Castrismo, tropicalizando el leninismo

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En un texto anterior hice un balance del legado leninista y de las oportunidades históricas que su expansión, alentada por la Guerra Fría, terminó por obturar. Quiero ahora acercar esa reflexión a las costas y culturas americanas, evaluando el caso cubano como una réplica —con ingredientes propios— del modelo leninista de vanguardia en el hemisferio occidental.

El castrismo como adaptación latinoamericana del modelo leninista: vanguardia, control y represión sobre la vida cotidiana

El triunfo de la Revolución cubana en enero de 1959 no parió de inmediato un nuevo Estado ideológicamente marxista-leninista: Fidel Castro y el Movimiento 26 de Julio se presentaron inicialmente como nacionalistas, antibatistianos y reformistas. Hablaban de restituir la socialdemócrata Constitucion de 1940 y convocar a elecciones libres. Pero entre 1959 y 1961 se produce una conversión institucional e ideológica —muy bien estudiada por la historiadora Lilian Guerra—hacia el modelo de partido único de tipo soviético, formalizada posteriormente con la fundación del Partido Comunista de Cuba (1965) y la integración en el bloque soviético tras la crisis de los misiles (1962). Esta trayectoria —revolución nacional-popular que deriva en Estado-partido leninista— será replicada, con variantes, en varios procesos posteriores: la Nicaragua sandinista en su fase inicial, la Etiopía del Derg, la Angola del MPLA, entre otros casos de la por entonces llamada “vía socialista de desarrollo en el Tercer Mundo”.

Juan Linz, en su tipología de regímenes no democráticos, llegó a clasificar a Cuba como un caso de totalitarismo post-totalitario o sultanístico híbrido: combina rasgos totalitarios clásicos —partido único, ideología oficial obligatoria, movilización permanente, control económico centralizado— con un fuerte componente de personalismo carismático en torno a la figura de Fidel Castro, que lo distingue del burocratismo más despersonalizado del estalinismo tardío soviético. Esta dimensión carismático-personalista —el “líder histórico” cuya legitimidad deriva de la gesta revolucionaria misma, y no de la ideología abstracta— aproxima el caso cubano tanto al modelo leninista como a ciertas dinámicas populistas latinoamericanas previas —el varguismo, el peronismo—; lo que ha llevado a autores como el historiador Rafael Rojas, el escritor Carlos Manuel Álvarez y la periodista Yoani Sánchez, a hablar de expresiones de un “populismo revolucionario” específicamente cubano.

Cuba desarrolló, sin que esto contradiga lo anterior, uno de los aparatos de vigilancia social más densos del hemisferio: los Comités de Defensa de la Revolución (CDR, 1960), organizados por manzana o cuadra, institucionalizaron la vigilancia mutua vecinal como estructura permanente del Estado —una versión latinoamericana, geográficamente miniaturizada, de la delación soviética. A esto se sumaron las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP, 1965-1968), campos de trabajo forzado dirigidos inicialmente contra homosexuales, religiosos practicantes y “elementos antisociales”, episodio que el propio Estado cubano reconoció décadas después como un error grave. Human Rights Watch, Amnistía Internacional y disidentes como Armando Valladares (Contra toda esperanza, 1986) han documentado sistemáticamente la prisión política, la censura de prensa —no existe prensa independiente legal— y restricciones severas a la libertad de asociación y de salida del país, vigentes con distinta intensidad desde 1961 hasta la fecha, a pesar de las reformas migratorias parciales de 2013.

Por otro lado, al igual que en el caso soviético, los testimonios de exiliados y numerosos estudios sociológicos y psicológicos describen cómo el modelo produjo una degradación del tejido interpersonal. La necesidad de “resolver” bajo escasez estructural y vigilancia constante generó una escisión entre el discurso público de lealtad revolucionaria y una esfera privada de crítica silenciada —el fenómeno que en la URSS se llamó doble conciencia—, además de tensiones familiares intensas derivadas del éxodo migratorio masivo. Alrededor de 4 millones de cubanos han emigrado de la isla de 1959, la diáspora proporcionalmente más numerosa de América Latina respecto a su población de origen, calculada hoy en unos 8,5 millones de personas.

