El giro mortal de la política migratoria mexicana

Andrés Manuel López Obrador, como presidente electo, dijo: “a partir del 1o. de diciembre vamos a ofrecer trabajo a migrantes centroamericanos”. Desde que tomó protesta, su gobierno ya era responsable de los migrantes desde la sexta Caravana. En la octava, en abril de 2019, cerca de tres mil cruzaron el Río Suchiate en unas horas. Volvió a ofrecer visas de trabajo.

“Migrar no es un delito.” “Tenemos derecho al libre tránsito.” “No somos delincuentes.” “Buscamos una vida mejor.” Son las frases que escriben los migrantes centroamericanos, sudamericanos y caribeños en las cartulinas que portan en su travesía por México para llegar a Estados Unidos. Frases que desde hace cuatro años vemos repetirse en imágenes que reporteros y activistas comparten para documentar a los migrantes en México.

El 5 de octubre de 2018, aun sin saberse, nuestro país se estaba convirtiendo en el corredor de un éxodo de migrantes sin precedentes. Es el día que se convocó la Primera Caravana Migrante desde Honduras con destino a Estados Unidos. Decían: “no nos vamos porque queremos, nos expulsa la violencia y la pobreza”.

En días se sumaron miles de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. Las redes sociales facilitaron la convocatoria, además de que el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad, creado en 2006 entre Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, les permitió desplazarse rápidamente con solo una identificación personal.

A los grupos de hombres adultos y jóvenes se unieron mujeres, madres con sus hijos y familias enteras. La frontera chiapaneca, histórica y geográficamente, es un espacio prácticamente abierto para el paso de migrantes. Lo peculiar de esta forma de desplazamiento es que la cruzan en Caravanas.

Las Caravanas los protegen tanto de las bandas de traficantes como del abuso de las autoridades migratorias; pero también los volvieron un grupo visible. Caravanas que además van informadas de su derecho a dejar su país, a pedir asilo en otro y a reivindicar que no son migrantes solitarios y clandestinos. De la primera Caravana llegaron en un solo día cerca de dos mil quinientos a Chiapas, la primera frontera que les exigiría un permiso migratorio.

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Son conocidas las amenazas del entonces presidente Donald Trump: “si vienen debo pedir a México que detenga esa arremetida —¡y si no puede hacerlo llamaré al ejercito y cerraré nuestra frontera sur!”, “muchos pandilleros y gentes malas se mezclan en la Caravana…”, “es una invasión… y nuestro Ejército los estará esperando!”.

Andrés Manuel López Obrador, como presidente electo, dijo: “a partir del 1o. de diciembre vamos a ofrecer trabajo a migrantes centroamericanos”. Desde que tomó protesta, su gobierno ya era responsable de los migrantes desde la sexta Caravana. En la octava, en abril de 2019, cerca de tres mil cruzaron el Río Suchiate en unas horas. Volvió a ofrecer visas de trabajo.

La declaración adornaba de ayuda humanitaria los proyectos del sureste prometidos en su Plan Nacional de Desarrollo 2018-2014: el Tren Maya y Sembrando Vida. Iniciativas que en el camino han sido aprovechadas para captar mano de obra rápida y barata de algunos migrantes. Pero no han sido suficientes para ordenar, apoyar o detener el tsunami migratorio.

La irresponsabilidad del gobierno mexicano de invitar a transitar libremente y/o prometer un trabajo temporal se volvió un incentivo más para los migrantes que confiaron en la certeza de ser contratados legalmente mientras llegaban a Estados Unidos. En un intento ingenuo por inhibir el éxodo, exportó su programa Sembrando Vida al Triángulo Centroamericano del Norte…

La irresponsabilidad del gobierno mexicano de invitar a transitar libremente y/o prometer un trabajo temporal se volvió un incentivo más para los migrantes que confiaron en la certeza de ser contratados legalmente mientras llegaban a Estados Unidos. En un intento ingenuo por inhibir el éxodo, exportó su programa Sembrando Vida al Triángulo Centroamericano del Norte y anunció inversiones por 100 millones de dólares para ese fin.

La realidad rebasa cualquier buena intención y más si no hay un plan soportado con infraestructura y recursos. El paisaje mexicano de sur a norte, en por lo menos doce de los estados conectados con la ruta de las Caravanas, que incluye a la capital mexicana, se cubrió de grupos de centroamericanos, sudamericanos y caribeños varados en albergues, en campamentos improvisados y en las Estaciones Migratorias fijas y temporales a la espera de papeles para poder seguir su camino.

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El sociólogo y experto en migraciones, Stephen Castles ha dicho—palabras más, palabras menos— que las políticas migratorias suelen fracasar en los objetivos por los que se planean, o tienen consecuencias imprevistas.

A principios de junio de 2019, la luna de miel del gobierno obradorista con las Caravanas llegó a su fin. En ese mes, se iniciaron en la frontera sur los operativos de la estrenada Guarda Nacional —un cuerpo de seguridad militarizado— para contener la entrada de migrantes. El giro en la política migratoria, primero, se justificó argumentando tolerancia cero al tráfico ilegal de inmigrantes. La eficiencia policiaca también fue anunciada: solo el 15 de junio se “rescataba” a cerca de ochocientos migrantes. Un eufemismo para no decir que eran “detenidos”.

