¿Qué es el Texas Heartbeat Act?

El cuento “Conservas” de Samanta Schweblin de su libro Pájaros en la boca (2009), cuenta una historia llena de simbolismos y extrañeza sobre la terminación de un embarazo que ha llegado en el momento equivocado. Manuel, el esposo de la protagonista y el doctor Weisman la acompañan en cada una de las fases que tiene que pasar para lograrlo. El proceso no es fácil y requiere de la comprensión y ayuda de ellos y de otros miembros de la familia.

Como Schweblin, otras escritoras han dedicado sus páginas a hablar del aborto y de la red de apoyo que una mujer necesita cuando se enfrenta a esta difícil decisión. Tal es el caso de Tuya (2011) de Claudia Piñeiro, que cuenta la tan conocida historia de la novia adolescente abandonada por el novio “con su problema”; o Elena sabe (2007) también de la escritora argentina, en la que una joven se siente señalada por aceptar que no quiere ser madre y que prefiere abortar; Catedrales (2020), la historia del horror al que llega la intolerancia; o en la terrible experiencia a la que se enfrenta una joven en La hora de la decisión (2007) de Ethel Krauze; o la historia de la joven víctima y embarazada por un incesto en Temporada de huracanes (2017) de Fernanda Melchor. Estos libros, y muchos más, nos ofrecen una ventana a los otros matices y razones detrás de una decisión que es, la mayoría de las veces, tomada en solitario y con miedo y vergüenza. Quienes acompañan a las niñas, jóvenes o mujeres en este proceso, son fundamentales para que ellas salgan adelante, continúen con sus vidas y se reintegren a la sociedad de una manera sana sin prolongar aún más las consecuencias del trauma que ya han vivido. Atentar contra esa red es cerrar sus posibilidades y sembrar aún más el miedo y la división entre familias y comunidades. Darle las armas legales a los ciudadanos para volverse carceleros de quienes ayudan a la mujeres en este proceso, es volver a la sociedad contra sí misma.

La promulgación de la Texas Heartbeat Act, o Senate Bill 8 (SB 8) por parte de la legislatura texana, con efecto a partir del 1 de septiembre y ratificada por el gobernador Greg Abbott, marca un momento crucial en la conversación contra el derecho de las mujeres a elegir y de las personas que las apoyan y ayudan. Estructurada principalmente por Jonathan Mitchell — quien fuera Sub-procurador General de Texas— y pensada a lo largo de 7 años, es considerada la ley más severa y mejor blindada que se ha visto en la historia judicial de los Estados Unidos en el tema, y forma parte de una larga historia texana, y de otros estados, de penalizar y prohibir el aborto. Su mérito es el impacto en la libertad de las mujeres, en su derecho a la privacidad y a la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos. La ley fractura directamente la red que las apoya, dañando no solo a las personas, sino su patrimonio y su integridad financiera.

Meticulosamente escrita, no busca demandar a la persona que se somete al procedimiento, sino a quien lo haga después de cierto momento en la gestación (6 semanas), quien la haya ayudado y quien haya financiado el procedimiento. Obliga a limitar el periodo permitido para practicar un aborto al momento que haya un latido del corazón; amplía y complica los requisitos que las clínicas y médicos tienen que cumplir; da derecho a un ciudadano a demandar a otro y a recibir, en caso de ganar la demanda, un mínimo de $10,000 USD para pagar los gastos en los que incurrió al hacer la demanda; e impide que un funcionario de gobierno, de la corte o el Estado sea quien haga cumplir la ley. Con esto, la SB 8. crea una estructura judicial que podría ser replicada en Texas y otros estados del país, para coartar los derechos constitucionales de las mujeres que necesiten un aborto y el de otras personas que podrían ser demandadas por extraños que no han sufrido daños con el procedimiento, pero que se sienten agredidos. La ley crea un régimen en el que todos los ciudadanos son policías de los demás, que nos hace pensar en por ejemplo lo que sucede en los estados comunistas.

Históricamente, en los Estados Unidos, legislar sobre el cuerpo de las mujeres y su derecho a elegir ha sido el objetivo de una creciente derecha ultra-conservadora. Debido a su influencia económica en la política por los grandes capitales que controla, este objetivo ha sido cada vez más exitoso. Es también el reflejo de una mirada parcial y sesgada frente a una realidad que no puede minimizarse o ignorarse. De acuerdo a los datos de la Nation Abortion Federation, se calcula que 1 de cada 4 mujeres, de todas las razas y clases, ha tenido un aborto antes de los 45 años de edad; que casi la mitad de los embarazos no son planeados; que anualmente 1.3 millones de estos, son interrumpidos dentro de las primeras 8 semanas de gestación; que un 83% de las mujeres que se someten al procedimiento son solteras; que 13,000 niñas, jóvenes y mujeres quedan embarazadas cada año por una violación o incesto; que 70% de ellas pertenecen a alguna religión y que el 43% ha dicho que van frecuentemente a la Iglesia.

