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A la memoria de mi madre,
que me regaló —entre tantas cosas— la pasión por la Historia

Escribo estas líneas como quien mira con afecto y ansiedad el devenir de una casa ajena que, sin embargo, visita a menudo y ha terminado por habitar, durante breves estancias. Soy cubano, historiador y llevo trece años conversando —a veces en aulas y archivos, a veces en sobremesas que se alargan hasta la madrugada— con la academia y la sociedad de los Estados Unidos. Esa conversación, sostenida dentro de la experiencia mayor del exilio y en paralelo con mi otro diálogo con colegas historiadores del Este europeo, víctimas y cronistas del totalitarismo, ha cambiado mi propia visión del oficio de historiador y del carácter eminentemente cívico de su impacto social. Hoy, el contexto del 250.º aniversario de la independencia de los Estados Unidos de América es una buena ocasión para pensar, con la honestidad que exige el oficio, qué historia merece contarse y por qué. Las ideas sobre el tema rondaban mi cabeza desde la pasada primavera, la lectura reciente de un texto ha dado el impulso decisivo para escribir estas líneas.

Una tipología necesaria

El historiador y periodista Yoni Appelbaum, en un ensayo reciente publicado por The Atlantic, recupera ideas de una conferencia del historiador Johann Neem, en la que este ofrece una cartografía que me parece indispensable para entender el momento. Neem distingue tres narrativas en competencia dentro —y fuera— de la profesión histórica norteamericana.

La primera es la que Appelbaum, siguiendo a Neem, llama “posestadounidense”: una corriente, dominante en buena parte de la academia progresista, que entiende el pasado de la nación como un catálogo de despojos —el genocidio indígena, la esclavitud, las exclusiones raciales y de género— que debe ser superado antes que utilizado. Para esta visión, el pasado americano no es un recurso sino un obstáculo; no hay continuidad posible entre los fundadores y un futuro justo, sino ruptura. La historia, en esta clave, no enseña: acusa. Esto no implica negar que precisamente el justo (re)conocimiento y rechazo de estas opresiones sea una herramienta insoslayable para construir una mejor sociedad. El hecho de que sea posible discutir estas hipocresías y contradicciones violentas ha contribuido a un mejor país.

La segunda es la “hiperestadounidense”, propia de un conservadurismo con esteroides que, si bien es minoritario dentro de una academia excesivamente copada por las izquierdas, ha encontrado en el actual poder ejecutivo un instrumento para imponer su relato. Aquí las virtudes de la nación son constitutivas y sus pecados, contingentes; la historia se convierte en pedagogía patriótica antes que en indagación, y la controversia sobre los orígenes se resuelve apelando a una naturaleza humana fija antes que a la evidencia documental. El pasado, en esta clave, no se estudia: se venera. Pero, de nuevo, como en su contradictor progresista, esta postura tiene un punto válido: confrontar las visiones radicales dentro del campo intelectual y político que devalúan indiscriminadamente todo lo que, desde el legado occidental —en tanto sociedad abierta, pluralismo político y economía de mercado— explica el éxito del experimento estadounidense.

Entre ambas se ubica lo que Neem llama la visión “convencional” o “mainstream”: aquella que entiende a los Estados Unidos como un experimento inacabado, capaz de progreso y de retroceso, cuya historia incluye —en palabras de Jill Lepore que Appelbaum cita— “una buena dosis de angustia… y más hipocresía” sin reducirse a ninguna de las dos. Yo escribo desde esta tercera orilla, donde la historia interpreta el pasado como recurso y como advertencia, y admite el fracaso sin renunciar a la posibilidad de enmienda. Y quiero explicar por qué, viniendo de donde vengo, la defiendo no como un compromiso tibio entre extremos, sino como la única postura profesionalmente honesta y cívicamente fecunda: la única capaz de captar, acomodar y perfeccionar la convivencia plural —siempre conflictiva, pero igualmente enriquecedora— dentro de una nación multiétnica y una república democrática. Ambas cosas, sostengo, confluyen —de manera imperfecta pero verificable, sin falsas equivalencias— tanto en los Estados Unidos de América como en Cuba.

