Tanto trabajar… para poder trabajar

Un controvertido editorial del semanario The Economist plantea una interrogante incómoda: ¿a qué se debe la baja productividad de los trabajadores en América Latina? Una explicación es la falta de educación, otra más es la ausencia de suficiente inversión productiva; la eterna corrupción es una tercera.

 “Para trabajar, hay que trabajar.” Este simpático truismo encarna el drama que enfrentan los ciudadanos mexicanos cuando aspiran a hacer, emprender, y tratar de salir adelante, dentro del tortuoso laberinto regulatorio que norma la actividad económica de nuestra sociedad. Es un drama que no discrimina entre micro, mediano o grande: el anhelo de prosperar, de vivir mejor, representa un acto con altos costos de transacción, y de oportunidad, ante un entorno institucional que no permite salir adelante—donde la extorsión regulatoria, los sobornos y las mochilas (o, vaya, “costos de entendimiento”), y la complejísima ecología de regulaciones, procesos y permisos, son trámite nuestro de cada día.

Este fenómeno se manifiesta en toda la región latinoamericana. Un controvertido editorial del semanario The Economist plantea una interrogante incómoda: ¿a qué se debe la baja productividad de los trabajadores en América Latina? Una explicación es la falta de educación, otra más es la ausencia de suficiente inversión productiva; la eterna corrupción es una tercera. Y, por supuesto, la dependencia en el sector informal, o la “shadow economy”—que, por cierto, tiene muy poco de “shadow,” al estar a la plena vista de todos.

Algunos críticos con pieles ideológicas sensibles mostraron ofensa “woke” a la caracterización de trabajadores latinoamericanos como “strikingly unproductive”—hecho que no deja de ser cierto. Los datos del INEGI (aquí no podemos hablar de “otros datos”) refleja un deterioro estructural en la caída de la productividad laboral de hasta más de 10% en la última década, y su consecuente impacto en la competitividad de la economía como un régimen capaz de atraer, y retener, nueva inversión productiva. Ello, a su vez, genera un círculo vicioso, al no contar con las capacidades suficientes para generas nuevos empleos productivos.

La gran pregunta es ¿por qué?

El análisis de The Economist, como varios otros, se queda corto, y además confunde causas con consecuencias. La ausencia de suficiente inversión productiva (incluyendo capitales físico y humano), la corrupción rampante, y ciertamente la extensión de la economía informal, son producto, en su gran mayoría, de un orden jurídico carente de confianza y claridad, víctima de lo que Luis de la Calle llama “la economía de la extorsión”—un mercado de rentas que utilizan la extorsión regulatoria como arma letal para salir adelante. Hace casi dos décadas, Everardo Elizondo compartió una magnifica reflexión al respecto: la causa principal del bajo crecimiento de la economía mexicana “es una estructura institucional inadecuada, que impone altos costos de transacción a los agentes económicos y les impide realizar en plenitud su potencial productivo.”

Este dilema sí debería ser fuente de legítima ofensa, ante el reconocimiento de una realidad independiente sobre la baja productividad laboral en México y América Latina. En particular, el sector de microempresas, el cual genera la gran parte de empleos en las economías de la región, son víctimas constantes de “una estructura institucional inadecuada” que precluye alcanzar mayor oportunidad de crecimiento. Parecería que un microempresario, para aspirar hacia un mejor futuro, primero debe contar con un doctorado en planeación estrategia, para poder navegar la complejísima red regulatoria que impone la expansión de la burocracia administrativa. Desde el norte de México hasta la Patagonia, los ciudadanos que buscan mejorar su nivel de vida deben primero confrontar y “ponerse de acuerdo” con la tramitología.

Estas son, entre otras, las conclusiones de un importante estudio multi-institucional intitulado el Índice de Burocracia en América Latina, publicado por el Centro Latinoamericano de Atlas Network y el Adam Smith Center de Florida International University. Este análisis confirma, con amplia gama de datos empíricos, el número de horas que una empresa pequeña dedica para cumplir con toda la carga administrativa que impone la burocracia vigente. En una muestra de once países (que representan un 90% de la región latinoamericana), el estudio encuentra que, en promedio, las microempresas dedican 548 horas laborales al año para cumplir con trámites burocráticos. En algunos casos realmente trágicos (Venezuela y Argentina) el promedio asciende hasta casi 1,000 horas por año para cumplir con la carga tramitológica. La OCDE calcula que la jornada laboral anual oscila entre 1,300 y 2,200 horas, lo que significa que la carga burocrático-administrativa representa, en esta muestra de países, entre un 25% y hasta más de 40% del tiempo laboral anual de un trabajador. La gran mayoría de pequeñas empresas inician con una o dos personas dedicadas a su actividad, lo cual refleja el alto costo de oportunidad que la existencia de estos trámites representa. Una conclusión del estudio es que, en la medida en que son más numerosos y complejos los trámites, las empresas se ven obligadas a recurrir a especialistas en la materia—gestores que conocen las mañas, dimes y diretes de cómo navegar el turbulento océano de la burocracia reinante.

