Patria, petróleo y prosperidad incluyente
Roberto Salinas León
La demagogia cuesta. La nostalgia que inspira el “rescate de la soberanía” en materia de la riqueza petrolera del país se ha transformado en un caso escandaloso de estatismo salvaje. Es fuente de angustia, también de insulto, observar el gigantesco derroche que representa este rescate, más aún la insistencia de perseguir la misma ruta fracasada. Ello explica el llamado de que el sector privado participe en la reconstrucción de Petróleos Mexicanos, así como el nuevo “plan” para explorar las formas en las que se pueda convivir con la inversión productiva en el sector energético.
Por un lado, el regreso de monopolios energéticos a partir la defensa ideológica de “soberanía,” y la lamentable marcha atrás en la apertura energética, ha generado una situación insostenible para Pemex, poniendo en riesgo el grado de inversión de la economía mexicana. Pemex, de facto, se ha convertido en un titanic en medio de una tormenta perfecta. Es la empresa petrolera más endeudada del mundo, con casi 100 mil millones USD, más otros 23 mil millones USD en pasivos a proveedores. El pago de facturas, a la vez, ha alimentado un auge paralelo de lo que Luis de la Calle llamada “economías de extensión”: para que te pague, primero me das. Vaya humillación; y más aún cuando se persiste en el populismo iliberal de la soberanía nacional o de que el petróleo es del pueblo. Pemex es de un puñado de caciques y en nada es representativa de independencia nacional.
La producción petrolera refleja una caída estructural, con pérdidas brutas acumuladas no antes vistas. La crisis financiera es exacerbada por las necesidades de ocurrencias como la refinería en Dos Bocas, asunto que representa un capricho ideológico con una factura intolerable para la tesorería de la paraestatal y, por extensión, del propio gobierno. La inyección de 10 mil millones de dólares por parte de las arcas federales (mediante el simpático recurso llamado “P-caps”) implica un refinanciamiento apalancado con garantías tributarias de erarios inexistentes (tataranietos del futuro), que tendrán que pagar todos los platos rotos de la corrupción, la suprema ineficiencia y la soberbia de un nacionalismo completamente anticuando y desarticulado.
El nuevo plan para rescatar Pemex y hacer la empresa rentable en dos años mediante nuevos apoyos financieros y una generosa bolsa financiada por la banca de desarrollo, es una muestra más de la gran ingenuidad de la casta política reinante y su insoportable fetiche de creerse sus propias mentiras. Sin la participación de inversión privada en toda la cadena del sector energético, sobre todo en “upstream” (desarrollo de campos en aguas profundas y ultra-profundas), el país seguirá sufriendo la indecorosa vergüenza de una empresa petrolera que permanentemente requiere destinar dinero bueno de los contribuyentes para cubrir gigantescas pérdidas anuales.
¿Hay alguna forma de reconciliar el sentimentalismo nacionalista alrededor de los hidrocarburos con las necesidades de inversión de capital productivo que requiere el desarrollo del sector energético? La respuesta es: sí. El desafío es alinear una trinidad de incentivos políticos con incentivos económicos y sociales. Es momento de pensar fuera de la caja, ser creativos, con inteligencia e imaginación.
En una visita a la ciudad de México en 2004, el Premio Nobel de Economía Vernon Smith recomendó la idea radical de emular el exitoso caso del Fondo Permanente de Alaska como una estrategia creativa para reconocer la idiosincrasia popular alrededor de los energéticos, pero con un enfoque moderno de mercados de energía abiertos, que permitan cumplir con objetivos fundamentales como disciplina financiera, transparencia en la gestión de recursos, eficiencia productiva, gobernanza profesional de primer mundo, así como competitividad de mercado y, como consecuencia, un mucho mayor flujo de inversión en toda la cadena productiva del sector.
En México se podría contemplar una estrategia similar con alto contenido “nacionalista”. El artículo 27 constitucional otorga la propiedad de recursos materiales en el subsuelo a “la nación”, lo que en principio significa un derecho de propiedad que le pertenece al “pueblo.” En la realpolitik, sin embargo, las decisiones han derivado de caprichos presidenciales del momento sin participación de los ciudadanos. Nosotros proponemos tomarle la palabra al anuncio recurrente de que el petróleo es del pueblo —y si es así, dárselo al pueblo y reconocer derechos de propiedad individuales a cada uno de los ciudadanos mexicanos.
Inspirados por las ideas de Vernon Smith, se podría elaborar un marco de políticas públicas, basados en la creación de un fondo soberano ciudadano para los recursos no renovables en el subsuelo del territorio mexicano, donde los dueños del fondo serían todos los ciudadanos mexicanos, sin distinción o excepción. Ya existe la arquitectura jurídica para conformar este fondo de riqueza ciudadana; lo que hoy se conoce como el Fondo Mexicano del Petróleo. Es decir, a pesar de los enormes desafíos que enfrenta el sector energético mexicano, existe una ventana de oportunidad para contemplar un “cambio de paradigma”, una idea radical con visión de largo plazo que transforme a nuestra sociedad en forma disruptiva pero sana a la vez.