Hago, sin embargo, una digresión narrativa, en forma de distinción analítica, que conviene no perder de vista, porque su disolución empobrece tanto el diagnóstico político como la solidaridad: la diferencia entre un sistema institucional sometido a tensión autoritaria —con elementos populistas iliberales que erosionan normas, capturan instituciones o estigmatizan disidencias— y un régimen autocrático consolidado, donde la represión no es tendencia sino arquitectura. Porque lo que diferencia a una democracia bajo estrés de una autocracia consolidada no es solo el grado, sino el régimen institucional de costos: si decir algo, organizarse, publicar, litigar o emigrar tiene consecuencias administrables (proceso judicial con garantías, costo reputacional, derrota electoral) o consecuencias que niegan la posibilidad misma de revertirlas (cárcel sin debido proceso, exilio forzoso, desaparición de medios independientes, partido único).

En los Estados Unidos, desde donde escribo estas líneas, las alertas tempranas señalan hoy fenómenos reales, innegablemente autoritarios: ataques verbales y administrativos a universidades, presión sobre medios, retórica deslegitimadora del poder judicial, uso politizado de agencias federales. Pero estas tensiones se dan dentro de un sistema donde la prensa crítica opera sin censura previa y con alcance masivo, sin que sus periodistas sean encarcelados por su trabajo. Los tribunales —incluidos jueces designados por el propio gobierno— han fallado repetidamente en contra de medidas ejecutivas. Existen elecciones competitivas en los niveles estatal y federal, oposición parlamentaria con poder real y manifestaciones masivas, sin que la asistencia a ellas sea, per se, un delito. Y los académicos y artistas critican abiertamente al gobierno sin desaparecer del espacio público.

Pero en la Cuba contemporánea —el referente principal de mi experiencia, reflexión e incidencia— la estructura es categóricamente distinta. Impera un partido único, constitucionalmente consagrado como “fuerza dirigente superior”. No hay elecciones competitivas ni prensa privada legal; la disidencia organizada es ilegal por definición, no por interpretación de una ley ambigua. Los periodistas independientes, el arte disidente y cualquier ciudadano con una actitud pública crítica enfrentan el rigor de la cárcel, no la controversia mediática. La diferencia no es de “intensidad de un mismo fenómeno”, sino de arquitectura: un sistema con autocorrección institucional (aunque dañada) frente a un sistema diseñado para impedir la autocorrección.

Esta distinción no implica minimizar ninguno de los dos riesgos. La alerta temprana sobre los Estados Unidos es legítima y necesaria precisamente porque la erosión institucional no avisa con un titular: las democracias no suelen morir por golpe, sino por acumulación de precedentes normalizados. La movilización temprana —litigios, periodismo de investigación, presión cívica— es la razón por la cual el sistema estadounidense conserva esos contrapesos. Sería un error leer “no es Cuba” como “no hay nada de qué preocuparse”. Por otra parte, la tragedia cubana recuerda el valor de una solidaridad, siempre escasa, sin condicionamientos geopolíticos: la historia demuestra que parte de la izquierda internacional ha minimizado la represión cubana por afinidad ideológica con el relato antiimperialista del régimen, mientras parte de la derecha ha instrumentalizado el caso cubano sin sostener consistentemente el mismo estándar de derechos humanos en otros contextos. Ambas instrumentalizaciones dañan a las víctimas reales.

Pero hay un terreno común defendible sin relativismos: el compromiso con la libertad de expresión, el debido proceso y el pluralismo político como bienes universales, no selectivos según convenga al adversario ideológico de turno. Quien defiende la libertad de cátedra en los Estados Unidos y calla ante el encarcelamiento de artistas en Cuba —o viceversa— no está defendiendo principios, sino bandos. La coherencia exige aplicar la misma vara, distinguiendo con precisión la magnitud del riesgo en cada caso, sin que eso anule la urgencia de ninguno de los dos.

