Servidumbre voluntaria: la intervención política del CIDE

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Mientras que el hombre noble vive con confianza y franqueza frente a sí mismo […] el hombre del resentimiento no es ni franco, ni ingenuo, ni honesto y derecho consigo mismo. Su alma mira de reojo; su espíritu ama los escondrijos, los caminos tortuosos y las puertas falsas, todo lo encubierto le atrae como su mundo, su seguridad, su alivio; entiende de callar, de no olvidar, de aguardar, de empequeñecerse y humillarse transitoriamente.

Nietzsche, La genealogía de la moral

Desde que el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) fue intervenido políticamente en agosto de 2021 escucho una misma pregunta una y otra vez: ¿por qué el gobierno se ensañó con una diminuta institución pública que logró construir un prestigio internacional considerable en un par de décadas y que había hecho realidad la movilidad social para muchos de sus egresados? Hace unas semanas el director actual del CIDE ofreció una candorosa justificación de ese proceder.  En un artículo titulado “El mandato presidencial y la batalla por transformar al CIDE”  se propone justificar su gestión, impugnada en diversos frentes.[1] Ahí abiertamente reconoce que la intervención del CIDE fue una acción motivada ideológicamente y ordenada desde la más alta investidura: “la transformación del CIDE no nació en un escritorio burocrático ni en la imaginación de algún reformista aislado. Nació en Palacio Nacional, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador –con la claridad histórica que lo distingue– afirmó que esta institución debía dejar de ser un enclave del pensamiento neoliberal y recuperar su vocación pública. Fue el entonces presidente quien me encomendó directamente esa tarea, convencido de que el CIDE debía volver a alinearse, como en su origen, con los intereses estratégicos del Estado mexicano”.

La tirada de López Obrador en contra del CIDE recuerda la animadversión de las dictaduras militares del Cono Sur que acusaban a las universidades públicas de ser focos de izquierdismo. No es la discusión pública sino la palabra revelada del líder lo que justifica –sin recurso de apelación– la cruzada contra esa minúscula institución del Estado mexicano: “el presidente había expuesto con absoluta claridad su diagnóstico: el CIDE se había desviado de su misión pública. En diversas conferencias matutinas señaló que la institución se había ‘derechizado’, que operaba como una segunda versión del ITAM y que el Estado no podía seguir financiando un centro que –en los hechos– reproducía los intereses del sector privado o formaba cuadros disciplinados a los organismos financieros internacionales. Recordó también que el CIDE nació para formar servidores públicos comprometidos con la nación, no para legitimar recetas del FMI ni para subordinar su vida académica a los criterios y jerarquías de la academia anglosajona. Ese diagnóstico presidencial, formulado de manera pública, explícita y reiterada, no fue una simple opinión: fue la identificación precisa de una desviación institucional que el Estado tenía la obligación de corregir. De ahí surgió, exactamente, el mandato que hoy orienta la transformación: recuperar al CIDE para México, para su soberanía intelectual y para un proyecto nacional de desarrollo”.

El director repite calumnias basadas en el prejuicio ideológico y en la ignorancia palmaria de la institución que dirige. Los regímenes autoritarios alrededor del mundo intervienen rutinariamente a las universidades. Les tienen sin cuidado nociones tales como la autonomía universitaria y la libertad de cátedra e investigación. El alegato del director sigue así una lógica comisarial que busca poner al CIDE al servicio de los intereses de los gobernantes y de sus políticas coyunturales. Esta es una visión sobajada de la misión de la universidad pública y de sus objetivos sociales y culturales. Su misión no es “ayudar” al gobierno: es generar conocimiento y enseñar. Tradicionalmente a los gobiernos les incomoda el conocimiento producido por investigadores que buscan la verdad y no son mandaderos de nadie. Esa es la función crítica y esencial de una universidad. Los profesores investigan, no maquilan políticas públicas bajo demanda de los políticos. La apología del director confunde deliberadamente gobierno con Estado, pues concibe de manera instrumental la función del CIDE. El resultado es un uso patrimonialista y faccioso de esa institución. Contra lo que cree el director, la servidumbre voluntaria de la universidad no sirve a ningún interés estratégico del Estado mexicano. Lo que fortalece a un país es su apertura crítica al mundo.  La lógica del comisario lleva, en el mejor de los casos, al sobajamiento de la universidad y en el peor al fraude, como demuestra el caso del genetista soviético Lysenko. Esta visión retobona conduce inexorablemente a la destrucción institucional y a la pérdida de valioso capital humano. La idea de “soberanía intelectual” es un disparate. Las ideas no se sustituyen, como las importaciones. Las ideas viajan y combaten. La fortaleza y el vigor de un país no se debe a una improbable autarquía académica, sino a la apertura al mundo, porque sólo conociendo al mundo se aprecia cabalmente lo propio. Como señaló Kipling: “¿qué saben de Inglaterra quiénes sólo conocen Inglaterra?”