Ante estos datos, las legislaturas estatales conservadoras han asumido un papel de protectores de la vida de los seres que no han nacido, desprotegiendo a las niñas, jóvenes y mujeres que se enfrentan a esta complicada situación. También lo es, como dice Linda Greenhouse en “God Has No Place in Supreme Court Opinions” (The New York Times), la “entrada de Dios a la Cámara de diputados y el Senado”, donde el argumento para estas decisiones es que “el Estado tiene la obligación de cuidar el mandato divino,” como lo dijo el Gobernador Abbott en mayo, con la ratificación de la Ley. Es también el argumento utilizado en otras demandas recientes como las de Alabama (2019), Arkansas (2021), y en el mes de diciembre la de Mississippi.

Esto no ha tomado por sorpresa a los grupos pro aborto, porque es una lucha constante a la que se enfrentan día a día. Lo que sí sorprendió, y lo que pocos vieron venir, fue la manera cómo se redactó esta Ley para hacer imposible detenerla a nivel federal y para que sea escuchada en la Suprema Corte de Justicia. Esto, para muchos, es visto como una afrenta a la supremacía de la ley federal. La SB. 8, a diferencia de Roe v. Wade (1974), Doe v. Bolton (1974) y Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania vs. Robert P. Casey (1992), todas ellas jurisprudencias que fueron dirimidas en la Suprema Corte, es una ley aprobada dentro del derecho e independencia que tienen los estados. Las otras, en cambio, fueron demandas a resolver.

En Roe, por ejemplo, su fallo se basó en la 14th enmienda que da el recurso legal para proteger por igual a mujeres y hombres en sus derechos como ciudadanos y que se ha aplicado para proteger a los individuos contra la esclavitud, la segregación racial, o el derecho al matrimonio gay, así como al derecho a la libertad, la vida, la privacidad y la propiedad, sin un procedimiento justo (Due Process Clause). Con Doe se modifica la ley de Georgia que originalmente permitía el aborto por caso de violación, deformación del feto o peligro para la madre, pero requería que un comité de 3 médicos y 3 especialistas firmaran de aprobación antes de que se realizara el aborto. En Casey se permitió a los estados implementar restricciones durante el primer trimestre, pero invalidó la decisión de que la mujer esté forzada a tener el consentimiento del esposo, en caso de estar casada, pero si dejó la restricción de que un tutor tenga que aprobar si se trata de una menor de edad.

En el caso del Texas Heartbeat Act —misma que puede entenderse paso a paso en el análisis que hace Maggie Astor en The New York Times en español, o que se puede leer en su totalidad en la página del Congreso— muchos son los aspectos que la complican y que deberán defenderse. Tal es el caso del subcapítulo “H” que marca la existencia del latido del corazón como el momento límite en el que se permite la interrupción de un embarazo. Dicho momento ocurre generalmente a las 6 semanas de gestación, cuando difícilmente la mujer sabe que está embarazada. Lo es también el total silencio en la ley con relación a los casos de incesto o violación, una de las luchas que más se han peleado en numerosas demandas. Insiste en el uso del término unborn child, “niño no nacido” para llamar al feto, reforzando la estrategia tradicionalmente utilizada para desvirtuar la conversación sobre a quien debe protegerse. Recordemos que en Roe v. Wade usar los términos apropiados fue fundamental en el fallo —mayoritariamente escrito por el Juez Harry Blackmun— para dejar claro que la Constitución de los Estados Unidos en ningún momento dice que el término “persona” y “feto” puedan ser intercambiables.

Pero regresemos a Schweblin y la escena en la que la protagonista y Manuel convocan a sus padres y les piden que los ayuden. Estos les dicen que el asunto está decidido, el tratamiento en marcha, y no hay nada que discutir. La protagonista narra “Cuando papá va a preguntar algo Manuel lo interrumpe: —Tienen que hacer lo que les pedimos. Entiendo lo que sienten: nos tomamos esto en serio y esperamos lo mismo de los demás.” La solidaridad que se muestra en esta escena es un buen ejemplo para hablar de un aspecto neurálgico que la Ley SB 8 daña: la red de apoyo que la mujer necesita para salir adelante. La sección 171.208, renglones (b) (8-20) ataca directamente esta red, al permitir que las demandas sean entre ciudadanos y no por funcionarios públicos, empleados del Estado o del gobierno local de Texas. Esto significa que aquellos que se sientan ofendidos o, como lo dijo Texas Procurador General Judd Stone en la audiencia con la Corte este 1º. de noviembre, los que sientan “extrema indignación que puede causar daño psicológico,” tienen derecho a demandar civilmente a las personas que hagan o induzcan un aborto después del momento del hearthbeat, así como a los que sepan que el procedimiento se hará o se hizo, o a los que ayuden en él, o a los que paguen por él por reembolso, por seguro médico o por otros medios.

