¿Despolitizar la conver- sación académica? A propósito de un debate en LASA

Share / Compartir

Shares

Como organización, LASA ha adoptado a lo largo de su historia resoluciones sobre temas abiertamente políticos: sobre golpes de Estado, sobre políticas migratorias, sobre el embargo a Cuba, sobre derechos humanos en distintos países. Estas resoluciones son frecuentemente divisivas y a menudo articulan “una sola voz” de la asociación.

Planteando el problema

Mi colega Enrique del Risco ha referido, en un texto suyo reciente, un interesante debate acaecido dentro de la Sección Cuba de Latin American Studies Association (LASA). La propuesta en cuestión, presentada por el historiador Lisandro Pérez[1], juntaba dos mandatos distintos: uno dirigido a los miembros de la Sección —solicitando que se abstuviesen de proponer cierto tipo de resoluciones— y otro dirigido a la dirección entrante —que formulase lineamientos para guiar su respuesta ante resoluciones sometidas por miembros. La naturaleza del tema—intelectual, político, civil —, junto con sus repercusiones prácticas y normativas, ameritan un debate más allá de una entidad académica.

Aunque la propuesta fue presentada con un lenguaje despolarizador de neutralidad y transparencia, un examen cuidadoso de la misma revela que ambos mandatos son problemáticos. El primero es francamente incompatible con los principios de libertad académica y con las normas que rigen a LASA como asociación. El segundo mandato, en cambio, aunque menos problemático en su formulación, no está exento de tensiones.

El corazón del primer mandato es una restricción ex ante: antes de que ninguna resolución sea siquiera redactada o debatida, se pide a los miembros que se abstengan de proponerlas si su objeto es “pronunciarse con una sola voz sobre temas eminentemente políticos y divisivos.” Esta restricción anticipada choca frontalmente con un principio elemental de cualquier organización democrática: el derecho de los miembros a someter propuestas para que la colectividad delibere y decida. De tal suerte, la propuesta descansa sobre dos calificativos —”eminentemente políticos” y “divisivos”— que no son categorías analíticas neutras sino juicios de valor susceptibles de aplicación arbitraria. Pero…, ¿qué hace que un tema sea “eminentemente político”?

En el contexto de los estudios latinoamericanos, y de los estudios cubanos en particular, la frontera entre lo académico y lo político es exactamente el terreno en disputa. Una resolución sobre el acceso de investigadores independientes a archivos cubanos sobre la situación de académicos encarcelados o sobre las condiciones del trabajo intelectual en la isla, puede ser caracterizada como “política” por quienes prefieren que esos temas no se debatan, y como estrictamente académica por quienes los padecen o los estudian. Dejar la definición de “eminentemente político” sin determinar equivale a entregarle a alguna autoridad —la dirección, una mayoría circunstancial, o simplemente la convención dominante— el poder de decidir qué temas son legítimos y cuáles no antes de que el debate ocurra.

El término “divisivos” es aún más problemático. Todo tema de importancia sustantiva divide a quienes lo examinan. La divisividad no es un defecto de una propuesta; es, en muchos casos, la señal de que toca algo real. Prohibir los temas divisivos es, en la práctica, prohibir los temas que importan.

La libertad académica, tal como la entienden las grandes asociaciones de humanidades y ciencias sociales —incluyendo la American Association of University Professors (AAUP) y la propia LASA— no es solamente la libertad de investigar sin interferencia estatal. Incluye también el derecho de los académicos a pronunciarse colectivamente sobre asuntos que afectan las condiciones del trabajo intelectual y la vida pública. Las asociaciones académicas han adoptado históricamente resoluciones sobre guerras, sanciones, condiciones de encarcelamiento de colegas, acceso a información, y decenas de otros temas “políticos y divisivos.” Pedirles a los miembros que renuncien anticipadamente a ese derecho no es proteger la libertad académica; es restringirla con el lenguaje de la prudencia.

La incompatibilidad con el reglamento y la práctica de LASA

Como organización, LASA ha adoptado a lo largo de su historia resoluciones sobre temas abiertamente políticos: sobre golpes de Estado, sobre políticas migratorias, sobre el embargo a Cuba, sobre derechos humanos en distintos países. Estas resoluciones son frecuentemente divisivas y a menudo articulan “una sola voz” de la asociación. Si se aplicara la lógica de la propuesta al conjunto de LASA, buena parte de su historia de pronunciamientos colectivos quedaría proscrita. Más aún: los reglamentos de LASA establecen procedimientos para someter y debatir resoluciones precisamente porque reconocen que los miembros tienen ese derecho. Una norma seccional que restrinja anticipadamente el ejercicio de ese derecho está en tensión con la arquitectura procedimental de la organización mayor, que no delega en las secciones la facultad de amputar derechos de los miembros, sino de organizar su ejercicio.