Pero en la política no hay casualidades. El gobierno de Trump había lanzado una bomba de tiempo: el programa “Quédate en México” como parte de su Protección Migrante que el gobierno de López aceptó “doblado”, como se dice en la opinión pública. Con esa imposición, se recibían los primeros ocho mil solicitantes de asilo devueltos por Estados Unidos y que tenían que esperar su trámite en México, sin garantías.

En el verano de 2022, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se anunció el fin de esta política. Pero según informes, entre setenta y setenta y cinco mil personas fueron devueltas a México bajo ese programa violatorio del derecho de asilo.

En medio de esas acciones unilaterales, la pandemia de COVID-19 cayó como anillo al dedo para el gobierno republicano. En marzo de 2020, Trump reactivó el Título 42 que consiste en prohibir y/o expulsar a su país de origen o al último país de tránsito (México) a toda persona sin papeles, porque representa un riesgo a la salud. Biden lo heredó y lo usa como medida de control migratorio, al igual que el Título 8, con el que también se expulsa a todo aquel que no cumpla con los requisitos para ser solicitante de asilo.

México se volvió “un tercer país seguro” sin la responsabilidad ni el apoyo que conlleva ese estatus en términos de asilo para los migrantes expulsados de Estados Unidos. Aceptar esa condición significa garantizar que no se devuelva a un solicitante de refugio a su país de origen.

México se volvió “un tercer país seguro” sin la responsabilidad ni el apoyo que conlleva ese estatus en términos de asilo para los migrantes expulsados de Estados Unidos. Aceptar esa condición significa garantizar que no se devuelva a un solicitante de refugio a su país de origen. También que no se le detenga, se le niegue alimentación, cobijo, seguridad social y empleo, mucho menos se le separe de su familia, mientras espera en el “país seguro” a que su solicitud de asilo sea aceptada.

Con esa medida, se dice que se han deportado de Estados Unidos a México a más de dos millones y medio de personas. Eso significa que en un año y medio, muchos de esos expulsados esperan de alguna u otra forma en la frontera norte de México.

El incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez que por negligencia criminal provocó la muerte por asfixia o por quemaduras a 40 migrantes y dejó 27 heridos (16 de gravedad hasta el momento) es el resultado de una política migratoria policiaca y deficiente que navega entre lo que impone Estados Unidos, la nula disposición de cambiar lo que se sabía insostenible, la criminalización hacia los migrantes y la demagogia de un gobierno que no quiso ver lo que representaba abrirle las puertas a un masivo flujo de migrantes.

Para sorpresa de muchos y de quien escribe esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde 2019, ha advertido en varias ocasiones al gobierno que las Estaciones Migratorias custodiadas por el Instituto Nacional de Migración no tenían ni la capacidad ni la infraestructura ni los recursos que se necesitan.

Desde 2019, la CNDH ha corroborado con treinta y dos recomendaciones (seis en lo que va de 2023) la violación sistemáticas a los derechos humanos de los migrantes por parte de instituciones de este gobierno; el INM, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República: migrantes con permiso de estadía detenidos arbitrariamente, migrantes esposados en las celdas de las Estaciones Migratorias, familias separadas, redadas y deportaciones injustificadas, migrantes incomunicados, sobornados, hacinados, en pésimas condiciones de seguridad, de salud, de alimentación o de cobijo.

La indignación que causó el video que registra el crimen en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez regresó a la agenda mediática el trato de los migrantes en México. No es el primer siniestro de este tipo (en 2020, murió una guatemalteca en el incendio de la estación migratoria Tenosique, Tabasco). No es ocioso señalar que el responsable directo de las 48 Estaciones Migratorias, Francisco Garduño, no ha sido llamado a cuentas y que su negligencia merece su renuncia. Un Comisionado, que antes de llegar al INM tenía experiencia en el sistema penitenciario.

No es ocioso señalar que el responsable directo de las 48 Estaciones Migratorias, Francisco Garduño, no ha sido llamado a cuentas y que su negligencia merece su renuncia. Un Comisionado, que antes de llegar al INM tenía experiencia en el sistema penitenciario.

¿Qué tiene que pasar? decía el senador Álvarez de Icaza, con toda razón, iracundo. La política migratoria está maniatada a un año electoral y esos migrantes no votan, pero sí los mexicanos testigos del paso de los migrantes en sus regiones y de la negligencia criminal hacia ellos.

El siguiente gobierno tiene que hacer un giro de 180 grados que incluya entre otras medidas: desmilitarizar y reformar el INM, crear un verdadero Corredor Humanitario vigilado por organizaciones internacionales y activistas, sensibilizar a la población, compartir recursos para una infraestructura temporal o permanente con los gobiernos locales por donde pasan los migrantes. Pero sobre todo, tratar a los migrantes del sur como le exigimos a Estados Unidos que trate a los mexicanos en el norte.

De no cambiar nada, seguiremos viendo atrocidades y leyendo mensajes de migrantes pidiendo respeto, y justicia por sus muertos.

Monserrat Loyde. Internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Especialización en Políticas Culturales y Gestión Cultural (OEI-CENART-UAM). Maestría en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Fundación Instituto de Investigación Ortega y Gasset, Madrid. Ha colaborado en El Universal, Foreign Affairs, China Files, Istor y Animal Político. Twitter: @lamonse

Posted: April 7, 2023 at 7:36 am