Impactos sobre el Tercer Mundo: internacionalismo tricontinental, insurgencia latinoamericana y proyección militar africana

Pero el castrismo no redujo su huella adentro de las fronteras de la isla. Su impacto sobre América Latina —estudiado por especialistas como Kurt Weyland, Hal Brands, María Werlau y Juan Bautista Joffre— puede resumirse en una frase: polarización, insurgencia y contrainsurgencia. El triunfo cubano demostró que la revolución armada podía derrocar a un régimen respaldado por Estados Unidos, lo que catalizó decenas de movimientos guerrilleros continentales entre 1960 y 1990: el ELN y las FARC en Colombia, el MIR chileno, los Tupamaros uruguayos, el sandinismo nicaragüense (triunfante en 1979), el FMLN salvadoreño, entre otros. La teoría del foquismo (Ernesto “Che” Guevara, Guerra de guerrillas, 1960; formalizada por Régis Debray en ¿Revolución en la revolución?, 1967) sostuvo que un pequeño núcleo armado podía generar las condiciones subjetivas de la revolución sin esperar a que maduraran las condiciones objetivas marxistas clásicas: una desviación teórica respecto al leninismo ortodoxo que refleja la impronta específicamente latinoamericana del castro-guevarismo.

De manera análoga a como el bolchevismo alimentó al fascismo europeo, la Revolución cubana —y el temor de Washington a su repetición— abonó a la Doctrina de Seguridad Nacional, que legitimó golpes de Estado y dictaduras militares en Brasil (1964), Argentina (1966 y 1976), Chile (1973), Uruguay (1973) y Guatemala, con el patrocinio directo de la Escuela de las Américas y, en su fase más coordinada, el criminal Plan Cóndor: la colaboración represiva transnacional entre dictaduras sudamericanas (1975-1983), documentada exhaustivamente por diversos historiadores y comisiones nacionales de la verdad. Aquí el paralelismo con el caso europeo de entreguerras es notable: el “peligro rojo” del comunismo cubano sirvió de coartada legitimadora para otros regímenes autoritarios que cometieron violaciones masivas de derechos humanos, con decenas de miles de desaparecidos. Una violencia estatal que, pese a su ferocidad, no puede llevarnos a olvidar el enorme activismo global, muy por encima de las posibilidades de la isla, de Fidel y sus seguidores. La Cuba castrista, a diferencia de otros regímenes revolucionarios latinoamericanos y afroasiáticos, desplegó gran capacidad militar directa muy lejos de su territorio: el envío de tropas a Angola (1975-1991, hasta 50.000 soldados en su punto máximo, decisivo en la batalla de Cuito Cuanavale) y a Etiopía (1977-1978) convirtió a la isla en un actor geopolítico global desproporcionado respecto a su tamaño, financiado y respaldado logísticamente por la URSS.

En el plano de la diplomacia y la influencia civil, La Habana también jugó fuerte. La Conferencia Tricontinental (1966) reunió a movimientos de liberación de África, Asia y América Latina, consolidó a Cuba como epicentro simbólico de un antiimperialismo de “tercer mundo” que trascendía el marco estrictamente soviético, articulando —con la revista Tricontinental y la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL)— una narrativa antiliberal de solidaridad Sur-Sur que influyó en movimientos tan diversos como el Congreso Nacional Africano sudafricano, que llegó a reconocer explícitamente la ayuda cubana en la lucha contra el apartheid —incluida la intervención en Angola, que Nelson Mandela citó como decisiva—, y el Frente Polisario saharaui. Todo este activismo hizo posible que Cuba fuese miembro fundador del Movimiento de Países No Alineados y hasta llegó a presidirlo (1979-1983). Pero su alineamiento militar y económico con la URSS generó contradicciones evidentes con el principio fundacional de no alineamiento, criticadas por otros líderes del movimiento —Tito, Nehru en su momento— que veían en Castro una instrumentalización soviética del bloque, no una tercera vía genuina.