El segundo mandato —que la dirección formule lineamientos “transparentes y libres de favoritismos ideológicos”— es, en abstracto, razonable. La transparencia procedimental es deseable en cualquier organización. Sin embargo, en el contexto de la propuesta total, este mandato funciona como contrapeso retórico que le da una apariencia de ecuanimidad a lo que es, en sustancia, una propuesta restrictiva. El riesgo específico aquí es que los “lineamientos” que se formulen terminen institucionalizando la discrecionalidad de la dirección para filtrar resoluciones antes de que lleguen a la membresía —lo cual reproduciría, con mayores formalismos, el mismo problema que el primer mandato plantea abiertamente. Si los lineamientos permiten a la dirección determinar qué resoluciones son “demasiado políticas” o “demasiado divisivas” para ser sometidas a votación, habrán convertido a la dirección en un censor institucional, con todas las consecuencias que eso implica para la vida democrática de la Sección.

El peculiar status de la Sección Cuba

La propuesta adquiere una dimensión adicional de complejidad —y una capa adicional de incompatibilidad con la libertad académica— cuando se examina en el contexto específico de la Sección Cuba de LASA. A diferencia de otras secciones de LASA, la Sección Cuba contiene en su seno un sector cuya relación con la libertad académica es, en el mejor de los casos, ambivalente y, en el peor, francamente hostil: el sector de académicos y funcionarios vinculados orgánicamente al aparato cultural e ideológico del Estado cubano, o que operan bajo sus condicionamientos. Este sector participa en los rituales de la libertad académica —presenta ponencias, debate, vota, propone— pero no comparte sus premisas. Para estos actores, la libertad académica es un procedimiento para gestionar en provecho de una agenda antiliberal, no un valor a defender.

Esta asimetría crea una situación estructuralmente distorsionada: cuando se debate una restricción al derecho de proponer resoluciones, el sector que más se beneficia de esa restricción es precisamente el que tiene menos compromiso con los valores que supuestamente la justifican. Las resoluciones que más probablemente serían frenadas por la propuesta son aquellas que incomoden al Estado cubano: resoluciones sobre académicos presos en la isla, sobre censura, sobre el acceso de investigadores extranjeros, sobre la autonomía universitaria en Cuba. Estas son exactamente las resoluciones que el sector oficialista preferiría que no llegaran a votación.

Hay una ironía profunda en el hecho de que la propuesta invoque la preocupación por el “pronunciamiento con una sola voz” como razón para restringir las propuestas. El sector oficialista de la Sección Cuba es, precisamente, el sector que históricamente ha buscado imponer una sola voz: la del silencio cómplice frente a las violaciones de las libertades académicas en Cuba. En el fondo, su objeción no es a que la Sección hable con una sola voz; es a que hable con la voz equivocada, es decir, una voz crítica.

Esto pone de manifiesto que la apelación a la pluralidad y a evitar la divisividad puede funcionar, paradójicamente, como un mecanismo para perpetuar un statu quo que favorece al sector con mayor poder institucional dentro de la Sección —poder que deriva, en parte, de su vinculación con un Estado que controla el acceso al campo de estudio.

Conclusión

La propuesta de “despolitizar el debate”, leída con atención, no es una defensa de la convivencia civilizada dentro de la pluralidad académica, sino una restricción a ella. Su primer mandato suprime anticipadamente el derecho de los miembros a proponer resoluciones sobre los temas más difíciles y más importantes. Su vocabulario central —”eminentemente políticos”, “divisivos”— es suficientemente vago como para servir de instrumento de censura selectiva. Y en el contexto específico de la Sección Cuba, donde un sector con escaso o nulo compromiso real con la libertad académica participa activamente en sus estructuras, la propuesta produce un efecto predecible: blindar de la deliberación colectiva precisamente aquellos temas que más incomodan al autoritarismo y sus agentes.

En cualquier asociación académica digna de ese nombre, incluyendo LASA, los miembros tienen el derecho de proponer, debatir y votar resoluciones. La respuesta adecuada a los desacuerdos sobre resoluciones no es restringir el derecho de proponerlas, sino fortalecer los procedimientos de deliberación y votación que permiten a la membresía decidir, con pleno conocimiento y plena libertad, cuándo y cómo quiere pronunciarse. Ese derecho no puede ser condicionado de antemano por la naturaleza del tema —político, divisivo o de cualquier otro tipo— porque hacerlo equivale a sustituir el juicio colectivo de la membresía por el criterio previo de quienes redactan la restricción. Si una resolución es inapropiada, el mecanismo legítimo para rechazarla es el debate y la votación, no la autocensura impuesta normativamente; incluso cuando ello ocurre con nobles intenciones.

Nota

[1] El texto de la propuesta, formulado por el historiador y retomado por la Directiva dentro del encuentro presencial de la Sección, rezaba: “Que los miembros de la Sección se abstengan de proponer resoluciones cuyo propósito sea hacer que la membresía se pronuncie con una sola voz sobre temas eminentemente políticos y divisivos y que la dirección entrante de la Sección formule lineamientos transparentes y libres de favoritismos ideológicos para guiar la respuesta de los directores ante resoluciones sometidas por los miembros. ”

Armando Chaguaceda. Politólogo e historiador cubano-mexicano. Investigador en el think tank Gobierno y Análisis Político (GAPAC). Con 30 años de experiencia docente en Cuba, México, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Nicaragua y Venezuela. Experto del proyecto V-Dem especializado en el estudio de los procesos de democratización y autocratización en América Latina y Rusia. Editor, coautor y/o autor de numerosas publicaciones sobre esas temáticas. X: @DMando21

©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.

Posted: June 11, 2026 at 11:24 pm