…para encarar los desafíos de la corrupción, la baja inversión o la economía informal, primero requiere pensar en “estructuras institucionales” adecuadas, un marco de leyes sencillas para nuestro mundo complicado.

Aquellos que no cuentan con esta oportunidad, recurren a las vías extra-legales—la economía informal, así como las redes de sobornos requeridos, como impuesto extra-legal, para poder amanecer el día siguiente. Aquí sí vemos una razón creíble de cómo las reglas del juego “impiden realizar el potencial productivo” del ciudadano de pie; así como una explicación de por qué los trabajadores latinoamericanos tienden a ser “strikingly unproductive.” Vaya, ni un genio equipado con el talento empresarial de Elon Musk, el intelecto de Saul Kripke, o la versatilidad en el medio de microempresa equivalente a Lionel Messi, podría sobrevivir la carga de reglas, reglamentos, procesos, trámites, “venga mañana,” y otros fenómenos de tortura administrativa, sin considerar que el costo de oportunidad de ingresar al “shadow economy” o de calcular los “costos de entendimiento” del moche correspondiente, son menores al costo de enfrentar al Leviathán burocrático.

En México, una microempresa dedica 543 horas por año, y 506 hora por año ponderado por sector, para cumplir todos con los trámites burocráticos. En el caso de trámites sectoriales, se observan áreas de oportunidad para el sector primario, donde se dedican más de 150 horas adicionales (620 horas/año) que en los sectores secundario (467 horas/año) o terciario (541 horas/año). Vivir con la tramitología se ha convertido en un acto de heroísmo. Son incontables los proyectos, en desarrollo inmobiliario, en venta de bienes o servicios, que llegan con aspiración de generar valor agregado, traer capitales, conocimiento, oportunidades de desarrollo, generación de empleos, es decir, todo lo que contribuye a crecer y mejorar el nivel de vida; y que tarde o temprano se ven secuestrados por el fenómeno de la extorsión regulatoria. Este proceso es similar a la negociación de un secuestro de un familiar: un estira y afloja fulminante.​​ Ello también conlleva un altísimo costo de oportunidad, ya que los pequeños empresarios se ven obligados a dedicar gran parte de la jornada laboral en lidiar con los riesgos derivados de la falta de un sistema de derecho facilitador. Sólo quedan breves minutos al día para pensar en cómo mejorar un canal de distribución, en reorientar ventas, o en una forma más eficiente de comercializar los bienes que se pretenden colocar en el mercado. Siempre, al final del día laboral, se requiere más tiempo—y más dinero también.

​El gran Ricardo Median Macías (QEPD) nos recordaba hace varios años que los gobiernos gastan miles de millones de dinero (además, ajeno), y semejante cantidad en horas, haciendo cosas inútiles e irrelevantes—cosas que obstaculizan a todos los que quieren trabajar. Medina se dio la tarea de contabilizar hasta 146 verbos que reflejan la intolerable expansión del ser burocrático, de lo que otros llaman el “Bossy State,” entre ellos: administra, asiste, atiende, audita, canaliza, capta, concentra, controla, coordina, diseña, distribuye, elabora, entrega, fabrica, favorece, fomenta, genera, imparte, maneja, mide, ordena, otorga, preserva, presta, procura, promueve, realiza, recauda, recibe, registra, regula, restaura, supervisa… y un larguísimo etcétera. En este “desorden mental” de arqueología burocrática no aparecen, por cierto, “garantizar” cumplimiento de contratos o “defender” derechos de propiedad. Este es un fenómeno que atenta contra la dignidad de seres humanos que simplemente buscan salir adelante—y que luego se vuelven objeto de caracterizaciones pomposas, como agentes “strikingly unproductive.”​

Así visto, para encarar los desafíos de la corrupción, la baja inversión o la economía informal, primero requiere pensar en “estructuras institucionales” adecuadas, un marco de leyes sencillas para nuestro mundo complicado. Los resultados del Índice de Burocracia en América Latina demuestran la imperiosa necesidad de replantear la forma en la cual debe funcionar la burocracia administrativa, y con ello lograr espacios necesarios para mayor innovación, productividad y generación de riqueza. En palabras de Montesquieu, “leyes innecesarias debilitan leyes necesarias”. Es esencial que, de cara al futuro, tanto la corcholata preferida como la oposición, tome como misión identificar los cambios que nuestro país requiere para eliminar obstáculos al comercio, la innovación y la productividad laboral.

¿Sería mucho solicitar, muy atentamente, que para trabajar, primero nos dejen trabajar?

© Imagen: Bruno Covas, Burocracia, Flickr

Roberto Salinas León (Ph.D. en Filosofía y Teoría Política, Universidad de Purdue) es director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Atlas Network y presidente de Alamos Alliance, uno de los coloquios económicos más importantesen América Latina. Ha publicado en medios como El Economista, Forbes, Nexos, The Wall Street Journal, Investor’s Business Daily, y varios otros. Twitter: @rsalinasleon

Posted: July 23, 2023 at 7:00 am