La suma y consecuencias de todos estos eventos, agendas y proyectos, fomentados por el castrismo y su dirigente fundador, han dejado un legado ambivalente en la izquierda global contemporánea. El castrismo generó una huella profunda en la imaginación política de la izquierda latinoamericana y del Sur Global —y en ciertos movimientos de EEUU y Europa— como símbolo de resistencia a la hegemonía estadounidense —el embargo estadounidense, vigente desde 1960 y condenado anualmente por una amplísima mayoría en la Asamblea General de la ONU, refuerza esta narrativa de asedio imperial legítimamente denunciable.

Sin embargo, ese mismo legado ha sido objeto de revisión crítica dentro de la propia izquierda: intelectuales como Jorge Castañeda (La utopía desarmada, 1993) argumentan que el foquismo y el modelo de partido único desviaron a la izquierda latinoamericana de construcciones democráticas más plurales durante décadas. Mientras que la llamada “nueva izquierda” latinoamericana de los años 2000 —Lula, el Frente Amplio uruguayo, incluso sectores del kirchnerismo— tomó deliberadamente distancia del modelo cubano de partido-Estado en favor de vías electorales; si bien continuó solapando su fracaso económico, su represión interna y su ingerencia regional. El chavismo venezolano, heredero declarado y financiador directo del castrismo desde 1999 y hasta 2025, sí replicó de forma más explícita elementos de su aparato de control social: milicias, control mediático, partido dominante.

Un balance en disputa

A diferencia del caso soviético —donde el consenso historiográfico sobre el carácter totalitario y el fracaso sistémico es hoy relativamente amplio, tras el colapso de 1991 y la apertura de los archivos—, el balance del castrismo permanece polarizado entre quienes enfatizan sus logros sociales redistributivos y su resistencia simbólica al imperialismo estadounidense, y quienes subrayan la persistencia, ya por más de sesenta años, de un régimen de partido único sin elecciones competitivas, con presos políticos documentados por organismos internacionales de derechos humanos y sin libertad de prensa —persistencia que ya no puede explicarse, como en los años sesenta, por la necesidad defensiva frente a una invasión inminente. Se trata, en buena medida, de una disputa no solo empírica sino normativa: sobre qué peso relativo otorgar a los derechos sociales garantizados frente a los derechos políticos restringidos, un debate que atraviesa toda la teoría política contemporánea sobre los límites y prioridades de la justicia distributiva frente a la libertad individual.

Cabe entonces preguntarse, a la luz de la evidencia disponible sobre una crisis profunda que hoy afecta todos los órdenes de la vida cotidiana de los cubanos —derivada principalmente del fracaso del modelo socioeconómico vigente desde hace casi siete décadas—, si los logros sociales tempranos y el antiimperialismo del proceso bastan para compensar su saldo negativo en desarrollo, en libertades y, cada vez más, en pobreza y desigualdad. ¿Compensan los logros tempranos y el antiimperialismo el legado castrista? Es la pregunta que examino en lo que sigue.

Aceptar semejante pregunta como punto de partida implica algo metodológicamente importante: distinguir entre evaluar los logros de 1959-1989 (que fueron reales y están documentados) y preguntarse si esos logros, más de sesenta años después, siguen operando como justificación válida de un sistema político que hoy produce los resultados que la evidencia describe. Son preguntas distintas, y fusionarlas es precisamente una maniobra retórica, desgastada pero repetida, que sostiene hoy la legitimidad menguante del régimen.

Los datos recientes sobre el descalabro cubano son inequívocos y proceden de fuentes diversas —organizaciones independientes como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, instituciones internacionales como la CEPAL de la ONU y la propia Oficina Nacional de Estadística e Información cubana (ONEI)—, lo que descarta que se trate solo de fuentes hostiles al gobierno. Según el informe de 2025 del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 89% de los hogares cubanos vivía en situación de pobreza extrema, cifra que subió al 94% en el informe de 2026: cinco puntos porcentuales más que el año anterior. Los apagones, por su parte, se situaron por primera vez como la principal preocupación de los cubanos, por delante de la crisis alimentaria, con cortes eléctricos que en algunas provincias superaron las quince horas diarias durante 2025.

