PSUV como único partido.

Conclusión

En una dictadura no existe la separación de los poderes públicos pues todos están sometidos a la lógica del gobernante o partido político en el poder. Tampoco se respetan los derechos humanos por lo cual suelen multiplicarse  las persecuciones, los presos políticos, las amenazas a los medios de comunicación o su efectivo cierre, compra o confiscación. El estado de excepción se convierte en regla; de este modo, las policías políticas toman una inusitada relevancia frente a los fiscales, defensores públicos y jueces. Toda crítica es debidamente desautorizada como parte de una conspiración llevada a cabo por agentes nacionales sometidos a algún poder extranjero que intenta poner en jaque la soberanía nacional. Cuando se trata de regímenes de corte estatista, como los estados comunistas del siglo XX y la revolución bolivariana en el XXI,  el control económico se convierte en chantaje político y el hambre de la gente es permanentemente manipulada. Puede haber algunos espacios de libertad en las redes sociales, en los medios y hasta partidos políticos legales, pero, en definitiva, una dictadura se define porque le niega a la ciudadanía la oportunidad de expresarse en las urnas.

En Venezuela estamos en dictadura.

Gisela Kozak Rovero (Caracas, 1963). Activista política y escritora. Algunos de sus libros son Latidos de Caracas (Novela. Caracas: Alfaguara, 2006);  Venezuela, el país que siempre nace (Investigación. Caracas: Alfa, 2007); Todas las lunas (Novela. Sudaquia, New York, 2013); Literatura asediada: revoluciones políticas, culturales y sociales(Investigación. Caracas: EBUC, 2012); Ni tan chéveres ni tan iguales. El “cheverismo” venezolano y otras formas del disimulo (Ensayo. Caracas: Punto Cero, 2014). Es articulista de opinión del diario venezolano Tal Cual y de la revista digital ProDaVinci. Twitter: @giselakozak

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Posted: October 30, 2016 at 9:32 pm