Los alegatos que apelan al nacionalismo intelectual son también la coartada perfecta para la mediocridad. Arropados en la bandera los estatistas de la ciencia pueden dar rienda suelta a sus agravios producto de desaires que atribuyen al malévolo “colonialismo” o al “neoliberalismo”. Es un pretexto que sirve para denunciar parámetros de rigor y excelencia como perversas conjuras extranjerizantes. Otro comisario ilustra muy bien la artimaña de enmascarar la mediocridad con la reivindicación de la suave patria: “cómo aspirar a la filosofía de la liberación, a la expresión máxima de conciencia crítica”, se pregunta Marx Arriaga, “si nos quitaron todo. Nos quitaron el protagonismo, la autogestión, la crítica al poder; nos quitaron los bienes, los minerales, el agua y la tierra; nos quitaron las ilusiones, la cultura; y por quitarnos, nos quitaron hasta la palabra. Nos convencieron de que todo lo que transpire aroma a pueblo está mal, representa atraso y fólclor; mientras que lo europeo y lo anglosajón son paradigmas del progreso. Así, ¿cómo lograremos superar el pensamiento del colonizador? Asistimos a las universidades, a los centros de investigación y nos obligan a iniciar todo discurso con un estado del arte sobre aquellas ideas. Cuando terminamos aquel repaso, estamos tan abrumados por las ideas de ellos, que las nuestras, las que otras y otros pensamos desde épocas prehispánicas, y se pierden en el océano del olvido…”[2]   Lo que esta poética del despojo no puede ocultar es el palmario desconocimiento de la sintaxis de la lengua española. A Arriaga literalmente le escamotearon las palabras: no se sabe qué les pasó a las ideas prehispánicas –y de ahora– antes de que se perdieran en el olvido. Se entiende: la sintaxis es colonizadora. Son las ideas de ellos. Ciertamente existe una hegemonía académica de los centros metropolitanos y sería ridículo negarlo y suponer que eso no moldea de distintas maneras las agendas de investigación en el mundo. Sin embargo, la solución no es la mediocridad aldeana o el prejuicio ideológico sino la crítica lúcida que implica conocimiento de, y competencia en, los paradigmas de la ciencia social internacional. Encontrar un nicho propio en el mundo de la ciencias sociales no pasa por un nacionalismo reactivo, ingenuo y pedestre sino por hallar nichos específicos. Como señaló Phillip Schmitter a comienzos del siglo: “es lógicamente posible que, de forma análoga al comercio y la inversión en bienes materiales, los actores involucrados aprendan a explotar sus diferentes combinaciones de recursos. En lugar de imitar a sus competidores, se especializan aún más en lo que mejor saben hacer (y, en el proceso, se vuelven más conscientes de las limitaciones inherentes a los productos de los pioneros). Especialmente cuando la comunidad politológica es relativamente pequeña y, por lo tanto, sus productos de nicho no amenazan el estatus ni la cuota de mercado del productor hegemónico, esta parecería ser una estrategia inteligente, como lo ilustra ampliamente el relativo éxito en la producción diversificada de calidad de las pequeñas y medianas empresas en los países europeos de tamaño pequeño y mediano. Como mínimo, la experiencia histórica de las pequeñas democracias europeas muestra una marcada tendencia a la diversidad, la innovación y la experimentación. No veo ninguna razón por la que esto no debería ser así para sus respectivos politólogos, y estas diferencias cualitativas podrían incluso aumentar en el futuro en respuesta a ciertas características de la ciencia política estadounidense, de producción masiva y pionera”.[3]