Esta combinación de factores está provocando un vaciamiento poblacional: Cuba perdió 245.264 habitantes en 2025 por migración —un saldo negativo equivalente al 2,5% de la población total—, en un país que acumula ya nueve años consecutivos de pérdida demográfica. Quizás el indicador más elocuente, porque es conductual y no solo actitudinal —la gente vota con sus decisiones, no solo con encuestas—, es que la tasa global de fecundidad cayó a 1,29 hijos por mujer, muy por debajo del reemplazo generacional, y que 245.774 personas emigraron solo en 2025 (CiberCuba, 2026; La Derecha Diario, 2026). Ningún relato de “resistencia antiimperialista compensatoria” explica por qué, si el sistema genera bienestar suficiente para compensar sus restricciones de libertad, casi ocho de cada diez cubanos, según la encuesta del OCDH, desean emigrar o conocen a alguien que lo desea. Esta es evidencia revelada, no reportada: las personas actúan según su propia valoración del balance costo-beneficio de sus vidas, y esa valoración masiva contradice el argumento compensatorio.

Por encima del 90% de los cubanos no confía en que el gobierno pueda resolver los problemas del país, y la desaprobación gubernamental es generalizada (CiberCuba, 2025; ObservaCuba, 2025). Un análisis de la Universidad de Navarra describe la coyuntura como la mayor crisis del país desde 1898: una espiral sin salida clara. Y, de manera negativa para la credibilidad del argumento normativo, crece un consenso académico —recogido, entre otros trabajos, por el Instituto Horizonte Cubano de la Universidad de Columbia— que identifica la inercia estructural, el control estatal sobre la producción y la limitada apertura al sector privado como factores tan determinantes en la crisis como las sanciones estadounidenses. No se trata, por tanto, de un desastre exclusivamente exógeno, achacable solo o principalmente al embargo.

Este último punto es decisivo para el argumento que aquí examino, porque desactiva la coartada explicativa que el propio castrismo ofrece. Pero sobre todo, cuando acudimos a una mirada de larga duración—histórica— y mayor alcance —geográfico—, se aprecian mejor las razones en contra de un falaz argumento compensatorio que no resiste el escrutinio empírico

Tenemos en primer lugar lo insostenible de una comparación congelada en el tiempo. El argumento según el cual los logros sociales tempranos compensan el déficit de libertades compara la Cuba de 1959 —analfabetismo, mortalidad infantil altísima, desigualdad racial extrema bajo Batista— con la Cuba de 1970 o 1980. Pero la pregunta normativa relevante en 2026 no es esa, sino si el sistema político y económico que produjo esos logros hace sesenta años sigue produciendo bienestar hoy. O si, como muestra la evidencia, se ha convertido en la causa principal de un empobrecimiento que revierte activamente esos mismos logros. Porque un sistema de salud que colapsa por apagones de quince horas, falta de medicamentos y el éxodo masivo de médicos —el propio programa de “internacionalismo médico” ha acelerado la fuga de personal sanitario— ya no es el mismo objeto moral que se evaluó en 1980. Un pensador de la talla de Amartya Sen, con su teoría de las capacidades, es muy útil aquí: lo relevante no es que existiera formalmente un sistema de salud, sino la capacidad real y sostenida de las personas para llevar una vida sana, y esa capacidad se está deteriorando aceleradamente, no consolidando.

Por otro lado, el argumento antiimperialista no basta para operar como una explicación honesta y sobre todo suficiente. Es cierto que el embargo estadounidense es real, que ha sido condenado reiteradamente por una amplísima mayoría en la ONU y que ha impuesto costos económicos documentables a la isla: negarlo sería deshonesto. Pero la propia evidencia académica señala que las causas estructurales internas —la ineficiencia de la planificación centralizada, la asfixia del sector privado, la ausencia de incentivos productivos, la opacidad y la mala gestión— son “factores igualmente determinantes”. Esto es coherente con la comparación regional: países bajo sanciones económicas serias encabezados por regímenes autoritarios—como Vietnam después de 1975 o incluso Irán en ciertos periodos— han logrado, mediante reformas de mercado amplias o parciales, resultados de crecimiento muy superiores a los cubanos.[i]