El peligro de las narrativas totales

Regreso al tema de esta reflexión: los usos de la historia. Quien ha vivido bajo un régimen que reescribió su propia historia para que coincidiera con su ideología —convirtiendo cada crimen estatal en gesta revolucionaria, cada disidente en traidor, cada error de la dirigencia en sabiduría retrospectiva— desarrolla un oído particular para detectar cuándo una nación deja de estudiar su pasado y empieza a manipularlo dentro de sus guerras culturales. La Cuba castrista no tuvo preferencia por los historiadores rigurosos —aunque existen numerosos ejemplos de buenos colegas y trabajos, especialmente en la historiografía anterior a 1959— porque apenas necesitaba escribas. La historia oficial no admite contradicción porque la contradicción es, precisamente, lo que toda ortodoxia revolucionaria no puede tolerar. Y aprendí, en carne propia, que cuando el relato se vuelve total —cuando no deja espacio para debatir el error fundacional o sus secuelas— el ciudadano deja de ser interlocutor y se convierte en feligrés o en hereje.

Por eso, cuando observo la tentación posestadounidense de convertir el pasado en una lista de cargos sin atenuantes, reconozco una pulsión de regusto totalitario. Aunque la intención sea distinta de la castrista —no se trata de imponer por las armas una utopía revolucionaria, sino de despejar culturalmente el terreno para el advenimiento, por medios democráticos, de otro “proyecto” que reivindique a los excluidos—, el resultado estructural guarda enormes paralelismos. Si la historia de los fundadores no puede ser recurso, entonces no queda ciudadanía compartida, solo bandos: los herederos del pecado original y quienes deben redimirlos. Esa es, exactamente, la lógica schmittiana —instituida por Lenin y perfeccionada por Castro— que un cubano disidente o exiliado conoce demasiado bien: la historia como tribunal permanente, no como conversación.

Y cuando observo la respuesta hiperestadounidense —la apropiación del aparato del Estado para imponer una “educación patriótica” que prohíbe a los parques nacionales y a los museos públicos toda mención que “menosprecie” el pasado de la nación— reconozco también el mecanismo, aunque venga con bandera contraria. Una historia que no puede admitir el error fundacional no es historia: es liturgia de Estado. La Revolución cubana enseñó exactamente eso a varias generaciones: que al padre fundador no se le discute, se le honra; que la pregunta incómoda no se investiga, se censura. Ver hoy a una administración estadounidense ordenar que los letreros de los parques inviten a denunciar las interpretaciones “negativas” de la historia me produce un escalofrío de reconocimiento de algo familiar.

Ambas tentaciones, la de izquierda y la de derecha, convergen en algo que mi experiencia cubana me hace ver con particular nitidez: sustituyen el oficio del historiador —que es disputar evidencias, sostener ambigüedades, vivir con la incomodidad de los hechos contradictorios— por el oficio del propagandista, que es producir certezas útiles para una causa ya decidida de antemano. Ambas, con las asimetrías de poder propias de cada caso —la izquierdista, hegemónica dentro de la academia; la derechista, impulsada por el poder gubernamental—, se oponen a la idea de una nación y una república abiertas al diálogo plural, capaces de crecer en la contradicción y de orientarse, a partir de ella, hacia el progreso.

La doble virtud de lo convencional

La historia convencional no es un punto medio aritmético entre dos extremos, ni una tibieza disfrazada de objetividad. Es, me parece, la única postura que toma en serio, simultáneamente, dos exigencias que el oficio del historiador no puede sacrificar sin traicionarse: el rigor profesional en el tratamiento de la evidencia y la responsabilidad cívica hacia su nación, entendida esta como una comunidad política que necesita, para sobrevivir como tal, un pasado compartido.

El rigor con la evidencia obliga a admitir que la esclavitud no fue un accidente periférico de la fundación americana, sino una herida estructural que, más allá de las promesas liberadoras del texto constitucional, atravesó las instituciones, la economía y la sociedad de la nueva nación. La misma exigencia de rigor obliga a admitir que la tradición de autogobierno, de límites al poder, de expansión —lenta, contradictoria, peleada palmo a palmo— de los derechos, es real y no una invención ideológica posterior, como sugieren Steven Hahn y otros autores. Las dos cosas son ciertas a la vez. Negar cualquiera de ellas no es radicalismo ni patriotismo: es mala historia.

