La incógnita venezolana

I

En los próximos días se despejará un conjunto de  incógnitas clave para Venezuela: la primera de ellas atiende desde luego a las posibles pugnas dentro del oficialismo; la segunda al comportamiento del liderazgo opositor; la tercera, a los actores internacionales. Lo que se sabe con certeza hasta el momento, es que la revolución que logró quebrar al país con las más grandes reservas de petróleo del mundo y lo ha convertido en el campeón mundial de la inflación con el más alto índice de homicidios, perdió apoyo entre naciones extranjeras. Ya no solo tiene, según todas las encuestas, a ocho (hasta nueve)  de cada diez venezolanos en contra sino también logró que la comunidad internacional fijará sus ojos en una debacle democrática anterior a la muerte de Hugo Chávez, el carismático expresidente de Venezuela.  

II

En Venezuela los cinco poderes públicos -ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y moral (Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría)- estuvieron bajo la férula de Hugo Chávez hasta su muerte. Con el advenimiento de su ungido, Nicolás Maduro, por primera vez un poder público, el más importante en una democracia, fue ganado con amplia mayoría por la oposición nucleada en la Mesa de la Unidad Democrática: la Asamblea Nacional. Desde su inicio, el parlamento de mayoría opositora recibió ataques fulminantes del Tribunal Supremo de Justicia que lo maniataron  en sus facultades constitucionales hasta que finalmente dicho tribunal lo declaró en desacato, es decir, en desobediencia por juramentar a tres diputados indígenas del Estado Amazonas impugnados por el oficialismo. No ha habido manera de que se resuelva este asunto, sea con nuevas elecciones, sea con el reconocimiento de los diputados amazonenses.  Por lo tanto, toda ley formulada por la Asamblea Nacional no tienen validez y la inmunidad parlamentaria (la protección especial ante la justicia que todo parlamentario posee y solo puede ser retirada por decisión del propio parlamento) está en grave peligro. La guerra entre poderes públicos fue la constante en 2016: todos contra el legislativo fue la consigna oficialista. Esta situación se mantuvo hasta que el Tribunal Supremo de Justicia en los últimos días de marzo de los corrientes promulgó las sentencias 155 y 156 en las que se le quitaban todas las atribuciones conferidas por la constitución a la Asamblea Nacional: se trataba prácticamente de la disolución del parlamento.

III

La declaración de ruptura del hilo constitucional efectuada por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a raíz de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia  que terminan de confiscar las atribuciones de la Asamblea Nacional, así como el público reconocimiento  de la tasa oficial de homicidios en Venezuela (70 por cada cien mil habitantes), implican un aparente deslinde de las posiciones del poder ejecutivo y del poder judicial en cuanto a silenciar cifras oficiales y atacar al poder legislativo. El diputado Saúl Ortega, del Partido Socialista Unido de Venezuela,  comparte la posición de  la fiscal. Este deslinde que acerca a dos instituciones como el Ministerio Público,que forma parte del  Poder Moral,  y la Asamblea Nacional  (no estamos hablando de personas ni parcialidades políticas, sino de instituciones) intentó ser subsanado con la reunión del Consejo de Seguridad y Defensa convocado por el presidente Nicolás Maduro -sin la presencia de  Luisa Ortega Díaz,  la Fiscal General de la República, y de Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional, miembros natos de tal consejo-,   el jueves 30 de marzo, en el cual se exhortó al Tribunal Supremo de Justicia  a rectificar su sentencia. La rectificación acordada es en sí misma una grave falta al estado de derecho pues se evidencia la inexistencia de la separación de poderes al plegarse el Tribunal Supremo de Justicia a las órdenes del poder ejecutivo sin respeto alguno por las formas jurídicas. Además no hay que llamarse a engaño pues desde enero de 2016, como ya se ha indicado,  el Tribunal Supremo de Justicia ha dictado una serie de sentencias contra la Asamblea Nacional. Las sentencias  155 y 156 fueron solo la estocada final y su retroceso respecto a la inmunidad parlamentaria y algunas atribuciones de los diputados no va al fondo del asunto: las amplias facultades del presidente Maduro para hacer contratos internacionales, conseguir préstamos y continuar con las operaciones del arco minero, éstas ampliamente cuestionadas por los expertos en el tema ambiental y los propios disidentes del oficialismo.