Hay, por tanto una asimetría entre la potencial durabilidad de los progresos y la reversibilidad o ampliacion de los daños. Los logros sociales del temprano castrismo —la alfabetización, ciertas reducciones de la desigualdad racial— son, en su mayor parte, logros consumidos: ya ocurrieron, y su desaparición como argumento retórico no borra el bien que hicieron en su momento a quienes los vivieron. Pero los costos actuales —una pobreza y desigualdad inmensas y en crecimiento, el colapso del sistema eléctrico, la mayor emigración proporcional de la historia cubana reciente— son costos sufridos ahora mismo por generaciones que no tuvieron acceso a aquellos logros y que además ven revertirse los pocos que persistían: la propia esperanza de vida y los indicadores de salud infantil, según reportes de organismos internacionales. Un cálculo compensatorio que promedia el bienestar de 1965 con el sufrimiento de 2026, como si ambos fueran fungibles y el mismo individuo se beneficiara de los dos, es moralmente cuestionable: se trata, en gran medida, de generaciones distintas pagando el costo de decisiones institucionales que no tomaron y que no tienen mecanismo alguno —vía electoral, de prensa o de asociación— para revertir.

Una conclusión analítica… y moral

Cualquier posicionamiento sobre el legado del castrismo para Cuba sería poco riguroso si se ignorase por completo el embargo estadounidense como factor real de daño humano; particularmente sus efectos extraterritoriales sobre las transacciones bancarias y la adquisición de ciertos insumos, documentados por relatores de la ONU. Pero la evidencia disponible hoy sostiene con bastante solidez la tesis planteada al comienzo de este examen: el argumento compensatorio —donde los logros sociales tempranos más la resistencia antiimperialista serían igual a legitimidad continuada— depende de una comparación temporalmente descontextualizada de los logros de hace sesenta años frente a los costos de hoy. Solo desde ese error —fruto de la ignorancia o el dolo— puede sostenerse en 2026 una atribución causal desproporcionada al factor externo frente al creciente consenso popular y académico sobre las causas estructurales internas.

La pregunta que la evidencia empírica actual plantea con más fuerza ya no es si el castrismo tuvo logros —cuando los tuvo—, sino si un sistema político sin mecanismos internos de rendición de cuentas o corrección —elecciones competitivas, prensa libre, alternancia— puede, estructuralmente, revertir una crisis que sus propias causas internas de gestión han producido. Sobre todo, cuando esa misma ausencia de mecanismos correctivos —la falta de libertades y derechos de todo tipo, que sostienen la democracia—es la variable central del problema, y no un dato circunstancial más que sumar a la balanza. No, Fidel: la Historia no te absolverá. Sino, que le pregunten a quienes padecen los terribles resultados de tu utopía.

NOTA

[i] El hecho de que Vietnam —también gobernado por un partido comunista leninista y también con una relación histórica conflictiva con Estados Unidos, expresada en una guerra con millones de muertos— haya reducido su pobreza extrema de forma drástica desde el Đổi Mới de 1986 sugiere que el bloqueo estadounidense, no es la variable explicativa suficiente del fracaso cubano, sino el grado de control estatal directo sobre la producción, el intercambio y el consumo. Esto no absuelve al embargo de sus costos humanitarios, que son reales, pero sí debilita su uso como explicación exclusiva o principal.

Armando Chaguaceda. Politólogo e historiador, profesor visitante de la cátedra Karl Loewenstein en Amherst College. Investigador en el think tank Gobierno y Análisis Político (GAPAC). Con 30 años de experiencia docente en Cuba, México, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Nicaragua y Venezuela. Experto del proyecto V-Dem especializado en el estudio de los procesos de democratización y autocratización en América Latina y Rusia. Editor, coautor y/o autor de numerosas publicaciones sobre esas temáticas. X: @DMando21

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Posted: October 18, 2026 at 10:27 pm