Current Events
La ciencia no es suya
COLUMN/COLUMNA

La ciencia no es suya

José Antonio Aguilar Rivera

En El ogro filantrópico (1978) Octavio Paz esbozó una aguda crítica al desarrollo político del Estado mexicano. A pesar de haber sido ser un agente cardinal de la modernización  el Estado mismo no era plenamente moderno. En su trato con el público y en su manera de conducir sus asuntos seguía siendo patrimonialista: “en un régimen de ese tipo el jefe de Gobierno –el Príncipe o el Presidente— consideran el Estado como su patrimonio personal. Por tal razón, el cuerpo de los funcionarios y empleados gubernamentales, de los ministros a los ujieres y de los magistrados y senadores a los porteros, lejos de constituir una burocracia impersonal, forman una gran familia política ligada por vínculos de parentesco, amistad, compadrazgo, paisanaje y otros factores de orden personal”. Para Paz el patrimonialismo era “la vida privada incrustada en la vida pública. Los ministros son los familiares y los criados del rey”.

Una de las características del advenimiento de la democracia fue que ese sistema fue gradualmente reemplazado por formas impersonales de organización de lo público. Lo que vemos en la actualidad es una regresión, una reversión a la concentración del poder y a su ejercicio personalista. Irónicamente esa retroversión al patrimonialismo se ha embozado como un “rescate de lo público”. Es el caso del asalto al sistema de ciencia y tecnología del país. El nuevo patrimonialismo se justifica como una cruzada contra el “neoliberalismo”. Para llevar a cabo la deseada reconducción ideológica en el sector es necesaria la concentración del poder en unas pocas personas para que éstas puedan disponer discrecionalmente de facultades que ahora se encuentran deliberadamente dispersas. Afirmar, como lo hace una apologista, que en el campo de la ciencia el gobierno “busca que lo público regrese a lo público y, así, obedecer al mandato que ganó democráticamente las elecciones en este país” es un engaño para ocultar el objetivo verdadero: el control de las instituciones de educación superior de México. Eso es precisamente lo que la propuesta de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno pretende.

La “ciencia no es tuya” le gritan los estudiantes del CIDE a la directora del CONACYT. Esta consigna resume magistralmente la protesta contra la aspiración patrimonialista del gobierno actual, que pretende adueñarse del sistema de ciencia y tecnología y de sus instituciones, particularmente de aquellas que no percibe como afines a sus inclinaciones ideológicas.

La “ciencia no es tuya” le gritan los estudiantes del CIDE a la directora del CONACYT. Esta consigna resume magistralmente la protesta contra la aspiración patrimonialista del gobierno actual, que pretende adueñarse del sistema de ciencia y tecnología y de sus instituciones, particularmente de aquellas que no percibe como afines a sus inclinaciones ideológicas. No es una casualidad que el CIDE sea uno de sus blancos preferidos. Precisamente porque en los últimos veinte años esa institución se dotó a sí misma de procedimientos horizontales de evaluación y de cuerpos colegiados. El único dueño es la sociedad mexicana. El CIDE se ha concebido siempre como una institución pública con un compromiso social claro y explícito.  Este consistía en una apuesta meritocrática por la enseñanza y la investigación de excelencia. Es precisamente porque esa apuesta ha rendido frutos que los apologistas del gobierno la han señalado. Lucía Mantilla, fugaz funcionaria del CONACYT, en un artículo de La Jornada acusa: “sus colegiaturas [del CIDE] entran al rubro ‘recursos autogenerados’, algunos de los cuales se usan para dar otro sobresueldo a académicos que publican en inglés, en esas costosas editoriales y en un idioma que no es el de la mayoría de estudiantes y académicos mexicanos, para no hablar del pueblo al que se le culpa por no leer y que, sin embargo, está soportando económicamente estos centros de investigación que suelen reafirmar el racismo y el elitismo que ha afectado tanto a México y deja a tantos jóvenes sin esperanza de movilidad social”.[1]