La responsabilidad cívica, por su parte, obliga a algo que ni el posestadounidismo ni el hiperestadounidismo pueden ofrecer: una historia que los ciudadanos, sean cuales sean sus simpatías políticas, puedan reconocer como propia sin tener que abjurar de su comunidad o de su conciencia. Las narrativas nacionales permiten que una población diversa, dentro de un territorio amplio, se piense a sí misma como comunidad y construya consensos políticos forzosamente contingentes —reinterpretados desde los particularismos de la etnia, la clase, el género, el territorio, etc.—, pero también auténticos. Sin ese consenso mínimo sobre un relato compartido de dónde venimos, los adversarios políticos devienen, schmittianamente, en enemigos. Esto no es una abstracción académica, como bien sabemos quienes hemos padecido las luchas por la memoria y su sentido, preparatorias y perpetuadoras de la experiencia totalitaria: una sociedad sin relato común es una sociedad que se prepara, sin saberlo, para la guerra civil fría que precede a la guerra civil caliente.

Lo “convencional”, entonces, no es hoy una postura cómoda, ni civil ni intelectualmente. Es exigente precisamente porque no nos permite el alivio de la certeza total. Obliga al historiador y al ciudadano a sostener, en la misma frase y el mismo pensamiento, que Thomas Jefferson escribió la declaración más radical de igualdad humana de su tiempo y que fue, simultáneamente, dueño de esclavos hasta su muerte. Obliga a admitir que el experimento republicano fue, desde 1776, una conquista y una promesa real, a la vez que una deuda y un fraude parcial, sin que el reconocimiento de lo segundo anule la fuerza de lo primero. El reconocimiento productivo de esa tensión —instituyente de una narrativa y de una realidad, tensión no resuelta, sino sostenida— es lo que separa al historiador del polemista, al ciudadano del creyente. Y nos recuerda, como escribiera hace casi un siglo F. Scott Fitzgerald, que la prueba de una inteligencia de primera clase es la capacidad de retener dos ideas opuestas en la mente al mismo tiempo y seguir conservando la capacidad de funcionar.

Mi propia inmersión, profesional y personal, en la academia y la sociedad civil estadounidenses, es fuente de aprendizajes sobre esa tensión fecunda. Dos experiencias formativas explican el lugar desde donde escribo. La beca Reagan-Fascell del National Endowment for Democracy, en 2020, me permitió estudiar de cerca cómo las democracias se defienden —y cómo fracasan en defenderse— justamente cuando dejan de creer en sus propias narrativas fundacionales. La James Madison Fellowship, en 2024, me obligó a regresar a los textos constitucionales no como reliquias sino como argumentos vivos, todavía discutibles, todavía capaces de organizar el desacuerdo civilizado. Y mi reciente estancia como profesor invitado en Amherst College, en 2026, me ha confirmado algo que ya sospechaba: que las mejores aulas norteamericanas no son las que imponen un veredicto sobre el pasado, sino las que enseñan a sus estudiantes a debatirlo con rigor y sin desprecio. De esas experiencias, y de los tiempos y contextos que las rodean, nacen las ideas que desarrollaré aquí.

El verano de estudio intenso de la James Madison Fellowship (2024) me devolvió a un texto que la tentación hiperestadounidense reduce a icono y que la posestadounidense reduce a artefacto de dominación: la Constitución como argumento, no como reliquia ni como crimen. El propio Madison, en El Federalista, advertía contra las facciones precisamente porque entendía —con un realismo que tanto el Caribdis de la izquierda posestadounidense como el Escila de la derecha hiperestadounidense parecen haber olvidado— que ninguna comunidad política sobrevive sin mecanismos para que el desacuerdo no degenere en aniquilación del adversario.

Pero quizá más valioso aún que aquella convivencia veraniega en Virginia fue aprender, junto a docentes de historia y educación cívica de toda la Unión, de un trabajo anclado mayormente en una perspectiva convencional, donde las visitas a sitios icónicos de la gesta independentista —Independence Hall— y de la vida de los fundadores de la joven nación —Mount Vernon, Monticello, Montpelier— servían para abrir una discusión en la que las luces y las sombras encontraban su justa medida, dentro de una narrativa de progreso problemático y de orgullo sin complacencias. El mejor antídoto frente al hiperpatriotismo reaccionario que elimina letreros de denuncia en los parques nacionales y crea comisiones de “educación patriótica”, y frente al hipercriticismo radical que ha convertido la denuncia del pasado en la única forma legítima de hacer historia.