Ello implica poner en marcha un novedoso esquema financiero mediante el cual, en el mediano plazo, se pueda proveer de recursos a un fondo ciudadano con derechos de fideicomiso asignados, el cual sea operado bajo criterios de transparencia y governance. Incluso, este fondo podría, bajo sus propias reglas de inversión, servir para fomentar ciertos sectores y empresas, incluyendo PEMEX y CFE. El fondo ciudadano, una vez que logre un cierto nivel de capitalización, podría iniciar un plan gradual de distribución de dividendos nacionales, individualizados, a los beneficiarios de dicho fondo —es decir, a l@s mexican@s, como auténticos propietarios de los hidrocarburos, tal como establece la letra constitucional.
La fuente de financiamiento del fondo, en el largo plazo, serían todas las regalías, derechos e impuestos establecidos a las empresas, nacionales e internacionales, que participen en toda la cadena del sector energético, particularmente en campos de exploración y explotación. Este esquema, en otras palabras, significa la posibilidad real de financiar el equivalente a un dividendo ciudadano ligado al desarrollo del sector energético nacional. En términos sencillos: repartir los recursos de la riqueza petrolera entre la población, dado que el “petróleo es del pueblo”. La propuesta implica reconvertir al actual Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) en un fondo soberano ciudadano, con autonomía de gestión, similar a los fondos ciudadanos que ya operan, en forma exitosa, en sitios como Noruega o Alaska. Sin duda, le podríamos dar un bonito nombre, muy nacionalista al fondo; digamos, el Fondo Nacional para la Prosperidad Lázaro Cárdenas.
El ingreso individual (anual) por beneficiario sería el resultado del retorno sobre la inversión que generen los recursos acumulados (principal) por el fondo. Y ello requiere individualizar el derecho de propiedad que la Magna Carta otorga a los ciudadanos mexicanos. En el corto plazo (¿cinco años?) esta reconversión del fondo ciudadano requiere una estrategia financiera prudente, de préstamos y futuros, capaz de capitalizar una reserva de largo plazo. En el mediano plazo (¿diez años?), el fondo aumentaría su patrimonio por medio de las regalías que se generen mediante la apertura a la inversión y el desarrollo del sector energético.
Hay ciertas modificaciones que se pueden contemplar. Por ejemplo, el fondo podría emitir acciones o certificados individuales, con grados de preferencia, y elaborar un calendario (nuevamente, un plazo fijo de años a partir de una fecha determinada) de entrega de certificados del fondo que den preferencia a familias de menores ingresos. Los hogares en los primeros deciles podrían recibir los ingresos en un corto plazo, mientras que los hogares de mayores ingresos podrán reinvertir o aportar sus dividendos al fondo o destinarlos a una pensión individual (como es el caso en Noruega).
En una perspectiva de largo plazo, el ingreso total por ciudadano que se pueda repartir dependerá de avances materiales en los nuevos proyectos en toda la cadena productiva del sector energético. Es decir, mientras mayor sea la inversión productiva en energía, mayor será la fuente de posibles ingresos que recibiría el fondo y, por ende, mayor la oportunidad real de repartir un dividendo ciudadano. No hay, bajo este esquema, conflicto entre patria y prosperidad.
Estos recursos no pretenderían ser la solución a la pobreza ni, mucho menos, una varita mágica. Sin embargo, sí representa una medida de prosperidad incluyente que ofrece una red social (“safety net”) creíble, totalmente financiada e infinitamente más costo-eficiente que todos los programas clientelares de asistencialismo vigentes. Además, no hay sacrificio fiscal: los ingresos petroleros del sector público provienen de su estructura tributaria.
Esta propuesta disruptiva implica reconciliar el legado popular de Lázaro Cárdenas de que el petróleo es de los mexicanos, con el pleno desarrollo del sector energético, sobre la base de los principios de apertura, inversión productiva, competencia, oferta y demanda, y rentabilidad compartida.
¡Ni Paco Taibo II o Rocío Nahle tienen derecho a negar este legado de la expropiación petrolera!
Tal como apunta The Economist (20-09-2018) en un editorial sobre sovereign wealth funds: “una idea radical para enfrentar la desigualdad merece mayor atención —un fondo social de riqueza que pueda ayudar a reducir la brecha entre ricos y pobres”. Es la mejor manera de empoderar a mexicanos con derechos de propiedad y convertir la gran riqueza potencial en los subsuelos en riqueza ciudadana, incluyendo futuras generaciones.
Ya es hora de dejar de hacer gárgaras políticas con “el petróleo es del pueblo” y se honre el mandato constitucional que establece que “los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación”.
Roberto Salinas León. (Ph.D. en Filosofía y Teoría Política, Universidad de Purdue) es director de asuntos internacionales de la Universidad de la Libertad. Es presidente de Alamos Alliance, uno de los coloquios económicos más importantes en América Latina. Ha publicado en diversos medios como El Economista, Forbes, Nexos, The Wall Street Journal, Investor’s Business Daily y varios otros. X: @rsalinasleon
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Posted: October 11, 2025 at 11:51 pm