Esto, prácticamente, paraliza y deja en indefensión a una gran red de personas que van desde trabajadores de la salud y médicos en las aproximadamente 20 clínicas en el estado, sin mencionar a los familiares y amigos que saben de la intención de la mujer de abortar, y que a partir de esto quedan en una total posición de vulnerabilidad ante una posible demanda que están imposibilitados de financiar y solventar. Se acaba de crear así un sistema de vigilancia ciudadana tan surrealista que nos hace pensar en que estamos viviendo un episodio de The Hand Maid’s Tale. El efecto inmediato de este debate, además, es que a las mujeres que buscan abortar, se les suma la responsabilidad de no querer poner en problema a la gente que puede ser su apoyo. Estas mujeres están más solas que nunca.

Es un hecho que la ley en los Estados Unidos no impide que ciudadanos hagan valer su derecho de demandar a alguien que haga algo en contra del bienestar común, como en el caso de las leyes para proteger al medio ambiente, pero quienes demandan no reciben dinero de los demandados, a menos que hayan sido afectados directamente y eso suele ser muy difícil de probar. También la ley protege a las víctimas de una demanda “frívola,” y en ese caso quien la inicia es quien paga los gastos y honorarios de los abogados. En el SB 8. el médico, familiar, amigo, empleado demandado por ayudar o proteger a una mujer que desea o tiene que abortar, tiene que pagar por defenderse.

El secreto de todo radica en la persona a la que la Ley le da el poder para que esta se implemente (to enforce it), y que la demanda quede a nivel civil y no penal. Esto hace que los proveedores de aborto se enfrenten a una defensa más difícil al momento de demostrar que la ley es anticonstitucional. Esto ha prendido una alerta roja y ha llamado la atención de muchos a nivel nacional —sea cual sea su posición sobre el aborto— pues es, como lo ha dicho la Juez Elena Kagan, si esta Ley sobrevive se habrá abierto la puerta a que ahora “cualquier estado pueda nulificar cualquier derecho constitucional”. Es decir, lo que se acaba de discutir este 1º de noviembre es fundamental para la supervivencia del estado de derecho como lo conocemos en los Estados Unidos.

Ahora lo que los jueces a nivel federal tienen que revisar —hayan sido nombrados por una administración conservadora o liberal— es la falla (loophole) que la Ley acaba de mostrar en el sistema. Su dictamen sobre ésta será crucial en la relación entre los estados y el gobierno central, no solo en lo que respecta a la libertad de fijar los tiempos legales del aborto, sino especialmente, en la anticonstitucional de la Ley para permitir demandas entre ciudadanos y su penalización, cualquiera que sea el problema a demandar, como los jueces Brett M. Kavanaugh y Amy Coney Barrett lo hicieron notar.

El caso ha llegado al fin a Washington, pero como ha dicho la juez Sonia Sotomayor —gran opositora de la SB 8.—, “por segunda vez el Tribunal tiene la oportunidad de frenar esto y hacer una completa revisión y de nuevo se niegan a actuar de inmediato para proteger a las mujeres de un grave e irreparable daño”. De inmediato es la palabra clave, pues cuando se trata de la interrupción de un embarazo no deseado o que no puede continuar, el tiempo juega un papel muy importante, aunque muchas mujeres tengan los recursos para ir a estados vecinos para conseguir la ayuda que requieren, muchas otras no correrán con esa suerte, y muchos embarazos no deseados seguirán su curso en estos meses de vacío legal, obligando así a una infinidad de jóvenes mujeres a una maternidad no deseada.

Lo que suceda en la corte después de la apertura de ella este 1º. de noviembre abre la posibilidad a que esto se frene temporalmente mientras se revisa la anticonstitucionalidad de la Ley. Esto, sin lugar a duda, alcanzará otro fatídico plazo el del 1º de diciembre, cuando la corte revisará la demanda de Mississippi que busca prohibir el aborto después de las 15 semanas, y con esto el movimiento y los grupos pro choice tendrá que enfrentarse a un nuevo reto para defender los logros de Roe v. Wage y el derecho de las mujeres a elegir. El Juez Blackmun en 1974 fue el campeón de los derechos de las mujeres. ¿Quién lo será en esta ocasión para bloquear una Ley que no solo deja indefensas a las mujeres y a quienes las ayudan, sino que nos deja indefensos a todos nosotros?

La protagonista del cuento de Samanta Schweblin recostada sobre la cama se enfrenta al momento en que todo va a pasar, tiene miedo. Manuel entra a la habitación y corre hasta ella para abrazarla. El Dr. Weisman les ha dado lo que necesitan para que todo salga bien. No todas las mujeres tienen su suerte.

Pacheco, PhD. es investigadora y es escritora. Fundadora del Proyecto Escritoras Mexicanas Contemporáneas y  la fundadora y conductora de la página web y podcast Hablemos, Escritoras. Es miembro del International Board of Advisors en la Universidad de Texas, Austin.  Su Twiter es @adrianaXIX_XXI

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Posted: November 3, 2021 at 6:55 pm