Y en Amherst aprendí, conversando con colegas y estudiantes que no comparten mis convicciones políticas, que la mejor tradición universitaria estadounidense —la que espero sobreviva a este momento de asedio bifronte— consiste exactamente en eso: en entrenar la capacidad de sostener la tensión sin necesitar resolverla mediante el silencio o el dogma. Porque un seminario sobre la fundación y el devenir de los Estados Unidos que admite, simultáneamente, la lectura de Frederick Douglass y la de James Monroe —posicionados en coordenadas distintas frente al problema de la relación entre esclavitud, raza y república— sin forzar a los estudiantes a elegir bando antes de haber leído a ambos con cuidado, es la viva imagen de lo que llamo aquí historia convencional. Y del valor de cultivarla y difundirla.

Extensiones peligrosas y espejos deformantes

Pero si bien la polarización ha producido dos historiografías de combate, organizadas para las guerras culturales del presente —la “posestadounidense” trata el experimento republicano como una superestructura de dominación que debe ser deconstruida; la “hiperestadounidense” lo trata como una epopeya casi sin pecado que debe ser defendida—, esa misma lógica de negación apologética en espejo se reproduce con una fidelidad casi perfecta en el debate sobre Cuba. Y vale la pena ver por qué el caso cubano es, si acaso, un terreno todavía más fértil para esta patología que el caso estadounidense.

La versión “posestadounidense” aplicada a Cuba —la Revolución como redención decolonial—, que sigue siendo dominante en ciertos sectores de la academia angloparlante de estudios latinoamericanos, organiza la historia cubana alrededor de un eje: Cuba como víctima del imperialismo estadounidense, cuya revolución de 1959 representa la ruptura legítima y heroica con un siglo de dependencia neocolonial. Sus mecanismos característicos descansan en la narrativa persistente del embargo, las equivalencias morales falaces, un balance selectivo de los logros del castrismo y el silencio sobre sus costos.

Al apelar al embargo como explicación totalizante, este se convierte en la variable que explica todo lo demás: la escasez, la represión, el estancamiento económico, el éxodo migratorio. Esto no es falso, pero es insuficiente, y la insuficiencia es funcional: permite no preguntar por qué Vietnam, también bloqueado durante años por Washington tras 1975, no desarrolló un sistema de control político y económico de la severidad del cubano, o por qué el “Período Especial” posterior a 1991 —cuando Cuba perdió los subsidios soviéticos, no el embargo, que ya existía desde 1962— fue el verdadero parteaguas del colapso económico.

Cuando despliega una serie de equivalencias morales invertidas, las cárceles políticas, la persecución de disidentes, el control absoluto de la prensa, la prohibición de partidos de oposición o el uso de las Brigadas de Respuesta Rápida contra manifestantes pacíficos se enmarcan exclusivamente como respuesta defensiva a la “agresión imperial”, nunca como decisiones autónomas de un Estado que ejerce soberanía sobre su propia población. El régimen cubano deja de ser un sujeto con agencia y responsabilidad propias, y se convierte en un objeto que solo reacciona a amenazas externas, nacidas de apetitos imperiales.

Bajo una lectura selectiva de los “logros de la Revolución”, se citan los avances reales en salud pública y alfabetización de las primeras décadas —que existieron y merecen ser reconocidos sin caricatura—, pero se omite sistemáticamente el costo: el control absoluto del Estado sobre la vida civil que hizo posibles esos logros también hizo posible su colapso, porque nunca existieron mecanismos de rendición de cuentas, alternancia o autocorrección. Un sistema sin oposición legal no tiene manera de enmendarse cuando se equivoca, y Cuba se ha equivocado durante seis décadas en su modelo económico sin que exista ningún canal institucional para cambiar de rumbo.