La intervención política del CIDE, sin embargo, nada tiene que ver con esto. Fue un acto ilegitimo de intrusión del poder político en la esfera académica. Para el comisario, en cambio, esa acción del gobierno “no sólo fue legítima; fue indispensable. Las instituciones públicas pertenecen al Estado y, por ende, al pueblo. No pueden quedar capturadas por intereses particulares ni por burocracias académicas que se autodesignan guardianes del saber. Cuando el jefe del Estado identifica que una institución ha sido desviada de su misión, tiene la obligación de corregir. Eso hizo Andrés Manuel López Obrador: recuperar al CIDE como instrumento de la nación, no como un club desconectado de la realidad mexicana”. No sabemos qué significan “recuperar” o “desviación” en esta jeremiada del resentimiento. Contra lo que quiere hacer creer el interventor la “batalla” que ahí se libra es política no intelectual. No es la fuerza de las ideas, la de los datos ni la de los argumentos, tampoco la de la persuasión, la que se despliega desde hace cuatro años. No hay debate: hay imposición. Para justificar la coacción basta una bula papal y la certeza del Cruzado dispuesto a recuperar Tierra Santa para la fe verdadera. No hay un solo balance ponderado de las contribuciones a lo largo del tiempo de ese centro a la vida pública del país, ni a la formación de estudiantes a quienes el CIDE les cambió la vida para bien. La Reconquista, después de todo, no puede hacerse observando reglas o estatutos ni respetando la corrompida institucionalidad. ¿Qué tipo de cruzada sería esa? Se requieren, confiesan los comisarios, medidas extraordinarias, como la contratación discrecional de profesores por invitación y sin concurso. La transparencia es también un obstáculo para la “necesaria”  transformación. Algunos huevos deben romperse para hacer este omelette. Según la diatriba del director, “lo que está en juego no es solo un centro de investigación: es el derecho de México a pensar con cabeza propia y a construir, desde su propia experiencia histórica, los marcos analíticos que orienten su desarrollo. El CIDE no puede seguir siendo un reproductor automático de paradigmas ajenos; debe convertirse en un auténtico centro de pensamiento del Estado mexicano, capaz de nutrir con rigor y visión estratégica las decisiones nacionales”.  Hay una incompatibilidad de fondo entre la misión de una universidad, que es enseñar e investigar en libertad, y la servidumbre voluntaria a los intereses de una facción que usurpa la representación del Estado. No es “el pueblo”, sino ellos los que exigen obediencia y sumisión.  Los comisarios son designados por el gobierno para adoctrinar, supervisar la lealtad ideológica y controlar a las instituciones, asegurando su fidelidad al régimen. Los comisarios no creen en el debate. No dialogan, usan el poder que detentan para evitar la “ingobernabilidad” en sus provincias. Ese proceder atenta directamente contra la misión de las instituciones públicas de educación superior del Estado mexicano. Los comisarios, debería ser obvio, no tienen nada que hacer en las universidades porque en ellas se piensa y se reflexiona críticamente, no se obedece.

Notas

[1] https://contralinea.com.mx/opinion/articulo/el-mandato-presidencial-y-la-batalla-por-transformar-el-cide/
[2] Marx Arriaga, “prólogo Biblioteca SEP Centenaria. Colección Paulo Feire”, en Paulo Freire, El grito manso, México, Siglo XXI, 2024.
[3] Philippe C. Schmitter, 2002. “Seven (disputable) theses concerning the future of ‘transatlanticised’ or ‘globalised’ political science”. European Political Science 1: 23–40.

José Antonio Aguilar Rivera (Ph.D. Ciencia Política, Universidad de Chicago) es profesor de Ciencia Política en la División de Estudios Políticos del CIDE. Es autor, entre otros libros, de El sonido y la furia. La persuasión multicultural en México y Estados Unidos (Taurus, 2004) y La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970 (FCE, 2010). Publica regularmente sus columnas Panóptico, en Nexos, y Amicus Curiae en Literal Magazine. Twitter: @jaaguila1

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Posted: December 22, 2025 at 8:20 pm