Mucho poder, poca capacidad

Share / Compartir

Shares

Concentrar poder no es lo mismo que construir capacidades. Más control y menos límites no significan mejores resultados. La relación entre una mayor centralización política y un pobre desempeño público es cada vez más evidente.

Una paradoja define el momento histórico por el que atraviesa hoy México, poco más de un año después del arranque del sexenio de Claudia Sheinbaum: concentrar poder no equivale a desarrollar capacidades. Una cosa es acumular control y otra, muy distinta, construir Estado. La relación entre una mayor centralización política y un pobre desempeño público es cada vez más evidente.*

Una primera muestra de esa desproporción está en la debilidad de los contrapesos. Entre octubre de 2024 y junio de 2025, 95% de las iniciativas que Claudia Sheinbaum envió al Congreso fueron aprobadas. El contraste con el sexenio anterior es significativo: durante el gobierno de López Obrador, la tasa de aprobación de iniciativas presidenciales fue 63%. Esa diferencia indica, más que eficacia parlamentaria, un vaciamiento del Poder Legislativo como instancia con vida propia para la deliberación democrática. Algo semejante ocurre en el frente judicial: en la elección de juzgadores hubo una participación de apenas 13% de la lista nominal, en medio de una proliferación de “acordeones” que indujo patrones de voto difíciles de conciliar con una contienda equitativa. Además, 56% de los nuevos integrantes de la Suprema Corte y 71% de los de la Sala Superior del Tribunal Electoral tienen familiares en el gobierno. Lejos de reafirmar la autonomía del Poder Judicial, esos porcentajes refuerzan la impresión de una justicia políticamente más próxima al poder que socialmente legitimada para contenerlo. En uno y otro caso, la consecuencia no es una república más robusta, sino un Poder Ejecutivo menos acotado.

Lo mismo puede decirse en materia de escrutinio. La desaparición del INAI en marzo de 2025 no combatió la opacidad del poder: redujo la posibilidad de detectarla. Entre marzo y diciembre de 2025, las quejas relacionadas con el acceso a la información cayeron a 15,828; en el mismo periodo de 2024 habían sido 39,081. Esos números no hablan de un gobierno más eficaz ni más abierto; exhiben uno donde la desaparición de los mecanismos de control hace más difícil encontrar irregularidades y exigir cuentas. El saldo no es una administración pública más transparente, es una ciudadanía con menos instrumentos para vigilarla.

El problema no se agota en el ámbito de las instituciones: atraviesa también la forma en que el Estado enfrenta la desigualdad. La proporción de hogares beneficiarios de al menos un programa social pasó de 28% en 2018 a 32% en 2024; sin embargo, entre los hogares de menores ingresos esa cobertura cayó de 78% a 53%, mientras entre los de mayores ingresos subió de 8% a 21%. De cada 100 pesos adicionales destinados a ese rubro, 64 terminaron en la mitad de los hogares con mayores ingresos. El problema no es la expansión del gasto social: es que su diseño sea regresivo. La desigualdad, además, no se limita al terreno de los ingresos. Hoy, 45 millones de personas carecen de acceso a servicios de salud y 63 millones no cuentan con seguridad social. Para el ciclo escolar 2024-2025, la matrícula de educación básica en escuelas públicas fue 1.9 millones de alumnos menor que en el ciclo 2018-2019. La pobreza de aprendizajes alcanza 43%. Entre estudiantes de 15 años, dos de cada tres no pueden realizar operaciones matemáticas simples y uno de cada dos no tiene comprensión lectora. Las brechas no pueden reducirse sólo con transferencias; hay que atender, a su vez, el acceso efectivo a derechos y servicios públicos básicos. El Estado puede estar repartiendo más, pero eso no quiere decir que esté redistribuyendo mejor.

