El Salvador
Lucía Ramirios
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El jueves 31 de julio de 2025, un día antes de las vacaciones agostinas y las celebraciones capitalinas en honor al “Divino Salvador del Mundo”; la oficialista Asamblea Legislativa de El Salvador, con 57 de 60 diputados, cambió la constitución de este país y otorgó la posibilidad para que el actual gobernante, Nayib Bukele, pueda reelegirse indefinidamente y alargó los períodos del poder Ejecutivo de cinco a seis años.
Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba la reelección presidencial indefinida
Era el 16 de enero de 1992 y en la plaza cívica del centro de San Salvador, El Salvador, Centroamérica, la gente celebraba el fin de la guerra civil que duró 12 años y dejó 75000 muertos, 12000 lisiados y 8000 desaparecidos, según organismos internacionales.
Los Acuerdos de Paz se firmaron en el castillo de Chapultepec en CDMX, luego de días de negociaciones de la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno del presidente Alfredo Cristiani de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Los Acuerdos de Paz abrieron varios años de alternancia democrática en este pequeño país cuya economía depende principalmente de las remesas que envían los salvadoreños residentes en el exterior, 8479 millones de dólares en 2024.
Antes del presidente Nayib Bukele, que llegó al poder en 2019 e implementó un régimen de excepción en 2022 que suspendió varias garantías y derechos humanos; gobernaron el país tres presidentes de derecha (ARENA) y dos presidentes de izquierda (FMLN).
Sin embargo, estos cinco gobiernos previos al actual no pudieron combatir un problema fundamental que creció hasta límites incontrolables luego de los Acuerdos de Paz: las pandillas. La proliferación de la Mara Salvatrucha y la Mara 18, sus pugnas, enfrentamientos, crímenes de lesa humanidad y el secuestro de las comunidades más vulnerables mantuvo durante años a El Salvador entre los países más violentos del mundo, llegaron a ocurrir de 10 a 30 homicidios diarios, en un país de apenas 6,33 millones de habitantes y 21,000 kilómetros cuadrados.
Cansados de esta situación, y confiados en la incipiente alternabilidad democrática, las y los votantes eligieron en 2019 como su presidente a Nayib Bukele con 1,434,856, un 53.10% de los electores. Sin embargo, la constitución salvadoreña prohibía la reelección y él y su gabinete habían declarado que no optarían por esta vía.
Gracias a la destitución de magistrados y la colocación de funcionarios afines a su gobierno en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el achicamiento de la asamblea de 84 a 60 diputados y la imposición de sus adeptos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE); el gobernante y su partido Nuevas Ideas (NI) cambió la constitución e impuso la reelección en febrero de 2024, consiguiendo, supuestamente, 2,701,725 de votos, un 84,65% del padrón. No obstante, estas elecciones fueron denunciadas nacional e internacionalmente como fraudulentas por caídas en el sistema de conteo, retrasos y muchas irregularidades.
Desde marzo de 2022, ha habido 41 prórrogas legislativas al régimen de excepción, que ha suspendido las garantías constitucionales y el debido proceso, el gobierno celebra la captura de 88,000 “terroristas”, pero organizaciones como Cristosal y el Socorro Jurídico Humanitario reportan más de 6,500 violaciones a derechos humanos, torturas y la muerte de más de 400 detenidos bajo custodia estatal.
En mayo de este año, la asamblea aprobó la ley de agentes extranjeros con la que podrá cobrar el 30% de impuestos a organizaciones no gubernamentales e internacionales que no se alineen al oficialismo. Más de 140 defensores de derechos humanos y más de 40 periodistas están ya en el exilio. La persecución contra estos es abierta y viene del propio gobernante y su gabinete en sus conferencias de prensa y redes sociales.
Según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), en 2024 se produjo un aumento en las agresiones contra la prensa, alcanzando 789 casos documentados, en comparación con los 311 reportados en 2023.
El 13 de mayo de 2025, fueron arrestados Alejandro Henríquez, joven abogado del Foro del Agua, y José Ángel Pérez, pastor de la iglesia Elim y presidente de la cooperativa El Bosque por participar en una protesta pacífica frente a la residencia Los Sueños, en Nuevo Cuscatlán, donde reside Bukele, solicitando que se detuviera el desalojo de 300 familias de bajos recursos económicos.
Ruth López, abogada, jefa anticorrupción de Cristosal y destacada defensora de derechos humanos, fue arrestada el 18 de mayo de 2025 y enviada a prisión. Enrique Anaya, abogado constitucionalista y quien había declarado en diferentes espacios de opinión pública que la reelección del presidente Bukele era inconstitucional, fue arrestado el 7 de junio de 2025.
Los periodistas de El Faro y Revista Factum han denunciado en varias de sus publicaciones supuestas vinculaciones del actual gobierno con las pandillas, así como hechos de corrupción del gobernante y su gabinete.
La licencia de reelección indefinida activada para Bukele recuerda el camino que siguió Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela y el Partido Comunista en Cuba. La alternancia democrática conseguida en El Salvador después de los Acuerdos de Paz ha terminado.
La población salvadoreña manifiesta sentir temor para expresar sus opiniones sobre la política salvadoreña, de acuerdo a una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) en 2024.
Los datos evidenciaban que, al cierre del quinto año de gestión del actual gobierno, el 85.3 % de la población identificó probabilidades de que alguna persona o institución pueda sufrir consecuencias negativas por expresarse de forma crítica sobre el gobierno o el gabinete. Esta nota periodística se escribe desde este contexto.
Foto de the blowup en Unsplash
Posted: August 5, 2025 at 9:58 pm
