Elecciones judiciales: plebiscito de la autocracia

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La destrucción del entramado institucional de la democracia busca legitimarse en las urnas…

El pasmo de lo que queda de oposición en México ante la inminente elección para elegir a jueces, magistrados y ministros es simplemente… pasmosa. La oposición atestigua el proceso como los reos miran al pelotón de fusilamiento, si es que no les han vendado los ojos, antes de que los pasen por las armas. No se trata simplemente de la impotencia frente a un adversario más poderoso: es otra cosa. La derrota ha lastrado la imaginación política. El partido Acción Nacional (PAN) simplemente no atina a comprender su papel histórico en la coyuntura actual. ¿Qué diría Manuel Gómez Morín de sus herederos que se apocan ante la sombra ominosa de la tiranía? Hace poco conversaba con uno de sus políticos más inteligentes en el congreso. Le pregunté por qué el PAN no encabezaba una agresiva campaña denunciando la farsa de la elección –unos comicios en los cuales los ciudadanos sólo participarán como comparsas de decisiones ya tomadas— llamando a no participar. Su respuesta me pareció muy significativa. En primer lugar, muchos panistas temen enfrentarse a cualquier cosa que lleve el mote de “elección” porque no querían antagonizar a la “voluntad popular”. Oponerse a que la gente vote es impopular y por ello es una mala política. En segundo lugar, creen que eventualmente ellos mismos tendrán que recurrir a los jueces que serán electos en junio y por ello les parece incongruente oponerse a la elección. Los más creativos piensan que si la gente acude a las urnas quedará en evidencia la inviabilidad práctica de la elección.  Sin embargo, estas son las razones de un partido que no sólo ha perdido la voluntad de poder sino también la capacidad para concebir un mundo distinto, no dictado por el guion de sus adversarios políticos. La oposición teme a la impopularidad y a los futuros jueces que parirá el nuevo régimen autoritario mexicano. Es incapaz de mirar unos centímetros más allá de estos temores.  El alcance simbólico de la farsa que se llevará a cabo en junio para destruir la autonomía del poder judicial, y con ella la condición habilitadora de la democracia en México, es de igual magnitud que la educación socialista en los treinta o la estatización de la banca en 1982. Es epocal. Podría –debería– ser un punto focal en una campaña de largo aliento para restaurar la democracia en México. Es un Rubicón que se cruzó en la marcha de vuelta a la tiranía: un referente clave en la larga historia del autoritarismo en México. Eso es precisamente lo que el expresidente Zedillo comprendió. Imaginar cómo se podría reconstruir lo que se destruye es tal vez pedirle demasiado a la oposición partidista en México. Sin embargo, no es excesivo exigirle que tenga al menos conciencia clara de lo que significa este momento y que adopte una posición firme.

Debería ser innecesario, pero desafortunadamente no lo es, repetir que las “elecciones” del poder judicial que se celebrarán en junio no reúnen los requisitos mínimos para ser consideradas democráticas. El uso faccioso de los comicios por políticos autoritarios tiene numerosos precedentes, por lo menos desde Julio César en Roma. Ahí se origina el término “cesarismo” para designar las ambiciones dictatoriales que se valen de la demagogia para legitimarse. Sin embargo, aún los panistas más temerosos del demos deberían reconsiderar sus aprehensiones. Contra lo que piensan el apoyo popular a la elección no es aplastante.  Una encuesta reciente de Ulises Beltrán y Asociados encontró que casi el 40% de los encuestados cree que los jueces deberían ser seleccionados de otra manera distinta al sufragio.[1] Un porcentaje nada despreciable de la población cree que los electores no conocen lo suficiente a los candidatos y que los jueces deben escogerse por su experiencia y preparación.  Tienen razón: el 75% de los encuestados no había escuchado el nombre de alguna persona interesada en participar en la elección. Los sufragantes votarán por cientos de personas cuyos nombres no les dicen absolutamente nada. Ni siquiera votan por una entidad partidista reconocible. Sin embargo, es incorrecto pensar que su presencia en las urnas no envía un mensaje. Lo hace.

La farsa de junio es la señal inequívoca de que México ha dejado de ser una democracia. Esa elección representa el umbral, tan difícil de establecer en los procesos de autocratización, a partir del cual un régimen político cambia. Es la línea roja en la arena que separa el antes y el después. Lo es porque no sólo cancela la condición habilitadora para que los partidos en el poder puedan perder elecciones (la definición minimalista de la democracia), sino porque colateralmente destruye el único logro incontestable de la transición mexicana: la integridad de las elecciones. Los comicios judiciales crean un paradigma electoral alternativo. Se trata de un método en el cual las elecciones no son ya la obra de los ciudadanos, quienes ya no contarán los votos. No se conocerán los resultados preliminares en unas cuantas horas como ocurría antes. No hay razón para que ese nuevo paradigma no reemplace al previo en futuras elecciones. El precedente se ha sentado. Acierta Zedillo cuando escribe: “La elección de junio más bien parece un ensayo de lo que viene para futuros procesos electorales federales y estatales, donde la opacidad y el fraude, incluso peores que en los viejos tiempos, serán los rasgos dominantes”.[2]

¿Cuál es el sentido de la elección de junio? El tipo de autoridad que busca el gobierno es muy distinto al que aduce. No se trata de dotar de legitimidad democrática a los jueces sino más bien de un plebiscito sobre la autocracia. Un gesto de aprobación popular a la concentración discrecional del poder, una afirmación de que la separación de poderes es innecesaria o indeseable o ambas cosas. En una palabra: la destrucción del entramado institucional de la democracia busca legitimarse en las urnas. Es cierto que el voto por el partido en el poder en 2024 entrañaba indirectamente un mandato. Sin embargo, aquí no hay ambigüedad alguna. Tiene razón Jesús Silva-Herzog Márquez cuando afirma que votar en esas elecciones es “un acto de irresponsabilidad cívica”.  Sobre el almodrote de la elección judicial sólo se puede repetir lo dicho por el jurista Emilio Rabasa en 1917: “no es posible que subsista como ley fundamental de un país lo que establece como base de organización el desconocimiento de los derechos más elementales y la imposición legal de la tiranía”.

NOTAS

[1] Encuesta telefónica nacional. Elecciones poder judicial. Mayo 2025. https://www.bgc.com.mx/elecciones-judiciales-2025/
[2] Ernesto Zedillo, “México: de la democracia a la tiranía”,  Letras Libres, 27 abril 2025.

José Antonio Aguilar Rivera (Ph.D. Ciencia Política, Universidad de Chicago) es profesor de Ciencia Política en la División de Estudios Políticos del CIDE. Es autor, entre otros libros, de El sonido y la furia. La persuasión multicultural en México y Estados Unidos (Taurus, 2004) y La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970 (FCE, 2010). Publica regularmente sus columnas Panóptico, en Nexos, y Amicus Curiae en Literal Magazine. Twitter: @jaaguila1

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Posted: May 19, 2025 at 9:32 pm