En seguridad, el discurso oficial ha descansado sobre un dato sorprendente: el promedio diario de homicidios dolosos habría bajado de 92 en 2024 a 64 al cierre de 2025. ¡Una caída de 30% en apenas un año! Precisamente por lo abrupto de ese viraje, convendría mirarlo con cierta distancia crítica. Varios análisis han cuestionado la manera en que se miden y clasifican esos homicidios: desde la mezcla de indicadores hasta la exclusión de asesinatos ocurridos en enfrentamientos con grupos criminales o de cuerpos hallados en fosas comunes, pasando por reclasificaciones que harían ver como reducción lo que podría ser más bien un “desplazamiento estadístico”. En semejante contexto, no deja de llamar la atención que en el mismo periodo en que los homicidios dolosos parecen bajar, otros delitos contra la vida y la integridad corporal hayan subido 6%. Otros indicadores se suman a esa perplejidad. En el primer semestre de 2025 hubo 18% más desapariciones que en el de 2024; se registraron casi 6 mil víctimas de extorsión, 7% más que el año previo y el nivel más elevado desde que se lleva registro –aunque la “cifra negra” se estima en 97%–; y la percepción de inseguridad pasó de 59% en septiembre de 2024 a 64% en diciembre de 2025. La pregunta, entonces, no es únicamente si los homicidios bajaron tanto: es, además, si el país se ha vuelto realmente más seguro o si la violencia sólo ha cambiado de forma.

La militarización también se ha normalizado. Lo que en otros momentos se justificó como medida excepcional se ha ido volviendo una herramienta ordinaria de gobierno. La Operación Frontera Norte, por ejemplo, implicó el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional y más de 2 mil del Ejército en 18 puntos críticos: menos para combatir la violencia criminal que para tareas de control territorial, contención migratoria y administración política de la frontera. Al mismo tiempo, el presupuesto conjunto de Sedena, Marina y Guardia Nacional alcanzó 244 mil millones de pesos: el tercer ramo más grande del presupuesto federal, sólo detrás de Bienestar y la SEP. Mientras tanto, miles de militares y marinos siguen encargados de aduanas, puertos, aeropuertos, trenes, infraestructura y un sinfín de proyectos ajenos al ámbito de la defensa. Lo inquietante no es sólo la ampliación de esa presencia, sino el hábito político que está formando: el desplazamiento militar de lo civil deja de ser un recurso extraordinario para convertirse en una práctica cotidiana que, al amparo de la “seguridad nacional”, amplía el reino de la opacidad.

La concentración de poder tampoco ha traído consigo mayor dinamismo económico; más bien lo contrario. Entre 1993 y 2018, México creció a una tasa promedio por encima del 2%; en el sexenio de López Obrador, ese crecimiento promedio fue de menos de 1%; y en el primer año de Claudia Sheinbaum, la economía avanzó apenas 0.1%. De hecho, el PIB per cápita cayó 0.3% y la inversión retrocedió 7%. No parece un bache pasajero: ya son siete años. Si el neoliberalismo fue una etapa de crecimiento mediocre, la “cuarta transformación” se está configurando como una era de estancamiento sostenido. Lejos de producir certidumbre, ha engendrado desconfianza.

Y, sin embargo, pese a evaluaciones mayoritariamente negativas en materia de seguridad pública y corrupción (ambas por arriba del 70% de desaprobación desde agosto de 2025), la popularidad presidencial se mantiene alta: en octubre de 2025 alcanzó 73% y cerró el año en 69%. Esa disonancia sugiere que la ecuación de la legitimidad ha cambiado y que el respaldo popular a la presidencia no se ve tan afectado por aquellas áreas en las que su gestión sale peor evaluada.

Al final, todo desemboca en la pregunta decisiva: ¿para qué? Esa es, en última instancia, la prueba más importante para cualquier proyecto de gobierno. No basta con tener más control, hay que demostrar para qué sirve. Si la concentración de poder no se traduce en menos abusos, derechos más accesibles, mejores servicios públicos, más seguridad y mayor dinamismo económico, entonces no estamos ante un proceso de fortalecimiento de lo público. Estamos ante una forma de mando que centraliza decisiones no para resolverlo, sino para administrar el deterioro que ella misma genera.

Photo by Markus Winkler on Unsplash

* Este artículo se basa en mi interpretación personal del más reciente informe de Signos Vitales (de donde provienen todos los datos), mismo que tuve el gusto de presentar el 10 de marzo pasado, junto con Enrique Cárdenas, Edna Jaime, Carlos Lascuráin y Manuel Molano.

Carlos Bravo Regidor. Es analista político. Estudió Relaciones Internacionales en El Colegio de México e Historia en la Universidad de Chicago. Sus áreas de especialización son la historia y la política contemporáneas, tanto en México como en Estados Unidos. Su libro más reciente es Mar de dudas. Conversaciones para navegar el desconcierto(Gatopardo / Grano de sal, 2025). X: @carlosbravoreg

©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.

Posted: March 18, 2026 at 10:10 pm