Ley censura: falló el primer intento 

La llamada Ley Censura no es lo único reprobable en la nueva Ley de Telecomunicaciones que el gobierno busca aprobar, sino lo más visible. Otros puntos que aborda la iniciativa son igualmente preocupantes…

Luego de una elección de Estado, en la cual López Obrador tuvo que violar la ley electoral en 54 ocasiones para imponer a su candidata, ascendió Claudia Sheinbaum a la presidencia. Llegó con un mandato autoritario. Su misión: concentrar el mayor poder posible en la presidencia en detrimento de los derechos y las libertades de los mexicanos.

Uno a uno fueron desapareciendo todos los institutos que representaban una contención al poder presidencial. Institutos que los dirigentes de hoy cuando eran oposición habían defendido. Alegaron, para hacerlo, que en ellos había corrupción. Si así fuera, bastaba presentar denuncias contra los corruptos y sustituirlos por funcionarios honestos. Pero no se trataba de sanear las instituciones, sino de acabar con todo lo que limitará al Ejecutivo.

El último instituto en ser desmantelado fue el INAI. Sus funciones de transparencia ahora las desarrollará el gobierno. El gobierno se investigará a sí mismo. Es decir, no se investigará. Los gastos del gobierno volverán a quedar sumidos en la opacidad. La sociedad ya no tendrá elementos para saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos.

El siguiente objetivo fue el Poder Judicial. En 2021, durante el gobierno de López Obrador, se llevó a cabo una ambiciosa reforma judicial, la más importante, dijo en ese momento el presidente, que se hubiera realizado en 30 años. Se depuró el Poder Judicial y se reformó para que pudiera atender a la población más vulnerable. De acuerdo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Zaldívar, “la Corte es hoy [2021] un auténtico tribunal constitucional y en el Poder Judicial Federal tenemos por primera vez una auténtica carrera judicial”. Pues bien, tres años después, López Obrador, de la mano del ex ministro Zaldívar, descubrieron que el Poder Judicial estaba podrido, terminaron de tajo con la carrera judicial, echaron a la calle a miles de jueces y propusieron una nueva reforma judicial radical. En el centro de la nueva reforma se encuentra la posibilidad de que la sociedad elija a sus jueces a través del voto directo. Sólo en Bolivia se ha hecho algo semejante, y con malos resultados. Asociaciones de juristas de todo el mundo, incluyendo por supuesto a la totalidad de los colegios de abogados de nuestro país, reprobaron la medida. Para llevarla a cabo, Morena logró una ilegítima sobrerrepresentación de diputados y en el Senado abiertamente sobornó a un par de legisladores de la oposición para obtener las mayorías necesarias para reformar la Constitución. Los diputados de Morena se apresuraron a legislar porque querían hacerle “un regalo al presidente”. En la superficie parece una medida democrática. En los hechos, se abre la puerta a jueces impulsados por el crimen organizado y por los líderes de las diversas facciones de Morena. Las elecciones se celebrarán en unas cuantas semanas. Nadie conoce a los candidatos. Las boletas contienen, absurdamente, centenares de nombres de desconocidos. Por primera vez en décadas, los votos no los contarán los ciudadanos sino los funcionarios del INE. Más de seis millones de ciudadanos declinaron participar en la elección al darse cuenta de sus múltiples vicios. La elección judicial, en la que se espera una muy baja votación, servirá para supeditar al Poder Judicial a los designios del partido oficial y del Poder Ejecutivo. La república, cuyo elemento central es la división de poderes, habrá dejado entonces de existir. El carácter autoritario del gobierno quedará al desnudo.

Es muy ingenuo pensar que, contando con el control de los tres poderes, el gobierno se detendrá ahí. ¿Por qué habría de hacerlo si nada lo contiene? Podrá legislar lo que le venga en gana y aprobar las leyes que dicte su capricho. Podrá exigir su cumplimiento con el Ejército disfrazado de policía (Guardia Civil) y con los mecanismos coercitivos de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Cuando un gobierno no tiene poderes de contención institucionales se le llama dictadura. El gobierno alega que no puede llamarsele dictadura dado que accedió a su condición democráticamente. Se les olvida que Adolfo Hitler se convirtió en dictador de Alemania a través de elecciones. Se les olvida que una de las características de los gobiernos populistas e iliberales de nuestro tiempo es que utilizan los procedimientos democráticos para llegar al poder y una vez instalados en él destruyen esos mecanismos y procedimientos para cerrar el acceso al poder a quien no pertenezca a su partido.

