Golpes de Estado falsos y el 136

Desde el primer día de su gobierno, López Obrador ha intentado la sumisión de todas las autoridades del Estado, como si ser presidente del ejecutivo lo convirtiera en amo y superior jerárquico de los legisladores y jueces.

La Real Academia Española define al golpe de Estado como aquella “actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes”. Hay golpes militares e institucionales, golpes duros y golpes blandos. Los golpes técnicos solo existen en la imaginación del presidente López Obrador.

Intentemos dilucidar su ocurrencia con base en el contexto: López Obrador sostiene que la Corte opera un golpe técnico en su contra, porque pretende anular la capacidad de actuación del poder ejecutivo. Tratando de hacer inteligible lo que no lo es, el presidente se queja de un intento de golpe blando a través del lawfare o guerra jurídica.

Los golpes blandos tienen algunos rasgos esenciales: son consecuencia de la acción conspirativa de otro poder, no suelen ser violentos ni frontales, buscan desestabilizar un gobierno y que, cuando caiga, no sea evidente el autor del golpe. Una de las técnicas que utiliza es el ejercicio abusivo de medios judiciales para obstaculizar, inutilizar o causar el rechazo al gobierno en turno.

En lenguaje sencillo, López Obrador cree que los opositores abusan de los amparos y juicios para cancelar al ejecutivo, con la complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Vaya.

El problema de la diatriba del presidente está en dos niveles a) el de la legitimidad; y b) el de las consecuencias.

El lawfare como instrumento político

Si, con Carl von Clausewitz asumimos que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, el lawfare es la continuación de la política por medios jurídicos. Por ende, el primer tema central es si esa guerra es legítima o no. Para saberlo no bastan los discursos, cada operador se inviste de superioridad moral y señala su posición como justa: el gobierno adopta la narrativa del beneficio a los pobres y las causas populares, en una épica donde el presidente es una suerte de Espartaco liberador de los oprimidos; por su parte, los opositores sostienen un relato de libertades individuales, derechos y legalidad, donde ningún poder puede estar encima de los derechos humanos, ni carecer de controles. El gobierno apela a su “derecho” a hacer, por sus buenas intenciones; los opositores argumentan que el gobierno no tiene derechos, sino deberes y que el fin no justifica los medios.

Pero, al llevar estas posiciones al campo judicial, el régimen matiza su discurso y plantea una interpretación autoritaria del derecho, en el que la decisión política se valida por la representación de quien la toma, al grado de afirmar que un poder designado, como el judicial, no está legitimado para anular actos de un poder electo popularmente. Obviamente, esta posición no es la plasmada en la Constitución mexicana, que establece la potestad judicial de cancelar los actos inconstitucionales de las administraciones y legislaturas. No obstante, esa visión inconstitucional, sacada de los peores imaginarios de Carl Schmitt, es la que expresamente sostienen López Obrador y los legisladores de su partido. En suma, el régimen no solo ataca a su contraparte en los juicios, sino al juez que los resuelve.

López Obrador jamás ha sido un demócrata, porque para serlo hay que respetar la división de poderes y esta siempre implica que la legalidad de los actos del ejecutivo sea revisada por los tribunales. Desde el primer día de su gobierno, López Obrador ha intentado la sumisión de todas las autoridades del Estado, como si ser presidente del ejecutivo lo convirtiera en amo y superior jerárquico de los legisladores y jueces.

El intento de capturar la Corte

No debe haber ingenuidad en este asunto. López Obrador jamás ha sido un demócrata, porque para serlo hay que respetar la división de poderes y esta siempre implica que la legalidad de los actos del ejecutivo sea revisada por los tribunales. Desde el primer día de su gobierno, López Obrador ha intentado la sumisión de todas las autoridades del Estado, como si ser presidente del ejecutivo lo convirtiera en amo y superior jerárquico de los legisladores y jueces. Tan sabe que no es así, que sus lugartenientes, primero Julio Scherer Ibarra y luego Adán Augusto López, se dedicaron a someter y presionar a la Corte y tribunales inferiores. En ese proceso, pusieron —con amenazas a los ministros— a  Arturo Zaldívar en la presidencia del Máximo Tribunal del país y este se dedicó a presionar a los ministros, magistrados y jueces, con la ayuda de Carlos Alpízar, secretario general del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Además de hacer suya la reforma judicial a modo que diseñó Zaldívar, López avaló una extensión inconstitucional de la presidencia del ministro, a la que se aferró este, hasta que fue imposible sostenerla y la misma Corte la invalidó.

No contento con haber tenido a su servicio a un presidente del Tribunal Supremo durante cuatro años, López Obrador intentó repetir el ejercicio de presión, para llevar al cargo a Yasmín Esquivel Mossa, pero su plan se frustró al descubrirse que ella plagió su tesis de licenciatura, gracias a una investigación del escritor Guillermo Sheridan, siendo electa Norma Piña como presidenta de la Corte.