Last but not least, el silencio ominoso sobre el legado del exilio como fenómeno humano oculta que más de dos millones de cubanos —más del 15 % de la población de la isla, en sucesivas oleadas desde 1959 hasta el éxodo masivo de los últimos años— nos hemos visto forzados a huir de nuestro país. En la narrativa posestadounidense aplicada a Cuba, esta cifra apenas aparece, o aparece reducida a la categoría de “gusanos” o “vendepatrias” que abandonaron la Revolución por comodidad burguesa, una calificación que el propio discurso oficial castrista inventó y que ciertos sectores académicos reproducen sin beneficio de inventario.

Desde la otra orilla, la postura especular —dominante en ciertos sectores del exilio histórico, en parte de la derecha mediática estadounidense y en cierta literatura de Miami— invierte exactamente la misma estructura de selección y silencio. La versión “hiperestadounidense” aplicada a Cuba alimenta la nostalgia de la Habana de neón y el milagro de Miami, simplificando los precedentes y procesos que nos permitirían entender mejor el caldo de cultivo de casi siete décadas de tragedia castrista.

Bajo la idealización de la Cuba prerrevolucionaria, se evoca una Habana próspera, glamorosa, “la París del Caribe”, con un nivel de desarrollo comparable al de algunos países europeos, sin mencionar con el mismo énfasis las profundas desigualdades que hicieron posible ese brillo: una concentración extrema de la tierra, un campesinado en condiciones de pobreza severa, un racismo estructural contra la población afrocubana, una clase media urbana próspera que coexistía con un interior rural empobrecido y, sobre todo, una dictadura —la de Fulgencio Batista, golpista en 1952— corrupta hasta la médula y estrechamente asociada con el crimen organizado estadounidense. Sin este contexto, la pregunta obvia —por qué una parte significativa de la sociedad cubana, incluidos sectores de clase media, católicos e incluso empresarios, apoyó inicialmente la Revolución— se vuelve ininteligible, porque se ha borrado la materia prima del descontento que el castrismo supo capturar y luego traicionar.

A partir de la narrativa del éxito de Miami como fábula moral, el extraordinario ascenso económico de la comunidad cubanoamericana en el sur de Florida —real, notable, digno de estudio serio— se presenta a veces como una refutación automática del régimen cubano: “ellos triunfaron en libertad, prueba de que el comunismo es el único problema”. Este argumento confunde dos cosas distintas: el éxito de un grupo migrante específico (en buena parte de clase media y alta, con redes, capital humano y, crucialmente, un estatus migratorio privilegiado por la Ley de Ajuste Cubano que no tuvieron haitianos, centroamericanos o mexicanos) con una prueba general sobre sistemas económicos. Convertir la historia de Miami en una alegoría moral sin matices invisibiliza las diferencias entre oleadas migratorias —la primera, de élites; el éxodo del Mariel en 1980, mucho más popular y racialmente diverso, recibido con considerable hostilidad y prejuicio clasista por el propio exilio histórico—, una simplificación tan funcional al relato como las que comete la izquierda con el embargo.

Por último, la criminalización retroactiva de cualquier matiz, sostenida por ciertos sectores del exilio más duro, boicotea cualquier intento de explicar —no de justificar, sino de explicar causalmente— por qué surgió el castrismo; cualquier reconocimiento de logros reales y tempranos en alfabetización o salud se trata como una traición o como apología encubierta. Esto cierra la posibilidad de un análisis histórico genuino, porque convierte cualquier matiz en sospecha de simpatía ideológica.

Lo más revelador es preguntarse qué desaparece, por igual, en ambos relatos: la experiencia del cubano de a pie que no es ni revolucionario convencido ni exiliado político, sino alguien atrapado en una economía de subsistencia, sin militancia ideológica particular, cuya prioridad cotidiana es la comida, la luz eléctrica y el permiso de salida. Esa mayoría silenciosa —ni heroica gesta antiimperialista ni villano comunista, sino sencillamente gente viviendo bajo escasez crónica y sin mecanismos para cambiar su situación por la vía pacífica e institucional— es la que ambas narrativas de combate necesitan menos, porque no sirve de munición retórica para ninguno de los dos bandos.