En campaña Claudia Sheinbaum anunció que luego de la reforma al poder judicial enviaría al Congreso una ley para reformar el sistema electoral. Ya se sabe, con el pretexto de la austeridad y de la corrupción, se intentará que el gobierno se vuelva a hacer cargo de las elecciones. Con eso habremos cerrado un arco que nos habrá conducido de regreso al México de los años setenta: legisladores y jueces bajo el control de la presidencia, un gobierno centralista y con una fuerte presencia del Ejército, un partido hegemónico que tendrá además el control del aparato electoral. ¿Qué otra cosa le falta para ser como la dictadura perfecta que representó el viejo PRI? El control del pensamiento. El control de la libertad de expresión. La posibilidad de poder cerrar a su antojo el flujo de las plataformas digitales. Es decir, la Ley Censura.

Hace unos días, se aprobó en comisiones la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Una aprobación “al vapor” de una iniciativa que los senadores oficialistas no tuvieron tiempo de leer. Con el pretexto de cerrar el paso de spots extranjeros en los medios nacionales, se apresuró el procedimiento legislativo de una iniciativa de ley que llevaba varios meses gestándose en las oficinas de la presidencia. El autor de la iniciativa, José Merino, ex militante contestatario, no ha abierto la boca para defender su iniciativa. De inmediato una ola de protestas se alzó en contra de la iniciativa aprobada en comisiones del Senado. La presidenta alegó que la censura de las plataformas digitales había sido “un error de redacción”. Pero esto no fue sino una mentira más de la presidenta. No se trató de un error. Los senadores morenistas que defendieron la iniciativa lo dijeron muy claro: se trata de “recobrar la narrativa” que el gobierno perdió en las redes sociales, se trata de limitar las críticas al gobierno para que en internet sólo se escuchen las razones “del pueblo”. Quieren hacer en las redes algo semejante a lo que han hecho en los canales públicos del Estado. Medios de propaganda abierta del gobierno, utilizados para golpear a la oposición y a los comentaristas adversos. La Ley Censura es el primer intento de cerrar el paso a la expresión libre en México. No está claro si el Senado atenderá el llamado de la presidenta de frenar esta iniciativa, de corregirla o eliminarla, o si el Senado, siguiendo las órdenes del ex presidente López Obrador, intentará su aprobación. Lo único claro es que este intento de censurar las plataformas digitales y de censurar los medios de comunicación e internet es el primero pero no será el último de los intentos en este sentido.

La llamada Ley Censura no es lo único reprobable en la nueva Ley de Telecomunicaciones que el gobierno busca aprobar, sino lo más visible. Otros puntos que aborda la iniciativa son igualmente preocupantes, tal y como los ha expuesto Artículo 19. La nueva ley permitiría cancelar concesiones de radio y televisión por motivos ambiguos como el “interés público”; eliminaría las garantías para impedir la concentración de medios en pocas manos; facilitaría la vigilancia masiva y el almacenamiento de datos personales; limitaría la transparencia y controlaría el acceso a información pública.

Los autócratas desprecian el pensamiento que no está supeditado a sus razones. Desprecian la libertad de expresión y el pluralismo. Harán todo lo posible para acallar los medios e imponer la censura. No les basta tener todo el poder y la fuerza, no quieren que haya críticas a su gobierno, no aceptan el disenso. Les parece inconcebible que su mal gobierno sea criticado. Los lástima que los medios pongan en evidencia sus errores y sus despilfarros. Saben perfectamente que sin el poder amplificador de los medios digitales no será posible disputarles el poder democráticamente.

Es posible que la Ley Censura sea retirada por algún tiempo. Pero volverá a asomar la cabeza una y otra vez. Forma parte de la naturaleza de este régimen, corrupto y profundamente autoritario.

Fernando García Ramírez es escritor. Editor y colaborador de Letras Libres y columnista de El Financiero. X: @Fernandogr

Posted: April 28, 2025 at 6:54 pm