Piña, una jueza de carrera de orígenes humildes y honestos, puso los puntos sobre las íes al primer intento de Adán Augusto López de dictarle el guión judicial. A la vulgaridad política del secretario del interior, la ministra puso un alto inmediato, marcando el final de las visitas de matón que el secretario hacía a la Corte en la era Zaldívar. Obviamente, la famiglia obradorista no se iba a quedar cruzada de brazos y, desde la elección de Piña como ministra presidenta, las conferencias matutinas, redes sociales y participaciones de operadores del oficialismo han sido para atacarla, mayoritariamente por cosas que son falsas, que no son de su autoría o que no caen en su responsabilidad.

Las sentencias del máximo tribunal que anularon la adscripción de la Guardia Nacional a Sedena, la primera parte del Plan B electoral o el acuerdo que blindaba por razones de seguridad nacional la mayoría de las obras del gobierno, por nombrar solo tres decisiones, han causado la ira de López Obrador, quien, como el bandido que grita “al ladrón”, ahora acusa un golpe blando en su contra.

…quien ha actuado violentamente para intentar apoderarse de la Corte, ha sido el presidente. Son sus golpeadores los que, con la tolerancia del gobierno de Claudia Sheinbaum, tienen tapizado el frente de la sede de la Suprema Corte con insultos contra los ministros y ofenden a Norma Piña noche y día.

Desafortunadamente, para el cuento obradorista, quien ha actuado violentamente para intentar apoderarse de la Corte, ha sido el presidente. Son sus golpeadores los que, con la tolerancia del gobierno de Claudia Sheinbaum, tienen tapizado el frente de la sede de la Suprema Corte con insultos contra los ministros y ofenden a Norma Piña noche y día. El mismo gobierno capitalino fue el que protegió a esos agresores, para que, después de la marcha del 28 de mayo de 2023, regresaran a instalar su campamento y continuar sus ataques a la ministra presidenta.

Fue el gobernador de Veracruz, emanado del partido Morena, el que hizo un plantón frente a la Corte, con ataúdes con el nombre de los ministros. Son los obradoristas los que propusieron una reforma constitucional para que los ministros sean electos por voto popular, algo que no sucede en ningún país con Estado de Derecho consolidado.

Es López Obrador el que miente recurrentemente sobre el monto de su salario, para engañar al público con la patraña de que los ministros ganan más que él, en supuesta vulneración del artículo 127 constitucional, cuando la verdad es que el presidente López vive en un palacio virreinal y sus gastos son sufragados como los de cualquier presidente del gobierno de un país occidental, con montos que, a pesar de la opacidad obradorista, fácilmente superan los dos millones de pesos mensuales: ningún funcionario en México gana más que el presidente.

Así que, el que ha intentado dar un golpe blando ha sido López Obrador, no la Corte que invalida sus ocurrencias violatorias de la Constitución.

Las consecuencias

Quizá López no lo entienda (o tal vez cree que no sucederá), pero, en caso de que el gobierno no observe la Constitución, cobra aplicación el artículo 136 constitucional, que dice lo siguiente:

Artículo 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta.

El único caso donde es posible que se creen leyes retroactivas para castigar la rebelión contra la Constitución, se encuentra en este supuesto. López está intentando implantar un gobierno contrario a los principios constitucionales. Si no cesa en sus intentos, se atiene a ser juzgado, así como sus colaboradores y seguidores, por delitos contra la vigencia de la Constitución.

No hay golpe técnico de los tribunales contra el ejecutivo, pero sí hay una acción golpista, desde principios de este año, contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación…

No hay golpe técnico de los tribunales contra el ejecutivo, pero sí hay una acción golpista, desde principios de este año, contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno que ha sido violento, desplegado con diversas acciones y medios, que resulta inadmisible en una democracia constitucional.

Por tanto, al sugerir falsamente que hay un golpe blando, López pone bajo amenaza militar a la Corte y a su presidencia: eso viola la Constitución y paradójicamente lo ubica en el único supuesto de sanción donde sería juzgado por leyes creadas para el caso. López Obrador debe entender que su régimen acaba en 2024 y que sus intentos de imitar a Viktor Orbán son inviables en México, por más que Javier Tello trate de normalizar la anticonstitucional “democracia iliberal” que pretende implantar el ejecutivo.

La gente no está dispuesta a tolerar un presidente que manda sobre los jueces. Si López lo sigue intentando, su castigo está en la Constitución y no puede esperarse que sea leve, dados los antecedentes de personajes como Philippe Pétain, Alberto Fujimori o Pedro Castillo, cuya traición a la Constitución fue castigada severamente.

Óscar Constantino Gutiérrez. Doctor en Derecho por la Universidad San Pablo CEU (Madrid). Se especializa en Derecho constitucional, Derecho administrativo, Derechos humanos y Políticas públicas. Liberal, minarquista y objetivista. Colabora en Letras Libres y Revista Etcétera. Hace sentencias. Twitter: @TheOCGlobal

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Posted: May 31, 2023 at 11:04 am