Desigualdad de oportunidades

Share / Compartir

Shares

La idea de “redistribuir la riqueza” como medida para combatir la desigualdad del ingreso, sobre todo en economías emergentes como la nuestra, pasa por alto dos asuntos capitales para el progreso humano. Por un lado, para distribuir la riqueza primero hay que generarla. Ésta no es un fenómeno preexistente. Por otro lado, el factor determinante para mitigar la pobreza es facilitar la movilidad social. Esta es la gran prioridad.

Ruth Richardson, una de las arquitectas del milagro neozelandés en los años noventa, sostiene que una política social “inteligente” debe “distribuir oportunidades de prosperidad”. Ello, a su vez, requiere un marco institucional que fomente la movilidad social —que permita, en su conjunto, que los miembros de una sociedad puedan escalar rápidamente de los deciles más bajos a deciles más altos en las estructuras de la población económicamente activa.

Es una prioridad desafiante, donde no hay soluciones instantáneas, pero sí un sentido de urgencia. En nuestro país, la ecología institucional genera entornos sumamente desiguales, que no permiten que los ciudadanos puedan progresar, de forma ágil y acelerada, para alcanzar una mejor condición social futura. Nacer en el sur, crecer en un hogar de pobreza moderada o pobreza extrema, o en una familia de baja escolaridad, representan obstáculos importantes que influyen negativamente en la movilidad social. Según el Informe de Movilidad Social 2025 del Centro Espinosa Yglesias, de cada 100 personas en la base de la escalera económica, 78 no logran salir de la pobreza; y sólo dos alcanzan una posición que los sitúe entre el 20% con mayores ingresos.

Otros factores, como la geografía, también influyen. El contraste entre el centro-norte y el sur del territorio nacional es fiel reflejo del fenómeno llamado los “Dos Méxicos”. En la primera región, 31 de cada 100 personas que nacen en la base permanecen en ella; mientras que en la segunda, esta cifra se dispara a 64. La desigualdad de oportunidades es mucho mayor en el sur del país.

La estrategia de otorgar subsidios directos ha sido un paliativo importante para reducir los niveles de pobreza. Sin embargo, la medida no ha sido acompañada por condiciones que disminuyan, en forma estructural, la desigualdad de oportunidades: mayor inversión en educación, la reducción de trámites (sobre todo para la microempresa), e incentivos para mejorar tanto el flujo de inversión productiva como la productividad. En el fondo, estos y no otros son los factores que hacen posible la distribución justa de oportunidades de prosperidad.

No hay —vale subrayarlo— soluciones mágicas. Los llamados para gravar a “los ricos” o distribuir la riqueza en forma equitativa suelen ser cantos de sirena que, lejos de solucionar la pobreza, se convierten en una parte fundamental del desafío de generar la totalidad de condiciones que ayude a mitigar, en forma estructural, la baja movilidad social que prevalece en las estructuras socioeconómicas del país.

El factor de educación es central. Los economistas que han estudiado el tema, como Ronald Fryer o James Heckman, sostienen que la inversión en capital humano, sobre todo en nivel básico, es un predictor determinante en la movilidad. Habilidades como resiliencia, autoestima y consciencia son herramientas fundamentales de convivencia que permiten una mayor movilidad. En teoría, la escuela debe ofrecer un punto de partida equitativo para todos los miembros de la comunidad educativa. En la práctica, el ecosistema educativo mexicano va en dirección contraria, acentuando la desigualdad de oportunidades. Los datos más recientes reflejan esta lamentable situación. De cada 100 personas cuyos padres sólo cursaron primaria o menos, 39 permanecen en el mismo nivel y apenas 9 logran terminar estudios universitarios. Pero, además, la educación que se recibe es de baja calidad, con pésimos resultados en habilidades elementales como matemáticas, compresión de lectura, historia y ciencias naturales.