IV

Ante esta situación y la falta de elecciones, la oposición ha sido incluso acusada de traición a la patria -con el Tribunal Supremo de Justicia  como valedor de esta grave calificación-, por sus diligencias frente a organismos internacionales como la OEA para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Incluso, diputados opositores, estudiantes  y periodistas  han sido víctimas de maltratos físicos por parte de las fuerzas de seguridad del estado en las protestas de estos días ante la sentencia 155 y 156. Los gremios profesionales y las fuerzas vivas del país exigen la renuncia o destitución de los magistrados del tribunal supremo. El presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges ha insistido en que Venezuela se ha convertido en una dictadura con todas sus letras, nada nuevo por demás, y que hay que apelar a la protesta popular sostenida, con lo cual coincide con el liderazgo de la Mesa de la Unidad Democrática, y a la presión internacional.  Pero para nadie es un secreto que la oposición venezolana tiene un grave inconveniente: solo sabe moverse en escenarios electorales. Siguiendo el término de Steven Levitsky, Venezuela fue un autoritarismo competitivo que mantuvo apoyo popular hasta 2015 cuando se demostró que la oposición se había convertido en una opción electoral: a partir de aquí la palabra dictadura (se habla incluso de tiranía)  se impuso por cuanto el gobierno suspendió los procesos electorales pendientes por temor simplemente  a ser derrotado. Frente a un gobierno de esta naturaleza,  la Mesa de la Unidad Democrática no tiene el músculo combativo para subir los costos de las decisiones del gobierno; al sentarse a dialogar en noviembre pasado, en los términos poco profesionales que lo hizo,  desmovilizó a su amplia base popular. Esta se encuentra temerosa ante la represión, cansada de que le prometan el fin de su desgracia como se hizo con el irrealizable referendo revocatorio de 2016, y socavada por la crisis económica, la diáspora y el pesimismo. La Mesa de la Unidad Democrática es una coalición de partidos de centro izquierda que sostienen estrategias distintas y a pesar de que llegan a acuerdos en horas electorales y comparten un programa básico en caso de llegar al poder, las embestidas gubernamentales en su contra -cárcel y prohibición de salida del país incluidas- mantienen a los políticos en un estado de jaque permanente.

V

A principios de la semana anterior, catorce países de la OEA manifestaron su preocupación por la salud de la democracia en Venezuela, lo cual significó la airada respuesta de la canciller Delcy Rodríguez, del embajador representante alterno ante la OEA Samuel Moncada y de Carmen Luisa Velásquez, en términos de interrupciones a los otros embajadores, descalificaciones a los países del continente, largas parrafadas históricas sacadas de las Venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano (el cuento de ogros y brujas  de la izquierda radical para seducir a incautos), y la interrupción de la rueda de prensa del presidente de la OEA Luis Almagro con Lilian Tintori,  la esposa del preso político Leopoldo López. El resultado infeliz  de tan desacertada diplomacia y de las sentencias 155 y  156 del Tribunal Supremo de Justicia   es que de catorce países pasaron a veinte los que suscribieron sus preocupación por el orden democrático venezolano: separación de poderes, liberación de presos políticos y celebración de elecciones. Se requerían veinticuatro países para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana pero el solo hecho de que la mayoría de los países del continente hayan dejado en evidencia al gobierno venezolano prefigura un escenario difícil para el país. Además, las sentencias 155 y  156 del Tribunal Supremo de Justicia   desataron una ola de críticas de organismos internacionales, el retiro del Embajador de Perú, la llamada a consulta de otros embajadores, las abiertas críticas de gobiernos que habían sido muy discretos como el de Chile y Colombia, amén de que MERCOSUR ha activado el Protocolo de Ushuaia, destinado a los países que alteren el orden democrático. Hasta Rusia, aliado del gobierno, manifestó “preocupación”, así como Federica Mogherini, Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad .  Al momento de terminar de escribir este artículo, veinte países de la OEA ratifican su exhorto respecto a la vuelta de la democracia en Venezuela y la restauración del estado de derecho.

VI

Dentro del oficialismo se ha producido con las declaraciones de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz  una fisura en las más altas esferas del poder  que, independientemente de lo que ocurra en los próximos días y semanas,  evidencia que  dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela no se impone la unanimidad. Desde la muerte de Chávez, importantes cuadros del llamado chavismo entre los que se encuentran ex-ministros e intelectuales, optaron por la crítica frontal contra el gobierno de Nicolás Maduro, inmerso en múltiples acusaciones de nepotismo, corrupción, tráfico de influencias y narcotráfico.  Para analistas como el venezolano Moisés Naím solo la división de las fuerzas armadas, muy calladas hasta el momento ante las declaraciones de la Fiscal, asegura una salida a la dictadura de Nicolás Maduro. La falta de apoyo popular, la presión internacional, las divisiones dentro del chavismo crean un escenario en el que la acción acertada de la oposición y una posición sensata del sector menos comprometido de las fuerzas armadas pueden propiciar una salida electoral.

Pero Venezuela necesita algo más, necesita  un milagro político como diría Hannah Arendt:  un acuerdo nacional. La economía que deja Nicolás Maduro no es la de Chile o España; se parece a la de Polonia o República Checa hace décadas.

Y como decía Adam Michnik, lo peor del comunismo es lo que viene después.

Gisela Kozak Rovero (Caracas, 1963). Activista política y escritora. Algunos de sus libros son Latidos de Caracas (Novela. Caracas: Alfaguara, 2006);  Venezuela, el país que siempre nace (Investigación. Caracas: Alfa, 2007); Todas las lunas (Novela. Sudaquia, New York, 2013); Literatura asediada: revoluciones políticas, culturales y sociales(Investigación. Caracas: EBUC, 2012); Ni tan chéveres ni tan iguales. El “cheverismo” venezolano y otras formas del disimulo (Ensayo. Caracas: Punto Cero, 2014). Es articulista de opinión del diario venezolano Tal Cual y de la revista digital ProDaVinci. Twitter: @giselakozak

© Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Posted: April 4, 2017 at 10:24 pm