Esta afirmación combina la mala fe y la ignorancia. El monto, proporcionalmente no significativo de los recaudado en colegiaturas se empleaba para, entre otras cosas, dar becas de manutención a estudiantes. Los estímulos a las publicaciones (que no son un sobresueldo sino un estímulo condicional y ocasional), se cubren por artículos y libros publicados en español, inglés y otros idiomas. En todo caso, esos montos no son significativos en el agregado de los ingresos anuales de los investigadores. La publicación de libros o artículos en las editoriales y revistas más prestigiosas no es algo que ocurra  todos los meses o años. Cuando se dice que algunas de las editoriales en inglés son costosas no es claro si se refiere al precio de los libros que editan. Sí, los libros académicos son caros. Si a lo que se refiere es que esas editoriales cobran por publicar libros o artículos simplemente se equivoca. En ciencias sociales las editoriales serias y prestigiosas no cobran un centavo por publicar libros o artículos. La publicación en castellano de los investigadores es amplia, además de publicar el CIDE libros bajo su sello propio y en coedición. A menudo ha  auspiciado que los libros en inglés de sus investigadores se publiquen  en editoriales como el Fondo de Cultura Económica, cuando esa editorial estaba comprometida con las obras académicas.

Que los centros públicos de investigación reafirmen “el racismo” no es sino una burda calumnia. Por el contrario, son los propios egresados del CIDE –y sus alumnos actuales—los que han constatado que el CIDE y otras vilipendiadas instituciones son un motor de movilidad social en su reducida y modesta capacidad. Es por ello que han tomado las calles y el megáfono. Nadie se los ha contado: no es algo que hayan “absorbido”, sino vivido en carne propia. La calumnia oficialista quiere manchar precisamente aquello que el CIDE, como un esfuerzo colectivo, ha hecho bien. La realidad desmiente el discurso difamatorio. Son los jóvenes de una universidad pública quienes le han plantado cara al gobierno.

El ejercicio de propaganda pretende hacer pasar el asalto a lo público como su “defensa”. Los  aspirantes a dueños se presentan como fiduciarios. Así se afirma: “el usufructo privado de los recursos públicos se expandió como cosa normal, pero carente de ética en el mundo de la academia”. No hay una sola pieza de evidencia que sustente tal afirmación en el CIDE. El patrimonialismo ideológico pretende que solo el dueño del poder defina lo público. Privatiza así el poder de nombrar. No, el asalto a las universidades no “busca que lo público regrese a lo público”: pretende lo contrario, apropiarse con fines facciosos y personalistas de instituciones del Estado mexicano. Su política es el usufructo faccioso de los recursos públicos. La retórica deshonesta del “modelo de negocios” de las universidades públicas no es sino un intento tramposo por desprestigiar a instituciones que resisten el regreso de la política patrimonialista. Sus promotores y adláteres quieren ejercer el poder en las universidades como si éstas fueran centros privados de adoctrinamiento. La diatriba confiesa su móvil: el asalto a las universidades se debe a que sus “empreacadémicos” atacan un proyecto político. Es la respuesta cabal –y facciosa– de quienes se sienten dueños de personas e instituciones públicas para disponer de ellas a su libre arbitrio. Haríamos bien en llamar a las cosas por su nombre. El nombre de esa política es patrimonialismo.

[1] https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/06/politica/a-los-estudiantes-del-cide/

 

José Antonio Aguilar Rivera (Ph.D. Ciencia Política, Universidad de Chicago) es profesor de Ciencia Política en la División de Estudios Políticos del CIDE. Es autor, entre otros libros, de El sonido y la furia. La persuasión multicultural en México y Estados Unidos (Taurus, 2004) y La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970 (FCE, 2010). Publica regularmente sus columnas Panóptico, en Nexos, y Amicus Curiae en Literal Magazine. Twitter: @jaaguila1

 

©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.


Posted: January 9, 2022 at 9:46 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *