La soberanía del aguacate

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En determinadas circunstancias, aquello que limita nuestra autonomía frente al exterior puede empujarnos a ejercer con mayor eficacia nuestra autoridad en el interior.

Donald Trump lleva meses amenazando con hacer lo que el gobierno mexicano insiste en que no necesita que haga: utilizar su fuerza militar para combatir al crimen organizado en México. Claudia Sheinbaum le responde reiterando que “cooperación sí, subordinación no”: que su gobierno está dispuesto a estrechar la coordinación con Estados Unidos, pero siempre salvaguardando la soberanía nacional. La semana pasada, sin embargo, ocurrió algo revelador. Estados Unidos suspendió las inspecciones necesarias para autorizar nuevos embarques de aguacate desde Michoacán y México respondió enviando más de 1,500 efectivos a la zona. Para que el gobierno mexicano movilizara a sus propias fuerzas, bastó con que una amenaza no especificada contra intereses estadounidenses terminara poniendo en riesgo el flujo de aguacates hacia su principal mercado.

El miércoles 5 de agosto, la Embajada de Estados Unidos anunció que se suspendían las actividades de su gobierno en Michoacán tras reportar una amenaza no especificada contra “intereses estadounidenses”. La medida dejó sin operar al personal del Departamento de Agricultura cuyas inspecciones son necesarias para autorizar nuevos embarques de aguacate. No fue anunciada como una sanción comercial, sino como una decisión de seguridad. Había antecedentes: en 2022 las inspecciones se suspendieron después de que un inspector recibió amenazas; en 2024, después de que dos empleados del Departamento de Agricultura fueron agredidos y retenidos temporalmente. Esta vez, Washington no reveló la naturaleza de la amenaza ni ha informado que algún inspector haya sido atacado.

No hizo falta más. Al día siguiente, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció el despliegue de 900 miembros del Ejército y 657 elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en las zonas productoras. El gobierno mexicano ofreció además protección a los inspectores estadounidenses para que pudieran trabajar sin riesgo. El sábado, Estados Unidos comenzó a reanudar parcialmente sus actividades en algunos municipios del cinturón aguacatero, tras las nuevas medidas de seguridad y los compromisos asumidos por México.

El incentivo es evidente: México es el mayor productor mundial de aguacate y Estados Unidos absorbe cerca del 90 por ciento del volumen que exporta. Cuando los inspectores dejan de trabajar, una industria de miles de millones de dólares empieza a calcular el costo de la demora. La frontera permanece abierta, los aranceles no cambian y los embarques ya autorizados siguen circulando. Pero, mientras la suspensión se prolonga, dejan de poder inspeccionarse y autorizarse nuevos envíos desde Michoacán hacia el mercado estadounidense.

El episodio parece justificar el reflejo soberanista mexicano. En una relación tan asimétrica, la dependencia económica se traduce inevitablemente en vulnerabilidad política: México depende mucho más del acceso al mercado estadounidense de lo que Estados Unidos depende de cualquier producto mexicano. No sorprende que frente a Washington la soberanía se entienda ante todo como resistencia: impedir que el vecino aproveche su fuerza para imponerse. El problema es que esa idea de la soberanía se agota en la defensa frente al exterior.

Sin embargo, la soberanía no se mide solo por la posibilidad de oponerse a que otro país decida sobre nuestro territorio. También se mide por la capacidad del propio Estado para ejercer autoridad dentro de él: hacer cumplir las reglas, proteger a quienes viven y trabajan allí y evitar que organizaciones criminales cobren extorsiones, controlen carreteras o determinen qué actividades económicas pueden realizarse y en qué condiciones. Un Estado puede defender celosamente su autonomía frente al exterior y ejercer, al mismo tiempo, una autoridad incompleta o comprometida en el interior. La soberanía no consiste solamente en que Washington no gobierne Michoacán; consiste también en que México sea capaz de gobernarlo.

La inseguridad y la extorsión en las zonas productoras no comenzaron con la alerta estadounidense ni eran un problema desconocido para las autoridades locales. Un funcionario del gobierno de Michoacán vinculó la alerta con la violencia posterior a la detención de un presunto líder criminal; el gobernador describió la suspensión como una medida preventiva. Si esa versión es correcta, la alerta surgió en un contexto de represalias por acciones que el Estado mexicano ya estaba emprendiendo. Lo novedoso fue el cambio de escala: en menos de veinticuatro horas, la Defensa anunció un refuerzo de 1,557 efectivos para proteger zonas productoras, empacadoras, vías de comunicación y puntos de inspección. El contraste no demuestra que el Estado estuviera ausente ni que careciera de una política de seguridad en el estado. Muestra que, cuando cambió el costo de la inseguridad, también cambiaron con rapidez los recursos que estuvo dispuesto a desplegar.

La pregunta es inevitable: ¿el Estado mexicano no tenía antes capacidad para proporcionar esa protección o no había tenido suficientes incentivos para hacerlo? Sería absurdo suponer que ese refuerzo basta para resolver la violencia en Michoacán o que un operativo precipitado por una crisis como esta equivale a una política de seguridad sostenible. Pero el episodio recuerda algo que suele olvidarse cuando hablamos de Estados “fuertes” o “débiles”: la capacidad estatal no se ejerce de manera uniforme. Varía según el territorio, el problema y la prioridad. Hay amenazas frente a las cuales se movilizan recursos de inmediato; hay otras que el Estado aprende a ignorar, administrar o incluso normalizar.

Y hay una complicación adicional. En regiones como Michoacán, el crimen organizado no actúa simplemente frente al Estado: también penetra, intimida o coopta algunas de sus instituciones. La narcopolítica añade al problema de la seguridad uno de autonomía estatal. Hay autoridades que dejan de actuar no porque no puedan, sino porque hacerlo afectaría intereses, alianzas o figuras políticamente protegidas. Y ese problema no termina necesariamente en el ámbito local. Puede alcanzar también a la política nacional. La cuestión, entonces, ya no es sólo cuánta capacidad tiene el Estado y cuándo decide utilizarla, sino con cuánta autonomía y contra quién está dispuesto a hacerlo.

¿Por qué una amenaza al comercio consigue alterar de golpe la respuesta frente a una inseguridad que llevaba años formando parte de la normalidad? ¿Y qué revela eso sobre los resortes que producen esa reacción? La extorsión y la violencia pueden incorporarse durante años a las condiciones ordinarias bajo las que viven y trabajan productores, transportistas y comerciantes. Pero cuando esa misma inseguridad amenaza una corriente multimillonaria de exportaciones, el costo de contemporizar con ella cambia radicalmente. Los agravios cotidianos de quienes la padecen no habían bastado para suscitar una respuesta de esa escala; el riesgo de una disrupción comercial sí.

La integración económica con Estados Unidos puede alterar esos cálculos, pero no necesariamente desmontar las redes de intereses y protección que los sostienen. Cuando la inseguridad amenaza una relación comercial estratégica, eleva el costo político y económico de tolerarla y puede inducir al gobierno federal a movilizar recursos con una rapidez inusual. Pero una cosa es proteger caminos, empacadoras e inspectores para mantener funcionando una cadena de exportación y otra desarticular las tramas que vinculan al crimen con el poder. La interdependencia puede volver más costosas ciertas consecuencias de la inseguridad sin volver igualmente costosas todas sus causas. Ahí está su ambivalencia: restringe la autonomía de México frente a Estados Unidos y, al mismo tiempo, fortalece los incentivos para ejercer autoridad dentro del país, pero no garantiza contra quién ni hasta dónde se ejercerá.

Trump suele alimentar la fantasía del poder estadounidense en sus formas más espectaculares: tropas, drones, operativos, destrucción. Lo ocurrido en Michoacán revela una modalidad menos vistosa. Nadie tuvo que ordenarle a México que enviara soldados. Ni siquiera hizo falta formular una exigencia o amenazar con una sanción comercial. La interdependencia asimétrica hizo el trabajo: una decisión adoptada por razones de seguridad elevó súbitamente el costo económico de la inseguridad y alteró las prioridades del Estado mexicano. El efecto no provino de una imposición explícita, sino de una relación suficientemente profunda y desigual como para que la interrupción de uno de sus engranajes bastara para provocar una respuesta.

La presidenta Sheinbaum está obligada a rechazar que Estados Unidos decida unilateralmente emplear sus fuerzas militares dentro de nuestro territorio. Pero defender ese derecho no resuelve la otra mitad del problema. El poder acumulado por las organizaciones criminales es formidable y hacer efectiva la soberanía exige capacidades suficientes para enfrentarlo: no necesariamente para derrotarlo de una vez y para siempre, pero sí para impedir que sustituya al Estado, penetre sus instituciones, condicione la vida económica o imponga sus reglas sobre regiones enteras. Y exige también la voluntad política de investigar y actuar contra quienes cuentan con influencia o protección dentro del propio sistema político. Ese es el deber que suele quedar fuera de la retórica soberanista: no sólo preservar la autonomía frente a Washington, sino fortalecer la autoridad del Estado mexicano incluso cuando Washington no está mirando y ningún mercado exportador está en riesgo. Porque la soberanía no consiste solo en impedir que entren soldados extranjeros. Consiste también en no necesitar que dejen de salir aguacates para mandar a los nuestros.

Foto de Alejandro Duarte en Unsplash

Carlos Bravo Regidor. Es analista político. Estudió Relaciones Internacionales en El Colegio de México e Historia en la Universidad de Chicago. Sus áreas de especialización son la historia y la política contemporáneas, tanto en México como en Estados Unidos. Su libro más reciente es Mar de dudas. Conversaciones para navegar el desconcierto (Gatopardo / Grano de sal, 2025). X: @carlosbravoreg

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Posted: August 10, 2026 at 5:50 pm