Un historiador serio del caso cubano —y los hay, en ambos lados del Estrecho de Florida— podría sostener simultáneamente, sin que ninguna afirmación cancele a la otra, que el régimen cubano —el factor estructural de la crisis nacional— ha usado el embargo como excusa para no rendir cuentas por sus propias decisiones económicas, y que el embargo estadounidense —históricamente justificado en su origen— ha sido real, prolongado y dañino para ciertos sectores y personas más allá de la élite castrista. Ese mismo historiador podría reconocer que hubo logros genuinos en salud y educación en las primeras décadas, y que esos logros se construyeron sobre la eliminación de libertades civiles y políticas que ningún logro material puede compensar. También podría asumir que la Cuba prerrevolucionaria tenía problemas profundos de desigualdad y corrupción que generaron un descontento legítimo, y que la respuesta a esos problemas no tenía que ser, necesariamente, un sistema de partido único de seis décadas. Sin olvidar que el éxito de la comunidad cubanoamericana en Miami es real y notable, y que generalizarlo como prueba moral universal ignora las condiciones migratorias particulares que lo hicieron posible.

Sostener las dos mitades de cada par a la vez es, justamente, lo que tanto la versión “posestadounidense” como la “hiperestadounidense” del relato cubano hacen casi imposible, porque cada bando necesita que la mitad incómoda de la verdad del otro desaparezca para que su propio relato funcione como relato de combate. Pero hay una diferencia estructural importante que vale la pena señalar. En los Estados Unidos, ambos bandos al menos comparten el terreno: discuten sobre la misma nación, presente y existente, y el desacuerdo es sobre cómo narrar su pasado. En el caso cubano, el objeto de la discusión —qué es y qué significa “Cuba”— ha estado tradicionalmente dividido entre dos territorios físicos, dos comunidades con biografías irreconciliables (los que se fueron y los que se quedaron, y dentro de cada grupo, generaciones distintas con experiencias distintas) y un régimen que ha construido su legitimidad precisamente sobre la externalización del conflicto: definir a cualquier disidente interno como agente del exilio, y a cualquier crítico del exilio como agente de Washington. Esto significa que el propio objeto de estudio —el Estado cubano— tiene un interés activo y sofisticado en mantener viva exactamente esta polarización binaria, porque le permite presentar toda crítica como geopolítica y nunca como legítima.

Lo convencional, la memoria y el futuro

Concluyo con algo que me parece crucial y que el debate actual, atrapado entre dos polos, tiende a perder de vista: la historia convencional no es solamente la más honesta hacia el pasado, sino la más útil para el futuro. Una nación que entiende su propia historia como un experimento inacabado —ni condena perpetua ni destino manifiesto— es la única que conserva la capacidad de reformarse sin destruirse. Si el pasado es solo una lista de crímenes irreparables, no hay incentivo para mejorar dentro del sistema: hay que sustituirlo entero, y la historia de las sustituciones revolucionarias —la conozco perfectamente, pues la pagué con el exilio— rara vez termina en más libertad. Si el pasado es solo un catálogo de glorias, no hay incentivo para corregir nada: la denuncia del error se convierte, en sí misma, en el enemigo a perseguir.

La historia convencional, en cambio, ofrece algo que ninguna de las dos narrativas extremas puede ofrecer: una teoría del cambio dentro de la continuidad. Permite decir —y esto me parece la lección central del experimento americano para el resto del mundo— que una nación puede traicionar algunos de sus propios ideales fundacionales y, sin embargo, apelar a esos mismos ideales para corregir la traición. Ese fue el argumento de Frederick Douglass, de Abraham Lincoln, de Martin Luther King Jr.: no negar la Declaración de Independencia por hipócrita, sino exigir su cumplimiento. Esa estrategia retórica y política —apelar a las propias promesas incumplidas de la nación para exigir su cumplimiento— es, a mi juicio, una de las contribuciones más originales y universalmente valiosas de la experiencia americana a la historia de la libertad en el mundo. Y solo es posible si el pasado se entiende como recurso y no solo como acusación; como promesa parcialmente cumplida y no solo como mito fundacional intocable.

