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CARLOS BRAVO REGIDOR

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Uno exige, investiga, sanciona o condiciona; el otro coopera, resiste o cede. Es una relación profundamente asimétrica

Qué difícil ha sido seguirle el paso a la política mexicana durante las últimas semanas. Antes de que una noticia terminara de asentarse, otra la desplazaba: una carta delirante a Trump; un acusado que desaparece de los registros penitenciarios estadounidenses; elogios de la DEA a un funcionario mexicano; la detención de un testigo clave; un contralmirante de la Armada de México expulsado de Argentina; un gobernador con licencia que regresa intempestivamente al poder, alimenta rumores de ruptura dentro del oficialismo y, menos de 35 horas después, vuelve a pedir licencia. La sucesión de hechos ha sido vertiginosa; su lógica, esquiva. ¿Qué demonios pasó? ¿Algo conecta todas estas historias?

Hay un denominador común. Andy López Beltrán le escribió a Donald Trump para reclamarle la cancelación de su visa. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, desapareció del registro federal de prisiones estadounidense entre versiones de un posible acuerdo de colaboración con los fiscales del Distrito Sur de Nueva York. En Buenos Aires, el director de la DEA, Terrance Cole, llamó a Omar García Harfuch “socio de confianza” y “buen amigo de Estados Unidos”; ahí mismo, agentes del FBI apoyaron las gestiones ante el gobierno argentino para lograr la expulsión del contralmirante Fernando Farías y lo interrogaron en Ezeiza sobre la red de huachicol y la ruta del dinero. La FGR detuvo en la CDMX a Fausto Corrales, testigo clave en el asesinato de Melesio Cuén; según un testimonio incorporado al expediente, ya había “arreglado las cosas en Estados Unidos”. Rubén Rocha Moya retomó y volvió a dejar la gubernatura, pero la solicitud estadounidense de detención provisional con fines de extradición que lleva su nombre sigue sin resolverse. Trump, visa, fiscales, DEA, FBI, extradición: imposible reconstruir la trama sin toparse una y otra vez con Estados Unidos.

Todo parece caber en un esquema conocido: Estados Unidos presiona y México responde. Uno exige, investiga, sanciona o condiciona; el otro coopera, resiste o cede. Es una relación profundamente asimétrica y por eso solemos discutirla en términos de soberanía e intervención, autonomía y sometimiento. La fórmula de Claudia Sheinbaum – “cooperación sí, subordinación no” – sintetiza bien esa tensión. Bajo esa lógica, los episodios de las últimas semanas serían distintas manifestaciones de una misma pregunta: ¿hasta dónde puede llegar el poder estadounidense y cuánto margen conserva México para resistirlo?

El problema con ese esquema es que imagina a cada parte como si fuera una sola cosa: un Estados Unidos que ejerce presión y un México que la recibe. Esa simplificación oculta algo decisivo del lado mexicano: que los efectos del poder estadounidense no se distribuyen de manera uniforme. Una misma decisión puede debilitar a un actor y fortalecer a otro, aumentar el costo de una alianza y el valor de otra. La asimetría entre los dos países no sólo condiciona a México desde el exterior: también altera la correlación de fuerzas en su política interna.

Basta poner lado a lado a Andy López Beltrán y García Harfuch. La revocación de la visa coloca al primero bajo sospecha, genera especulaciones sobre su padre y enrarece su posición dentro del oficialismo; el respaldo público de la DEA, en cambio, fortalece al segundo como interlocutor privilegiado en materia de seguridad. Con Mérida, Farías y Corrales cambia el tipo de efecto: ya no se juega la reputación, sino la exposición. Cada uno de ellos puede reducir su vulnerabilidad hablando con los estadounidenses; al hacerlo, aumenta la de otros actores en México.

Rocha es quizá el mejor ejemplo. Mientras pesen sobre él una acusación en Nueva York y una solicitud de detención provisional con fines de extradición, su suerte ya no depende solamente de lo que pase en México. Protegerlo significa asumir el costo de defender a un gobernador requerido por la justicia estadounidense; repudiarlo permite, en cambio, trasladarle ese costo a él y a quienes lo respaldan. El factor estadounidense no decide la disputa mexicana, pero redistribuye sus riesgos y expectativas: hace más sostenibles unas posiciones y más difíciles otras.

Tampoco Estados Unidos actúa como un bloque monolítico en la relación bilateral. En 2019, investigadores de la DEA en la Ciudad de México reunieron expedientes sobre unos 35 funcionarios mexicanos sospechosos de colaborar con narcotraficantes y propusieron cancelar sus visas; diplomáticos estadounidenses de más alto nivel frenaron la iniciativa. Uno de los dos agentes que encabezaron ese esfuerzo era Terrance Cole, hoy director de la DEA. El caso Cienfuegos mostró una discrepancia todavía más drástica: agentes de la DEA y fiscales del Distrito Este de Nueva York armaron durante años un caso contra el exsecretario de la Defensa; tras su arresto, el fiscal general William Barr decidió retirar los cargos y devolverlo a México ante el peligro de que su aprehensión dinamitara la cooperación bilateral en materia de seguridad. La fragmentación no cancela su poder: multiplica los puntos desde los cuales puede ejercerse.

Los episodios recientes muestran esa dispersión: Departamento de Estado, fiscales federales, DEA, FBI… No hay evidencia de que sus actuaciones respondan a una misma estrategia ni de que alguien las coordine desde arriba. Pero tampoco hace falta: cada instancia dispone de instrumentos capaces de incidir de maneras muy concretas en México. La acción está dispersa; sus efectos se acumulan.

Por eso el lenguaje con el que solemos hablar de la relación bilateral –palabras como “soberanía” o “intervención”– ya no alcanza. Sirve para pensar cuánto margen conserva un Estado frente a otro, pero no para hacer inteligible la diversidad de acciones estadounidenses ni sus efectos diferenciados en México. No basta preguntar cuánta autonomía conserva México frente a Estados Unidos; hay que preguntar también qué actores mexicanos ganan o pierden poder –y frente a quiénes– como resultado de esa relación.

Tal vez por eso estas semanas han sido tan difíciles de seguir: insistimos en buscar una sola explicación –una orden de Trump, una maniobra de López Obrador, una ruptura en Morena– para acontecimientos que no necesariamente tienen un mismo origen ni responden a un mismo propósito. Lo que sí comparten es otra cosa: en todos ellos, acciones estadounidenses alteran posiciones, riesgos y oportunidades dentro de México. No hacen falta conspiraciones ni intervenciones espectaculares. Estados Unidos ya no es sólo una presión exterior: también es un factor de la política interna.

 

Photo by Bill Nino on Unsplash

 

Carlos Bravo Regidor. Es analista político. Estudió Relaciones Internacionales en El Colegio de México e Historia en la Universidad de Chicago. Sus áreas de especialización son la historia y la política contemporáneas, tanto en México como en Estados Unidos. Su libro más reciente es Mar de dudas. Conversaciones para navegar el desconcierto (Gatopardo / Grano de sal, 2025). X: @carlosbravoreg

 

 

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Posted: August 26, 2026 at 9:03 pm

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