Ante esta realidad, los hogares tienen que enfrentar ahora la mal llamada Nueva Escuela Mexicana (que, detrás de la verborrea política, no es nueva ni escuela ni, mucho menos, mexicana). Se trata de la antitesis de las habilidades que Heckman y otros afirman como las condiciones iniciales fundamentales para impulsar la movilidad social. Tal como advierte el especialista en educación Eduardo Andere, la Nueva Escuela Mexicana confunde la interdisciplinariedad con la desaparición de disciplinas. La ausencia de un proyecto de conocimiento estructurado constituye una receta perfecta para el desastre educativo. El resultado serán nuevos jóvenes sin conocimientos básicos, sin las habilidades necesarias para ver hacia adelante, llenos de resentimiento e ideología fincadas en las supuestas historias de horror de la “larga noche neoliberal.” Adicionalmente, sin el contrapeso de evaluaciones independientes que permitan detectar errores y omisiones, ni siquiera tenemos las herramientas para determinar los pasos a seguir —en plena época de transformación tecnológica a velocidad de la luz.

Ante el antagonismo contra conocimientos básicos, el resultado es un aumento significativo en la desigualdad de oportunidades. Según el reporte Fracturas de la movilidad social en México, del magnífico proyecto Signos Vitales, la fractura en la escalera de la movilidad social ocasionada por la mala educación incide en el rango de 12 a 17 años. Ello significa que adolescentes mexicanos del presente se sitúan en “una etapa donde se pierde definitivamente la oportunidad de una trayectoria ascendente”. Y, por consiguiente, pierden la oportunidad de vivir con dignidad y las habilidades necesarias para salir adelante.

Gran parte del debate sobre movilidad y desigualdad se centra en la disparidad del ingreso. Desde sicofantes de la 4T como Viridiana Ríos o John Ackerman, hasta el flamante reporte anual de Oxfam o las fantasías de seudofilósofos como Rutger Bregman, la solución siempre acaba en el predecible simplismo de quitarle a unos para darle a otros. La interrogante capital es cómo aumentar el ingreso, no redistribuir la riqueza—como si ésta fuese un pastel precocinado. Según el oficialismo, la tarea es (al mejor estilo de tratar a los que menos tienen como “animalitos”) repartir el ingreso nacional en partes iguales, determinado por un puñado de iluminados que presumen saber más que todos los demás.

(Y claro, otra consecuencia inevitable de este espejismo igualitario es que, en nuestro México mágico, el que parte y comparte se queda con la mejor parte —Adán Augusto, Andy, Bobby, Rocío Nahle y un larguísimo etcétera.)

La organización Archbridge Institute se dedica a estudiar el vínculo entre la riqueza, la alta movilidad social y el florecimiento humano —es decir, cómo potenciar a todos los integrantes de la sociedad con igualdad de oportunidades para prosperar. Un factor clave es el respeto a los derechos de propiedad bien definidos. Los derechos de propiedad permiten usar bienes como garantía para acceder al crédito, lo que a su vez impulsa la inversión y una mayor productividad. Hernando de Soto, en El misterio del capital, sostiene que los costos (en tiempo y dinero) asociados al registro de la propiedad impiden que las personas más pobres puedan formalizar sus activos, lo que limita su capacidad de inversión y les cierra el paso a mejores oportunidades. Son rehenes permanentes de la extralegalidad, conviviendo con un acervo importante de “capital muerto”.

El objetivo capital de una política social efectiva no debe ser, ex ante, igualar resultados sino mejorar las condiciones de vida de las personas. En otras palabras: combatir la pobreza en forma estructural, no fabricar la dependencia. De otra forma, se pasa por alto trabajar en las condiciones que requiere la generación de riqueza y la política pública degenera en la mera administración de clientelas.

Otra dificultad adicional, sobre todo para familias de menores ingresos, es el panorama regulatorio. La microempresa genera más del 90% de las fuentes de empleo en el país. Sin embargo, para iniciar y mantener una actividad empresarial, los agentes deben enfrentar la pesadilla de la tramitología —y una serie de altos costos de transacción que inhiben oportunidades de crecimiento. El Índice de Burocracia 2025 del Adam Smith Center for Economic Freedom, calcula que los costos en tiempo para abrir un negocio en México ascienden a 675 horas en un año laboral. Y para mantener la actividad en pleno funcionamiento, 628 horas al año. Aún hay más: a estos obstáculos administrativos se deben sumar los costos de la extorsión regulatoria: la imposición de rentas extraoficiales por parte de actores públicos para obtener acceso a derechos, servicios, protección o trámites.

En la actualidad, el término de moda para estas cargas extraoficiales es “impulso administrativo.” Un “impulso” para aceitar trámites ante el IMSS, el SAT o la CFE. El SAT es la reina de la corona en la economía de la extorsión. Y todavía no añadimos los costos asociados con el derecho de piso y las extorsiones que imponen grupos de crimen organizado.

Una gran empresa cuenta con recursos para litigar, negociar o mitigar estos costos. La ausencia de un marco de leyes sencillas generales para nuestro mundo complicado genera, en este ambiente, una gran desigualdad de oportunidades. Signos Vitales ofrece un resumen contundente de esta fractura: el bajo crecimiento que estamos viviendo es consecuencia, en gran medida, del debilitamiento de contrapesos y de la captura del poder judicial. Y ello, a su vez, representa un retroceso para el entorno jurídico que permita mayor movilidad social.

El objetivo capital de una política social efectiva no debe ser, ex ante, igualar resultados sino mejorar las condiciones de vida de las personas. En otras palabras: combatir la pobreza en forma estructural, no fabricar la dependencia. De otra forma, se pasa por alto trabajar en las condiciones que requiere la generación de riqueza y la política pública degenera en la mera administración de clientelas.

La pobreza, además de atentar contra la dignidad humana, también es injusta y costosa. En el entorno actual, las personas de mayores ingresos logran enfrentar las adversidades en forma más eficiente; los que no tienen, literalmente, no pueden. Una escuela privada puede ignorar la chatarra ideológica de la Nueva Escuela Mexicana; una gran empresa puede contratar asesores o iniciar juicios que le permite reducir altos costos de transacción. Sin embargo, el falso romance que aboga por quitarle “al rico” para darle “al pobre” es equiparable al absurdo de que, para ser iguales a Messi, primero debemos amputarle a él las piernas.

La solución integral es de largo plazo y no pasa por una sola iniciativa. Ante todo, debe comenzar con un cambio de enfoque: dejar de ser una sociedad de concesiones y convertirnos en un país de derechos. Eso implica que la escuela enseñe con claridad, exigencia y contenido; que el Estado renuncie al control arbitrario sobre los ciudadanos y simplifique las reglas del juego; y que los derechos —de propiedad, de acceso a la educación, para emprender— no dependan de contactos, favores o pagos de privilegios. En pocas palabras: leyes parejas para todos, sin distinción, que reflejen fe en el ser humano; que le permitan trabajar y florecer. De otra forma, nunca dejaremos de ser un país donde el origen determina el destino.

 Roberto Salinas León. (Ph.D. en Filosofía y Teoría Política, Universidad de Purdue) es director de asuntos internacionales de la Universidad de la Libertad. Es presidente de Alamos Alliance, uno de los coloquios económicos más importantes en América Latina. Ha publicado en diversos medios como El Economista, Forbes, Nexos, The Wall Street Journal, Investor’s Business Daily, y varios otros. X: @rsalinasleon

Alejandro Ramírez (Lic. en Economía, UAM) es director de investigación en De Capital Importancia, donde trabaja en temas de riesgo político, burocracia y análisis de política pública en América Latina. X: @AleRmrzC

©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.

Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.

Posted: January 20, 2026 at 9:06 pm