Termino donde empecé: como cubano, historiador y exiliado, como alguien que ha pasado trece años aprendiendo de esta sociedad —a la que vuelvo siempre con sorpresa, admiración y cariño—, sin dejar de mirarla con la distancia crítica que me da haber perdido una patria por culpa de una historia mal comprendida y peor trastocada. Entiendo —acaso mejor que muchos nacidos aquí— lo que cuesta no tener un relato nacional compartido. Comprendo lo que significa crecer bajo una historia oficial que no admite revisión, y sé también —porque también lo he visto en el exilio cubano— lo que significa que la nostalgia por un pasado idealizado sustituya al examen honesto de lo que realmente ocurrió. Por eso reconozco, con una mezcla de alarma y de la peculiar lucidez que solo da haber sufrido la experiencia totalitaria, las dos tentaciones que hoy disputan la memoria de este 250.º aniversario.

Y por eso también puedo decir, con convicción, que la historia de los Estados Unidos —contada de manera convencional, con su luz y su sombra, sin la beatificación hiperestadounidense ni la condena sin atenuantes del posestadounidismo— sigue siendo, pese a todos sus errores y violencias, un repertorio extraordinario de ejemplos y advertencias para el resto del mundo. Ejemplo de que el autogobierno es posible, de que el poder puede limitarse a sí mismo por ley, de que una constitución escrita por hombres imperfectos puede contener, sin embargo, los instrumentos de su propia corrección a lo largo de los siglos. Y advertencia, también, de cuán fácil es que esa misma maquinaria institucional se use para excluir, para esclavizar, para desposeer, y de cuán fácil resulta hoy, otra vez, que el poder ejecutivo intente reescribir el pasado a su medida, o que ciertos sectores de la propia academia renuncien a la complejidad en nombre de una pureza moral retrospectiva.

Mientras daba la revisión final a este pequeño panfleto, supe de la muerte -hace algunas semanas- del destacado historiador Gordon S. Wood, estudioso de la ideología e historia de la joven Revolución Americana. Inevitablemente, la noticia me ha hecho recordar como sus ideas sobre la complejidad y contingencia del cambio social, el valor de las narrativas compartidas y el rechazo a las mamipulaciones y movilizaciones extemporaneas de la memoria han impregnado -desde aquellos meses en la Madison Fellowship- mi propia mirada sobre la historia de Estados Unidos y el sentido de la labor historiográfica. Y en ambas dimensiones -sobre el devenir de esta nación y acerca del oficio de historiador- el lugar y valor de una sensibilidad liberal adquiere un lugar central de toda la trama.

Porque para quienes, como yo, seguimos luchando por la libertad en países donde esa palabra ha sido secuestrada con brutalidad por un poder despótico, los Estados Unidos —con todas sus contradicciones documentadas, no escondidas— siguen representando una posibilidad concreta y no solamente una abstracción: la de que una sociedad puede equivocarse gravemente y, sin embargo, conservar dentro de sí los recursos morales y políticos para enmendarse. Esa es, me parece, la verdadera función cívica de la historia convencional en el 250.º aniversario de la independencia de los Estados Unidos de América: no celebrar sin matices, no condenar sin esperanza, sino transmitir, con la honestidad que el oficio exige, la historia completa de un experimento que sigue, todavía, inacabado —y que por eso mismo, todavía, vale la pena defender.

Amherst, Massachusetts, 2 de julio de 2026

Nota

[1] El autor agradece los agudos comentarios de Lilan Guerra y Enrique del Risco sobre versiones anteriores de este trabajo. Las pertinentes observaciones de Marial Iglesias y Mike Bustamante, recibidas en fecha posterior a la entrega al editor de este ensayo, serán atendidas en una versión ulterior, modificada y expandida, del mismo.

Armando Chaguaceda. Politólogo e historiador, profesor visitante de la cátedra Karl Loewenstein en Amherst College. Investigador en el think tank Gobierno y Análisis Político (GAPAC). Con 30 años de experiencia docente en Cuba, México, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Nicaragua y Venezuela. Experto del proyecto V-Dem especializado en el estudio de los procesos de democratización y autocratización en América Latina y Rusia. Editor, coautor y/o autor de numerosas publicaciones sobre esas temáticas. X: @DMando21

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Posted: July 3, 2026 at 6:08 pm